El patrimonio arquitectónico en lista de espera

No hay duda de que el terremoto de 2010 marcó un antes y un después en la historia del patrimonio arquitectónico del país. Por un lado está la gran pérdida de inmuebles privados y públicos, algunos derrumbados por completo y otros que debieron cerrar sus puertas por varios años. Sin embargo, la catástrofe también abrió el debate sobre la necesidad de conservar la memoria histórica de estos inmuebles que en el futuro podrían tener una nueva vida. "Después del terremoto hay un claro impulso hacia las disciplinas dedicadas a conservar el patrimonio. Han aparecido nuevas generaciones de profesionales formados en el área, y el interés real de la sociedad de hacerse cargo de esta necesidad que, antes, era más bien casual",  dice Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos. "Hoy existe una institucionalidad para restaurar. El hecho inédito de que el Estado comprara el Palacio Pereira para transformarlo refleja esta nueva mirada en torno al patrimonio", agrega.

Justamente el Palacio Pereira, ubicado en calle San Martín con Huérfanos, es uno de los edificios emblemáticos con una larga historia de abandono. La construcción de 1817 estuvo 35 años olvidada y sufrió severos daños tras el terremoto. En 2011 fue comprada por el Estado, que decidió destinarla como la futura sede de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y el Consejo de Monumentos. Sin embargo, el proceso de restauración ha sido lento, a pesar de que el diseño de recuperación, que incluye la construcción de un nuevo edificio, fue adjudicado a la arquitecta Cecilia Puga en 2012, pero recién hace unos días el Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió la convocatoria para licitar la ejecución de las obras que tendrán un costo total de $ 15.180 millones y  finalizarían en 2017.

"Es un proyecto complejo, el de mayor envergadura, que implica entrar con maquinaria, restaurar y construir dentro. No tenemos duda de que es necesario hacerlo, porque conservarlo es respetar la historia", dice Claudia Silva, jefa del Departamento de Arquitectura del MOP.

La cartera también está a cargo de otras reformas pendientes: el Palacio Huneeus, que será sede de la nueva Biblioteca del Congreso Nacional, tiene su diseño de rescate aprobado desde 2014, pero este año no entraron en el presupuesto los $ 15 mil millones que cuestan las obras. Así, deberá esperar hasta el 2016 para iniciar la ejecución de los trabajos.

En el caso del Palacio Ariztía, edificio de 1917 que durante el gobierno de Sebastián Piñera fue destinado para ser residencia de invitados de la Presidencia y figuras ilustres, fue licitado el año pasado, pero se decidió reevaluar. "Hubo sólo un concursante y los valores  de su proyecto eran muy elevados, así que volveremos a licitar en tres meses más", cuenta Silva. "En general, los plazos de ejecución son rápidos, son los trámites previos los que a veces demoran las obras. Lo ideal sería acelerar las revisiones técnicas llevadas a cabo por el Consejo de Monumentos, que antes eran de 30 días, pero ahora demoran hasta 10 meses. Están colapsados", agrega la jefa del MOP.

Reformas y demoras

Otro símbolo del abandono es la Basílica del Salvador (1874), severamente dañada por los terremotos de 1985 y 2010 y que nunca fue restaurada. Hoy su estructura posterior está afirmada por vigas que amenazan constantemente con derrumbarse. El MOP financiará ahora su estabilización estructural, que estará lista para el 2016, para luego restaurarse. "Hay un gran plan privado del Arzobispado de Santiago para que vuelva a funcionar y para que, además, se construya un subterráneo, donde habrá un auditorio y otras salas para realizar actividades culturales", adelanta uno de los arquitectos a cargo del proyecto, Dino Bozzi. El tiempo de ejecución aún es una incógnita.

Gran parte de estos patrimonios restaurados han sido posibles gracias a que luego del terremoto de 2010 se creó una institucionalidad acorde a esta necesidad. Por su parte, el MOP elaboró el programa Puesta en Valor del Patrimonio, que financia proyectos de reconstrucción con recursos propios, del BID y de los Gobiernos Regionales. El Consejo de la Cultura, a su vez,  creó el Fondo del Patrimonio, destinado para la reconstrucción post 27/F y que ha sobrevivido en el tiempo:  financia el 50% del costo de las refacciones, mientras el otro 50% es cubierto por el postulante. De ese plan está  pendiente La Capilla Santa Ana en Valparaíso, levantada en 1882 y colapsada en 2013, la que recién a mediados de junio iniciará sus obras de reconstrucción, con un costo de $ 200 millones. "Las razones de las demoras en restaurar son la falta de profesionales especializados y la alta complejidad de las intervenciones, sumado a la demora de los permisos para intervenir", dice Paz Undurraga, jefa del Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA.

También en regiones está el caso del Palacio Rioja de Viña del Mar, sede del Museo de Artes Decorativas (1907), que hace unos días anunció el término de sus obras para octubre, financiadas por el Fondo de Recuperación de Ciudades de la Subdere y que tiene un valor de más de $ 2.229 millones. Mientras que otra  restauración encaminada es la del Palacio Cousiño (1878), que ya suma cinco años cerrado: el pasado 11 de mayo se entregó el inmueble para comenzar los trabajos, que tienen un plazo de 270 días para ejecutarse, por un valor de $ 858 millones, financiados por el Gobierno Regional.