Gobierno no aumentará fondos a colegios que optaron por ser gratuitos

Según la Ley de Inclusión, si un colegio particular subvencionado, que recibía aporte de los padres mediante copago, optaba en 2016 por transformarse en gratuito iba a recibir $ 5.995 mensual por cada alumno, a través del aporte por gratuidad que entrega el Estado.

Para este año, esos recursos se incrementaron a $ 8.393 y para 2018 debían llegar a $ 10.791 mensuales por niño. Esto utilizando la Unidad de Subvención Escolar (USE) de 2017 publicada en la página del Ministerio de Educación (Mineduc).

En base a estos valores, algunos sostenedores tomaron la decisión de transformarse en colegios gratuitos y sumarse al nuevo sistema promovido por el Ejecutivo. Sin embargo, en el proyecto de ley de presupuestos 2018 los montos no fueron incrementados y quedaron congelados en la subvención mensual por niño correspondiente a 2017, lo que implica $ 2.398 menos al mes por cada alumno.

Según la cuenta pública del Mineduc, 784 establecimientos pasaron a la gratuidad entre 2015 y marzo de 2017, "beneficiando a 240 mil estudiantes y sus familias". La mayor parte, indica el documento, escuelas particulares subvencionadas.

Si se consideran estos datos, al mes el conjunto de los colegios dejarían de recibir al menos $ 575 millones.

El presidente de la Conacep, que agrupa a colegios particulares subvencionados, Hernán Herrera, recordó que "para tener derecho al aporte por gratuidad el sostenedor tenía que renunciar al copago y este cambio comprueba la arbitrariedad con que trabaja este gobierno, al que no le importa perjudicar a los sostenedores y finalmente a los niños".

El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, indicó que "lo más grave es que con esto el Ejecutivo frena el cronograma de incremento de los aportes por gratuidad, y eso implica que los colegios que en 2018 iban a recibir más aportes ya no van a poder contar con ellos".

Otro de los efectos, según Figueroa, es que se extenderá el tiempo que demorará en terminar el sistema de financiamiento compratido.

Y Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, manifestó que "se tiene que respetar la Ley de Inclusión".

Con sorpresa, el diputado Giorgio Jackson (RD) recibió la noticia del cambio que el Ejecutivo pretende realizar a la Ley de Inclusión a través de la Ley de Presupuestos. "Creo que no es bueno que el gobierno deshaga promesas que estaban incorporadas en una ley que afecta el financiamiento de la educación pública y también la subvencionada que optó por ser gratuita e inclusiva", afirmó el parlamentario.

Este cambio se produce justo cuando La Moneda debía presentar un proyecto para modificar la Ley de Inclusión que apuntaría a mejorar algunas inquietudes de los propios sostenedores.

A juicio del senador Andrés Allamand (RN), la glosa presupuestaria "muestra un engaño a los sostenedores y a las familias, ya que el compromiso asumido era que el Estado iba a reponer cada peso que aportaran las familias".

Para el parlamentario "este incumplimiento desfinancia a los colegios particulares subvencionados y afecta la calidad de la enseñanza".

El diputado Jaime Bellolio (UDI) acusó al gobierno de dejar sin recursos a los niños y "poniendo todos los huevos en la canasta de educación superior para financiar la gratuidad buscando beneficios electorales".

En tanto, la senadora, Ena Von Baer (UDI), afirmó que "lo dijimos, anticipamos que esto iba a suceder. Se hizo la promesa de que no iba a afectar la calidad de la educación y finalmente bajará la calidad de la educación".