El que produce paga

Es una imagen que se puede ver cada noche: gente recogiendo cartones, botellas de vidrio y distintos desechos que acarrean en los clásicos triciclos. Son los populares cartoneros, cuyo nombre técnico es "recolectores de base", ya que no sólo recogen cartones, también seleccionan, transportan y recuperan todos los productos desechados que puedan comercializar.

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), actualmente existen más de 60 mil personas realizando ese trabajo, que es clave en la cadena de reciclaje y que ayuda a recuperar cerca de un 10 por ciento de los 17 millones de toneladas de basura sólida que se producen anualmente en Chile. Por eso, en 2016 se creó la "Política de Inclusión de Recicladores Base" para impulsar el desarrollo de nuevas cadenas de recuperación de residuos a través de la formalización de la actividad y capacitación, que pide que los trabajadores certifiquen sus conocimientos para ser parte de la cadena de valor de la industria.

Sin embargo, para aumentar el porcentaje de lo que se recicla se aprobó en el Congreso la Ley REP —Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor—, promulgada en mayo 2016, que obliga a fabricantes de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos, asegurando que tengan un adecuado tratamiento. Todo esto está llevando a las compañías a modificar materiales y el diseño de sus productos buscando alternativas más ecológicas.

Para su implementación, el MMA elaboró seis reglamentos -de los cuales cinco ya están en la Contraloría- que establecen el procedimiento para fijar metas de recolección y valorización de los productos definidos en la ley. "Las primeras metas se fijarán para los sectores de neumáticos, envases y embalajes", explica Jorge Canals, subsecretario de esa cartera, quien contesta algunas preguntas sobre esta nueva norma que tiene a varias empresas nerviosas porque representa un gran desafío.

Existe una crítica por parte de algunos gremios respecto a la demora y se habla de que sólo en 2020 podrían estar todos los decretos y reglamentos listos para aplicar la norma. ¿Comparte esa estimación de tiempo?

La Ley de Fomento al Reciclaje está diseñada para ser implementada gradualmente en un plazo de cinco años desde su promulgación en 2016. Por lo tanto, es razonable pensar que en 2020 contaremos con la totalidad de decretos que establecerán las metas a los productos prioritarios. Hay que considerar que esta normativa hace un cambio de paradigma, en el que pasamos de un modelo económico lineal (explotación de recursos naturales, producción, consumo y eliminación de residuos) a uno en el que se pondrá en práctica la economía circular.

¿Cambia la meta del 30 por ciento de reciclaje que se había impuesto al momento de diseñar la ley?

La meta de la ley es prevenir la generación de residuos y aumentar su valorización, y eso no ha cambiado. Lo más importante es que esta ley permitirá que por primera vez en Chile se establezca una industria formal del reciclaje. Lo que hasta el momento eran iniciativas voluntarias y aisladas, serán ahora un sistema regulado y supervisado, que garantizará tasas de recuperación, valorización y trazabilidad de los residuos.

Canals explica que como aún la ley no entra en vigencia y falta el último trámite en la Contraloría, el proceso formal no ha comenzado. A pesar de eso, durante octubre el ministerio invitó a la industria a conformar una mesa de trabajo para mejorar la información disponible y elaborar la futura regulación asociada al sector de envases y embalajes. También se invitó a las asociaciones municipales a conformar otra mesa de trabajo.

La industria ha pedido que se establezcan metas más potentes para los residuos domiciliarios. ¿El ministerio se abre a esa petición? ¿Cómo esperan concretarlo?

La experiencia internacional nos sugiere que al menos para el producto prioritario de envases y embalajes es recomendable establecer categorías diferenciadas para los residuos domiciliarios e industriales. Eso aún es materia de análisis y será resuelto en el proceso de fijación de metas.

La ley hoy se encuentra a la espera de ser aprobada por la Contraloría donde están los seis documentos con la reglamentación necesaria para regular las distintas actividades asociadas al reciclaje y valorización de cada uno de estos tipos de residuos. Ya está siendo paulatinamente aplicada en distintas empresas, como por ejemplo CocaCola, quien junto a TriCiclos, compañía de reciclajes, y el MMA, desarrollaron un programa piloto de eco-etiquetado que reduce en un 30 por ciento el gramaje del plástico de sus botellas.

También está en la fase de aplicación de la primera versión del Fondo para el Reciclaje, con más de $300 millones para apoyar proyectos de los municipios y asociaciones de municipalidades, como por ejemplo Las Condes, quien ya está incentivando a sus habitantes a utilizar productos reciclables y entregando bolsas reutilizables.

Además, otros organismos, como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), están realizando sus propios estudios y diagnósticos sobre la capacidad de reciclaje en el país y que serán entregados en los próximos meses a las autoridades, los cuales son fundamentales para aplicar la ley.