El difícil camino de la inclusión

Hace dos años a Patricia la llamó la sicóloga del colegio de su hijo. "Quería que lo llevara a un neurólogo porque si no, lo expulsarían por mala conducta", cuenta. La visita terminó en un diagnóstico de hiperactividad con déficit atencional y prescripción de Risperidona. Semanas después Patricia supo que había más casos de alumnos medicados en el curso. Pero algunas alteraciones en un examen de orina mostraron que podría estar teniendo fallas renales, uno de los efectos secundarios del medicamento, por lo que se lo suspendieron. Pese a eso, según la madre, el niño ha logrado avanzar bien en sus actividades escolares por lo que ella cree que la prescripción era innecesaria.

En los últimos años los organismos de educación han recibido más padres que se quejan de irregularidades en los diagnósticos de sus hijos. Muchas tienen en común el decreto 170 de Necesidades Educativas Especiales (NEE), que desde 2009 administra la subvención que el Estado entrega a establecimientos por los Programas de Integración Escolar (PIE).

Este decreto, que apunta a integrar en los colegios a los niños con discapacidad visual, deficiencia mental severa, déficit atencional, trastorno del espectro autista o problemas de aprendizaje, también podría estar fomentando el sobre diagnóstico, sobre todo de déficit atencional. Detrás de eso estaría la subvención de hasta 170 mil pesos por alumno que reciben las escuelas por cada estudiante diagnosticado. "En Chile las escuelas fueron pensadas como pequeñas unidades de negocio. Y sí yo soy un emprendedor, lo que hago es conseguir recursos, y estos niños lo son", dice Mónica Peña, sicóloga de la Universidad Diego Portales, quien en una investigación analizó los efectos del decreto que entre 2009 y abril de este año ha entregado más de $ 527 mil millones en subvenciones, según datos entregados por Ley de Transparencia a Tendencias.

La educación especial partió en Chile el 27 de octubre de 1852 con la fundación de la primera escuela de sordomudos en Santiago, pero la masificación de las escuelas especiales para niños con problemas de aprendizaje severos llega casi un siglo más tarde, en los 60. En 1980 se establece una subvención para fomentar la creación de escuelas especiales. A inicios de los noventa empieza a cambiar la mirada: la reforma educacional apunta a integrar a los alumnos con capacidades distintas en colegios regulares. Dado que esos estudiantes requieren más cuidados, les asigna una subvención por cada uno de ellos.

Una década más tarde, Magdalena Ávalos, dirigente de la Asociación de Padres y Amigos de Autistas (Aspaut), le pide al Mineduc que aumente esos montos para los casos de estudiantes del espectro autista, que recibían la misma subvención que los con problemas menos complejos, como los de lenguaje. Lo mismo pasaba con alumnos sordos, ciegos o con discapacidad mental. La demanda es acogida y se empieza a buscar un mecanismo para diferenciar los diagnósticos y aumentar la ayuda para los que requieren más atención.

En la mitad de la discusión aparece un actor inesperado: las familias de niños con déficit atencional, quienes llevaron a un alumno de Enseñanza Media a la Cámara. "Él les contó que lo habían echado de como 20 colegios y que había sido estigmatizado durante toda su trayectoria escolar", dice Paulina Godoy, coordinadora nacional de Educación Especial entre 2006 y 2010 y que estuvo presente en la sesión. La exposición se sumó a denuncias recibidas en el ministerio sobre niños con problemas de conducta que no eran recibidos por los establecimientos regulares y terminaban en escuelas especiales. Había que lograr que volvieran a ser acogidos en los colegios.

El resultado del cóctel de demandas fue la Ley 20.201, de 2007, que divide en dos la subvención para educación especial diferencial: Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP), que incluye deficiencias visuales, auditivas o del espectro autista; y Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET), como el déficit atencional. La reforma cumplía con todos los objetivos: aumentaba la subvención en los diagnósticos más complicados y ponía un incentivo para que los alumnos con déficit atencional fueran acogidos en las escuelas regulares.

Para normar los diagnósticos y entregar las subvenciones nació en 2009 el decreto 170, cuya puesta en marcha coincidió con el cambio de gobierno. "Me fui del Mineduc porque no pude realizar ninguna de las medidas que teníamos planteadas para hacer una implementación gradual y eficiente", dice Godoy. Según Isabel Zúñiga, presidenta de Fundación Mis Talentos, la ejecución no fue debidamente supervisada. "Los fiscalizadores todavía no saben qué es lo que tienen que fiscalizar. No tienen protocolos claros". Para Albana Paganini, sicóloga de la Universidad Diego Portales, esta falta de control hace que recursos que deberían ser ocupados en personal especializado, capacitaciones, materiales y evaluaciones se destinen sólo a contratar profesionales y el esquema quede incompleto. "Entonces lo único que hacen los sicólogos es diagnosticar y diagnosticar porque también tienen que justificar su función", afirma la sicóloga.

