El impacto de la nueva reforma laboral

EL GOBIERNO promulgó ayer la reforma laboral, luego de más de un año de tramitación legislativa y un intenso debate a nivel nacional, debido a los alcances que este cambio tendrá en las relaciones laborales al interior de las empresas. La Presidenta de la República lo destacó como un paso positivo, aunque lamentó que no fue todo lo que al gobierno le hubiese gustado aprobar.

El nuevo articulado difícilmente constituye un avance en materia de relaciones laborales. El proceso estuvo caracterizado por una alta polarización de las posiciones, y el gobierno en ningún momento escondió su intención de satisfacer los requerimientos de la CUT, a pesar de que en su mayoría la conforman funcionarios del sector público, los que no serán alcanzados por estas modificaciones.

El proyecto del gobierno debió enfrentar un fallo desfavorable del Tribunal Constitucional (TC), el que cercenó uno de los elementos claves para los defensores de la reforma: la titularidad sindical. El TC evitó entregarles facultades exclusivas a los sindicatos, tal como proponía el proyecto, y reafirmó la negociación colectiva como derecho de los trabajadores a nivel individual y no del sindicato. Además, se impugnó la extensión automática de beneficios a futuros afiliados a una organización sindical. Luego del fallo del TC, el gobierno envió un veto que suprimió la mayoría de los pactos de adaptabilidad, uno de los pocos aspectos modernizadores que originalmente contenía este proyecto. Finalmente, sólo prosperaron los pactos negociados con el sindicato que determinan jornadas especiales -del tipo 4x3, las que ahora no deberán requerir autorización de la Dirección del Trabajo- y la posibilidad de conceder condiciones especiales a trabajadores con responsabilidades familiares.

A pesar de estas correcciones, el proyecto de ley recientemente promulgado va en la dirección opuesta a agilizar la economía, mejorar la productividad y asegurar, en el largo plazo, mejores condiciones a las empresas y sus trabajadores. La reforma laboral mantuvo como elemento central la eliminación del reemplazo en huelga, tanto externo como interno, dejando a Chile entre las excepciones de los países de la OCDE. La imposibilidad de reemplazo tendrá efectos paralizantes en las empresas, ya que se concedió mayor capacidad de presión al sindicato y no se materializó sanción expresa a las huelgas ilegales, todo lo cual alejará a sus actores de la cultura del diálogo. Además, se cambian los criterios que  fijan  el piso de la negociación -eliminando elementos de microgestión de productividad-, y se establece para las empresas medianas y grandes la negociación obligatoria con sindicatos interempresas, lo que a todas luces es el primer escalón para la negociación ramal, entre otras disposiciones.

Antes de esta reforma, Chile ya había caído al lugar 35 del ranking de competitividad del Word Economic Forum -desde el número 22, su mejor posición-, siendo uno de los pilares peor evaluados la eficiencia del mercado laboral, aspecto en el que aparece en el lugar 63, en una muestra de 140 países. Los peor evaluados a nivel mundial en este indicador en materia laboral son Argentina y Venezuela, los que durante la discusión de este proyecto se usaron, muchas veces, como ejemplos a seguir. Los efectos adversos de la implementación de esta reforma no sólo se verán reflejados en el próximo ranking de competitividad, sino que serán mucho más visibles en la realidad del mercado laboral chileno.