El fast track al estilo Piñera

"¿Los de Suez Energy tienen clara la oposición de la sociedad civil a este proyecto, y con justa razón, por lo demás? ¿Lo comprenden? Porque sería muy complicado si insisten...". Sentado en su despacho en La Moneda, a punto de partir a su casa a una cena con el gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo el miércoles 25 su segundo contacto telefónico de la jornada con el empresario Juan Claro. Horas antes, le había pedido a su amigo y ex dirigente empresarial que sondeara ante la empresa franco-belga si estaban disponibles para buscar una salida alternativa a la construcción de la termoeléctrica Barrancones en las cercanías de Punta de Choros.

A las 10.00 del día martes, la Corema de la IV Región había aprobado el estudio de impacto ambiental para la central de 540 MW. El informe con la votación llegó rápidamente al Blackberry del Presidente y otras autoridades de gobierno. Aunque hacía un mes que estaba fijada la fecha de la sesión y los ministerios de  Economía,  Minería y MedioAmbiente habían asesorado el proceso, en La Moneda fueron sorprendidos por la suerte de rebelión ciudadana que despertó la aprobación. A los pocos minutos ya corría en Twitter la frase que pronunció Piñera cuando era candidato oponiéndose al proyecto y al final de la tarde unas 2.000 personas protagonizaron una marcha en las cercanías de La Moneda.

Durante la jornada del martes, el Presidente habló con su núcleo duro en Palacio: a María Luisa Brahm, jefa de asesores, le pidió un informe sobre los caminos legales que podían tomar los opositores al proyecto para lograr paralizarlo. Estos eran tres (desde recursos de protección a otros de nulidad). Si el gobierno seguía el camino administrativo (que la directora de la Conama se pronunciara), la solución no tardaría menos de 30 días. El análisis político que compartió con su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, durante esa tarde era que se estaba cuestionando su palabra empeñada -un punto preocupante, sobre todo cuando en el gobierno buscan aumentar sus índices de confiabilidad en las encuestas- y que el movimiento ciudadano seguiría creciendo. Ello amenazaba con descapitalizar lo que había alcanzado durante la crisis de los mineros, episodio por el que hasta la Concertación lo había felicitado. 

El martes, el Presidente dejó La Moneda con la certeza de que debía llegar a una solución, que no sería convencional y que traería costos; pero aún no la tenía. "Vamos a tener que mirar el tema con cuidado", le dijo a un asesor.

LA JORNADA DE LA SOLUCIÓN
En la mañana del miércoles, Hinzpeter  respondió a un molesto Felipe Camiroaga, quien le criticó en el matinal por el riesgo en que se ponía la biodiversidad marítima de Punta de Choros. "Sé que es un tema muy sensible, Felipe, y vamos a conversarlo con el Presidente de la República. Vamos a tener que analizar, hemos escuchado a los ciudadanos. Créanme que es una decisión compleja", dijo el ministro. Asesores cercanos cuentan que el Presidente llamó a Hinzpeter y le comentó favorablemente su intervención.

Antes de entrar al consejo de gabinete citado para las 13.50, Piñera habló en su despacho con la ministra de MedioAmbiente, María Ignacia Benítez. Conocedora de los procesos que enfrentan los estudios de impacto ambiental -esa era su área profesional antes de entrar al gabinete-, ella le dijo que todo había estado en regla. "¿Quién está hablando con la empresa?", le preguntó el Presidente. La secretaria de Estado le dijo que ella no. Para ese momento ya tenía claro que no había camino expedito por la vía administrativa y que debería optar por una intervención presidencial. En la reunión ministerial que comenzó con 25 minutos de retraso y con una ovación al ministro de Minería, Laurence Goldborne, Benítez resumió el proceso de aprobación de Barrancones.

En la tarde, Piñera recibió el llamado de Juan Claro. Amigos de hace años -algunos veranos familiares los pasaron en Peñuelas-, el ex líder de los empresarios, que, además tiene una casa de veraneo 5 km. al norte de Punta de Choros, le preguntó al Presidente qué pensaba hacer. "Le pidió a Claro que explorara la situación, la disponibilidad de la empresa a conversar", cuenta un cercano al Mandatario.

