Investigación judicial al PC

EL MINISTERIO Público ha instruido una serie de diligencias a la PDI en el marco de la querella que el PRI interpuso en contra del presidente del Partido Comunista (PC), a raíz de las extrañas condiciones en que el PC se desprendió de sus activos inmobiliarios, vendiéndolos a una sociedad sin mayor patrimonio y cuyo representante legal, junto con sus principales gestores, son miembros o están fuertemente ligados al PC. En la querella se indaga presunto contrato simulado, estafa y falsificación de instrumento público; adicionalmente, la UDI y RN recurrieron al Servel para que se investigue una posible infracción a la ley de Partidos Políticos, según la cual las colectividades están impedidas de realizar operaciones onerosas que no se ajusten a condiciones de mercado.

Es acertado que se haya abierto una investigación judicial, considerando que las explicaciones que ha dado la dirigencia comunista respecto de esta operación -señalando que se eligió a personas que no fueran "especuladores" ni tuvieran relación con grandes grupos económicos- resultan insuficientes para despejar las suspicacias que se han levantado. La nueva ley de partidos políticos establece que solo una fracción del patrimonio inmobiliario de una colectividad puede ser destinada a fines partidarios, por lo que el resto debe ser enajenado. Por ello, si bien formalmente el PC aparece cumpliendo con esta norma, las condiciones en que se realizó la operación -alejadas de cualquier estándar de mercado, y efectuada con partes relacionadas- alimentan la posibilidad de que se trate de un artilugio para mantener dichos activos dentro de la órbita del propio partido.

El fuerte descrédito en que ha caído la actividad política, en particular los partidos políticos y el Congreso, hace indispensable que las colectividades se esfuercen por lograr un actuar transparente y apegado a la legalidad vigente, un paso ineludible si acaso se pretende recuperar la confianza ciudadana.