Ejército: Contraloría detectó pago de US$ 12 millones sin respaldo a proveedores

Esta semana, la Fiscalía Centro Norte cerró uno de los capítulos en la investigación de fraude en el Ejército, donde se indaga el desvío de fondos de la entidad castrense a través de la Ley Reservada del Cobre por cerca de $ 5.700 millones: cuatro ex proveedores de la institución fueron condenados por el mal uso de estos montos. Las pesquisas parecían terminarse. Sin embargo, una nueva causa comenzó su trámite a partir de un informe evacuado por la Contraloría.

El 30 de diciembre de 2016, el ente fiscalizador terminó el informe de auditoría en el Ejército sobre los gastos ejecutados en proyectos financiados con recursos de la Ley Reservada del Cobre. Dicho análisis encapsuló el periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y arrojó una serie de observaciones sobre la forma en que la institución uniformada realizaba negocios con sus proveedores.

La auditoría fue despachada por la Contraloría al Ministerio Público a comienzos de este año, en el marco de la investigación del fraude en el Ejército, para que se indagara la eventual existencia de delitos en las observaciones hechas por la entidad. Pero debido a la complejidad de los antecedentes, la Fiscalía Centro Norte decidió abrir una nueva causa para pesquisar la existencia de eventuales ilícitos, la que recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Entre las conclusiones realizadas por el organismo hay un análisis crítico de los niveles de control interno de la institución (ver nota en página 4) y se advierte sobre "facturas pagadas sin la documentación de respaldo" por cerca de US$ 12 millones.

Según el informe, "se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., FAMAE, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH, y Servicios de Abastecimiento y Mantención -esta última correspondiente a una empresa ubicada en la Zona Franca y utilizada por la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A.-, por un total de US$ 12.762.427, careciendo de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado".

En el caso de Peña Spoerer y Cía. S.A., la Contraloría observó la "adquisición de estanques flexibles por un monto de US$ 2.600.000, careciendo el expediente de rendición del certificado de recepción cuantitativa y cualitativa". La institución, según da cuenta el organismo fiscalizador, hizo llegar copia de la factura, pero la entidad contralora indicó que "se carece de la concurrencia del personal del Regimiento Logístico Nº 2, Arsenales de Guerra, tal como se exigiera en el contrato respectivo; corresponde mantener lo observado".

Consultada la firma emplazada, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Respecto de FAMAE, se pagaron facturas correspondientes a la adquisición de municiones por US$ 1.169.726, y visores nocturnos por US$ 3.751.163, y "sin perjuicio de que el servicio (Ejército) adjunta los antecedentes relativos a las recepciones de los visores comprados, así como los distintos informes emitidos por el IDIC, la observación debe mantenerse toda vez que estos documentos no se encontraban dentro del expediente de rendición de cuentas, y, por consiguiente, no se tuvieron a la vista al momento del pago".

En el caso de los proveedores Vectronix AG (firma con domicilio en Estados Unidos) y Thales Electronic Systems GMBH (con domicilio en Alemania), también se cuestiona el pago sin el respaldo requerido para este tipo de operaciones. El Ejército entregó, a ambas firmas, más de US$ 2.700.000. Esas sociedades fueron consultadas a través de correo electrónico y hasta el cierre de esta edición no se había logrado una respuesta.

El otro de los pagos detectados sin respaldo corresponde, de acuerdo con el informe de Contraloría, a Servicios de Abastecimiento, usado por la sociedad Comercializadora Exportadora e Importadora CYM S.A., por la compra de contenedores "por un monto de US$ 1.457.253, 32". Y, según se consigna en la auditoría, "no contaba con el certificado de recepción definitiva emitido por el Ejército".

Consultado Samuel Donoso, abogado del propietario de CYM S.A., Virgilio Cartoni, dijo que dichos antecedentes están contenidos en una querella que presentó otro proveedor del Ejército, y que también es investigada por la Fiscalía Centro Norte. "Dicho contrato está siendo investigado por la fiscal Ximena Chong por una querella interpuesta por un competidor que ha pretendido, a través de distintas acciones judiciales y administrativas, entorpecer la operación de CYM".

El abogado, quien fue el único de los consultados que contestó, dijo que "a la fecha hemos prestado toda nuestra colaboración en dicha investigación, y no existe ninguna irregularidad, ya que todos los productos licitados se entregaron al Ejército, quien no ha formulado reclamo alguno, ni por calidad ni cantidad".

Sobre los pagos a los proveedores mencionados, la Contraloría advirtió que "finalmente, y sin perjuicio de que el Ejército en esta ocasión adjunte la documentación que fue requerida para autorizar los pagos de los compromisos adquiridos, y que no estuvo adjunta en el expediente de rendición de cuentas, lo objetado da cuenta de la falta de control y rigurosidad al momento de que esa entidad solicita autorizar el pago a los proveedores, sin que se acompañen los antecedentes solicitados en las cláusulas contractuales".

En las conclusiones de la Contraloría se sostuvo que la institución "deberá en lo sucesivo acompañar a sus rendiciones la totalidad de los antecedentes que den cuenta de las compras y recepción de las adquisiciones que acrediten los desembolsos".

Sobre esto, el Ejército dijo a La Tercera que "las observaciones establecidas por la Contraloría son hechos acontecidos el año 2014 y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente contralor".

La fiscal Chong, además de los pagos cuestionados, indaga el resto de las observaciones para detectar la eventual existencia de delitos.

La auditoría también "detectó que la institución pagó 21 facturas no autorizadas" por el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se está indagando lo que dice relación con la entrega de fondos anticipados a cuatro empresas proveedoras de pertrechos "no contempladas en las bases de licitación, por 8 radares de vigilancia terrestre, 6 sistemas de avión no tripulado y 49 contenedores", por un total de US$ 8.389.050.

Sobre ambos puntos la institución militar respondió que "estas situaciones fueron aclaradas y solucionadas ante el ente contralor, habiendo el Ejército subsanado y mejorado los procesos administrativos de adquisición y pago de bienes y servicios". En la causa ya se han decretado algunas diligencias que, según fuentes del caso, la fiscalía ya solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Además, se han pedido antecedentes a Aduanas y al mismo ente contralor, a través de los funcionarios que hicieron la auditoría.

Según informó el Ejército a La Tercera, "actualmente se encuentran en proceso dos investigaciones sumarias administrativas por parte de la institución, para determinar responsabilidades en cuanto a las fallas en los procesos de control de adquisiciones y pago de bienes y servicios".