Fuente-Alba pide ser indagado a través de la Justicia Militar y no por la fiscalía

Actualmente existen dos causas paralelas en relación con el ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Miguel Fuente-Alba. Por una parte, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo lo indaga por eventuales irregularidades en sus labores administrativas en el fraude en el Ejército, entre 2010 y 2014, además de sus bienes y cuentas, y, por otro, el fiscal Centro Norte, José Morales, lo investiga por presunto aumento injustificado de patrimonio y lavado de activos.

Aunque ambas investigaciones van por líneas independientes, de igual manera coinciden en un factor común: el patrimonio de Fuente-Alba, que, según antecedentes del caso, bordearía los $ 1.800 millones. Sin embargo, la defensa del general en retiro, a través de los abogados Alejandro Espinoza y Joanna Heskia, quiere que exista sólo una indagatoria, y que esta sea mediante la Justicia Militar.

Es por ello que el 5 de diciembre, los abogados del general (r) solicitaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago un incidente declinatorio de competencia. Es decir, que el tribunal decida quién llevará la investigación: el ministro Astudillo -a cargo del caso por ser uno de los jueces civiles que integran la Corte Marcial- o el fiscal José Morales.

Según consigna el escrito presentado por los abogados del ex comandante en jefe del Ejército, "los hechos investigados por el Ministerio Público son de competencia de la Justicia Militar", dado que estos tribunales castrenses investigan "las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, artesanales, demás recintos militares o policiales".

El requerimiento señala que "además de esta investigación desformalizada del Ministerio Público, que se ha extendido por dos años, y respecto de la cual nuestro representado ha declarado en varias oportunidades y ha prestado toda su colaboración, existe otra en la Justicia Militar por exactamente los mismos hechos, en los cuales también ha decidido declarar y colaborar, siendo una carga desproporcionada y que afecta la prohibición de doble juzgamiento".

Para conocer los hechos, el tribunal pidió al ministro Astudillo informar por qué se indaga al ex oficial. El 16 de enero, el ministro en visita envió los antecedentes del tribunal, en los que señaló que "la investigación se ha orientado a dilucidar el origen del patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y la eventual responsabilidad que podría corresponderle en la verificación de los sucesos a que se alude (fraude en el Ejército), precisamente por su condición de máxima autoridad".

Astudillo añade en el escrito que "sin perjuicio que en esta fase de la investigación cualquier calificación jurídica es meramente preliminar, las indagaciones atañen a la hipotética verificación de 'delitos funcionarios' o contra la Administración Pública, de aquellos que contempla el Código Penal en su título respectivo o, en su caso, de los que estén especialmente previstos en el Código de Justicia Militar". Con los antecedentes en mano, el tribunal resolvió citar a una audiencia de incompetencia inhibitoria para el viernes 10 de febrero, en la que se decidirá dónde queda radicado el caso.

Designan nueva ministra

El período del ministro Astudillo a cargo del caso, sin embargo, culmina el 2 de marzo, aunque podría existir una prórroga que solicitó uno de los intervinientes en el caso del fraude en el Ejército, la cual deberá ser resuelta por la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal ya designó a quien relevará a Astudillo: la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Romy Rutherford, quien actualmente integra la novena sala del tribunal de alzada.