Paulina Godoy explica que para evitar que esto ocurriera, desde el comienzo el programa estableció que puede haber un máximo de alumnos por sala con necesidades especiales (cinco niños con necesidades educativas transitorias y de dos con permanentes). Pero Verónica López, sicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, cuenta que hay establecimientos que "sacan el promedio por la cantidad de alumnos de todo el colegio, y cambian a los niños de curso. Tienen a uno matriculado en un curso y realmente participa de otro".

Las fiscalizaciones hechas este año por la Superintendencia de Educación han detectado 235 casos de evaluaciones ejecutadas por especialistas no idóneos (por ejemplo, un sicólogo en vez de un neurólogo). Acá es donde algunos especialistas dicen que surgen los profesionales 'temporeros': siquiatras, neurólogos o sicólogos que visitan los establecimientos aparentemente sólo para que alumnos puedan ser postulados al decreto y la subvención. Un médico que prefiere no identificarse dice que en Los Ángeles hay siquiatras que cobran 10 mil pesos sólo por firmar diagnósticos sin hacer ningún control a los escolares. Otras veces se fuerzan evaluaciones para que los niños no queden fuera del sistema: "En una escuela teníamos una niña que era más retraída socialmente y nos dijeron que había que diagnosticarla como Asperger para que entrara en el decreto, si no no podían hacerse cargo de ella", explica otro sicólogo clínico.

Una investigación elaborada por Verónica López monitoreó establecimientos acogidos a este programa y concluyó que "es muy difícil dar cuenta del sobrediagnóstico porque no hay datos suficientes y probablemente no los hay con una intención de fondo". Gonzalo Muñoz, jefe de la división de educación general del Mineduc, dice que han detectado este problema y que en alianza con la Superintendencia van a potenciar los controles para evitarlo. Para él, la responsabilidad recae en las autoridades del período de Sebastián Piñera: "Desgraciadamente, el gobierno anterior suspendió estas revisiones, a pesar de que el Congreso había aprobado recursos específicos para esta labor".

Los gemelos Thomas y Nicolás estudiaban en la escuela regular Thomas Alva Edison de Renca, con una subvención PIE por dificultades para el aprendizaje. Su madre, Karina Vilches, recuerda cuando fue a dejarlos a clases y se dio cuenta de que todos los niños iban disfrazados menos los suyos: se estaban preparando para el acto del Día de la Madre. Por eso fue a hablar con la profesora. "Sabe, pensándolo bien, yo preferiría que sus hijos no participen porque me van a desorganizar el baile"', dice que le contestó la docente. Al año, después de un par de incidentes más de este tipo, los retiró del establecimiento. Hoy estudian en una escuela especial.

De otros casos de este tipo dio cuenta un estudio encargado por el Mineduc a la Fundación Chile en 2011 para evaluar la puesta en marcha del decreto. De acuerdo con la investigación, pese a que la mayoría de las escuelas con PIE siguen los protocolos de esta política, en la práctica no conseguían integrar pedagógicamente a los alumnos especiales. "Si bien los profesores hacen el trabajo en aula, lo hacen con una lógica que no es inclusiva: dictan la clase para la mayoría de los alumnos y el profesor diferencial atiende a los que tienen necesidades educativas especiales en vez de tener un modelo de codociencia", explica Javiera Marfán, jefa de proyectos del área de estudios del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.

La prueba Simce podría estar siendo un obstáculo en ese sentido. "Los docentes se ven exigidos de conseguir buenos puntajes porque así se ordenan las escuelas y tiene consecuencias en su autonomía. Pero tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué hacen? Segmentan: el profesor se encarga de los estudiantes 'normales' y los profesores diferenciales de los PIE", explica Marfán.

Frente a esto, Gonzalo Muñoz dice que las orientaciones que entrega Mineduc a los colegios apuntan a la co-enseñanza con equipos de aula integrados por el profesor de curso y los especialistas de apoyo. "Si algún establecimiento basa su intervención sólo en el apoyo fuera del aula regular es porque está distorsionando el espíritu del enfoque inclusivo del PIE", explica el jefe de la división de educación general del ministerio.

El problema es que esto puede aislar a los alumnos dentro de la clase y convertirlos "en los que no entienden". Otra investigación de la Universidad Católica de Valparaíso monitoreó la trayectoria de cuatro "niños-PIE" de colegios municipales para ver qué pasaba con ellos: la mayoría era estigmatizado y terminaba por desertar del sistema educacional o volvía a liceos de integración en la adolescencia. "Todos relataban que tenían una experiencia de detrimento, que eran señalados como niños que estaban en déficit", dice López sobre la investigación.

Pero no sólo hay críticas. Desde que se dictó el decreto el número de colegios que se han acogido al programa de integración escolar ha pasado de cerca de tres mil a 4.690, lo que para Marfán es el reflejo de que "hay una necesidad que está siendo cubierta". Isabel Zúñiga dice que el decreto 170 tiene un gran valor: existe donde antes no había casi nada. "Ha logrado visibilizar el tema y eso hay que agradecérselo a las personas que estuvieron detrás de la política. Si hoy es casi invisible, antes del decreto lo era completamente".