El resto de los ministros que había participado del proceso de facilitación para aprobar la central, no fue advertido de la decisión de Piñera. Ni siquiera en la velada con Macri en la casa del Mandatario éste le dijo algo a Cristián Larroulet (Sepgres). En la jornada, Piñera sólo escuchó los comentarios de los senadores y diputados asistentes sobre los costos políticos de la aprobación.

Juan Claro estaba esa noche en una comida con empresarios del Fondo Austral, grupo que fomenta proyectos exportadores y donde están Víctor Hugo Puchi, los hermanos José Luis y Sebastián del Río, Rafael Guilisasti, Bruno Philippi, Claro y su hermano Luis, entre otros. Cuando lo llamó el Presidente se alejó del grupo y le transmitió que en la empresa Suez estaban con disposición a conversar.

A primera hora del jueves, Piñera llamó al gerente de Suez Energy Latinoamérica, Jan Flachet; el de Andino, Manlio Alessi, y el de Chile, Juan Clavería. Según cercanos al Mandatario, Piñera les manifestó que la empresa había cumplido con todos los requisitos legales, pero que la legislación tenía vacíos relevantes y que, en este caso, su "opinión personal" era que no correspondía emplazar la termoeléctrica en Punta de Choros. Si bien en la empresa señalan que aceptaron, dejan claro que no les quedaban muchas alternativas.

Antes de partir de gira a La Araucanía, el Presidente telefoneó a los ministros Hinzpeter, Larroulet y Von Baer; lo mismo hizo con la titular de MedioAmbiente; el de Energía, Ricardo Rainieri, y el de Economía, Juan Andrés Fontaine. Con excepción de Hinzpeter, que sabía del tema y Von Baer, el resto fue sorprendido y quedó en una posición incómoda. Ellos habían apoyado la postura exactamente contraria por meses. "En esta decisión fuimos sorprendidos, tal como hemos sido sorprendidos con otras decisiones del Presidente", resume un secretario de Estado. Uno de los más perplejos era Larroulet, quien sumaba una nueva derrota emblemática, como en el caso del alza de los impuestos, el retiro de la depreciación acelerada y la negativa al indulto propuesto por la Iglesia. No menos incómoda es la posición de Fontaine, quien se había jugado a fondo por el proyecto.

Por el lado de quienes apoyaron con entusiasmo la decisión presidencial estuvieron los dos personajes considerados más cercanos e influyentes en Piñera: Hinzpeter y la jefa del segundo piso, María Luisa Brahm.
Consciente de que su decisión le traería costos en la clase dirigente, el Mandatario inició el control de daños. Les ordenó a los secretarios de Estado enviar señales de tranquilidad a los privados en cuanto a que se actuó dentro de "la institucionalidad y no de la discrecionalidad". Hinzpeter recibió en La Moneda a Clavería y a otros dos representantes de Suez para agradecerles su gesto.

Las críticas partieron al día siguiente. Hernán Büchi rechazó la decisión ("me siento incómodo con el mensaje que se envía, porque queda claro que aquí sólo es cosa de alegar un poco", dijo). El senador UDI Jovino Novoa fue más duro: "El Presidente en esto ha actuado al margen de la institucionalidad".

Otro argumento que se desplegó en La Moneda es que si no se ponía fin inmediato a la polémica por Punta de Choros, el movimiento contra las termoeléctricas se iba a expandir y a poner en riesgo otros proyectos. "Ahora el gobierno adquirió capital político para sacar adelante otras termoeléctricas", señala un alto personero de gobierno. Uno de los objetivos prioritarios  es sacar adelante la central Castilla, en la III Región, del empresario brasileño Eike Batista.

Sin embargo, en el mismo gabinete hay quienes creen que la decisión presidencial generará un efecto negativo para los proyectos energéticos. A favor del argumento, señalan que un día después de la decisión de Piñera, el Consejo Municipal de Copiapó cambió el uso de suelo para inviabilizar la central Castilla.

En La Moneda, agregan, que cumplido el primer objetivo de salir de la crisis, se produjo un segundo efecto. Aunque secundario, el gobierno de Piñera transmitió un sello más de lo que se busca consolidar como la nueva derecha: si antes habían mostrado sensibilidad hacia los DD.HH. con el rechazo al indulto y luego que no eran "el gobierno de los empresarios", al subir impuestos, ahora exhibieron sensibilidad ecológica.