Iván Garrido: "Dominga quedó manchada por el conflicto de interés de Piñera"

El 19 de marzo pasado, Iván Garrido figuraba en Los Angeles, California. El presidente ejecutivo de Andes Iron había ido por el día a reunirse con eventuales inversionistas, para convencerlos de que aunque haya sido rechazado en el Comité de Evaluación Regional de Coquimbo, la minera Dominga -el proyecto que tiene con la familia de Carlos Alberto Délano- todavía puede ver la luz. De repente, tomó su celular y no podía creer lo que veía: su Dominga de nuevo en las noticias. No por Penta, no por Piñera y su relación con el proyecto, no por el polémico rechazo que sufrió. Ahora el asunto tenía que ver con la Presidenta Bachelet: su hija menor, Sofía, tiene un terreno a 12 kilómetros del lugar donde se emplazaría la mina.

"Fue increíble. Increíble. Como que ya era el colmo. ¡Qué más puede ocurrirle al proyecto Dominga!", dice hoy, sentado en su oficina en Las Condes, desde donde el equipo de Andes Iron trabaja en la reclamación que presentarán en los próximos días ante el Consejo de Ministros, con la cual intentarán revertir la decisión que frenó el proyecto.

Para despejar el punto, ¿sabían ustedes o no que la hija de Bachelet tiene ese terreno en La Higuera?

¿Cómo vamos a saber nosotros? Nosotros no tenemos ninguna relación. Entiendo, por la prensa, que fueron comprados creo que el 2014 y son terrenos donde nosotros nunca vamos a operar.

Si Dominga se aprueba, ¿ese terreno se devalúa o se multiplica?

Una posible valorización de esos terrenos no está directamente relacionada con Dominga. No está donde va a operar Dominga, es decir, no está en la infraestructura.

No necesitarían comprarle a ella para funcionar.

Ni de cerca ni de lejos, porque nosotros tomamos una decisión de diseño, que es que no vamos a hacer campamentos. Los operarios y trabajadores van a vivir en la Región de Coquimbo. Por lo tanto, no hay por dónde...

Entonces se devalúa, porque sería un terreno que tiene cerca un proyecto minero.

Eso habría que preguntárselo a un especialista inmobiliario. O sea, nosotros no vemos ningún antecedente que permita definitivamente decir que se va avaluar o se va a devaluar. Honestamente, creo que es una especulación que tiene mucho que ver con el caso Caval, porque es de público conocimiento que esta señora Compagnon compró, tuvo todo lo que sabemos y, en el fondo, por el cambio de uso de suelo en Machalí. Aquí, yo entiendo, por el lado de nosotros, no hay ninguna solicitud de cambio de uso de suelos respecto de ese terreno. La ligazón que se hizo es noticia, pero honestamente, si me preguntas mi opinión como ciudadano, pienso que la Presidenta Bachelet no tiene ningún interés de hacer gestión inmobiliaria.

Manchada

La vinculación de Bachelet con el terreno fue la guinda de la torta para Garrido. Un proyecto privado que a poco andar se hizo público cuando estalló el caso Penta, al descubrirse pagos desde esa empresa al entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, hoy formalizado por el delito de cohecho. Délano, uno de los dueños de Penta, es también socio mayoritario de Dominga. Luego, pasó el tiempo -y el correr del caso, en el que Wagner y los Penta estuvieron en prisión preventiva-, hasta que pocos días antes de la reciente resolución del Comité Regional de Coquimbo se conoce que Sebastián Piñera tuvo participación en Andes Iron a través de su Fondo Mediterráneo, hasta diciembre de 2010. Piñera habría salido de esa inversión cuatro meses después de haber protagonizado uno de los hitos de su administración: el telefonazo mediante el cual pidió a la empresa Suez Energy que no construyera la termoeléctrica Barrancones, aun cuando ésta había aprobado los permisos ambientales. Y luego, cuando el rechazo del comité regional estaba todavía fresco, sale al baile el terreno que Bachelet le compró a su hija.

Para Garrido, Dominga salió del ámbito técnico o económico y pasó de frentón al político.

"De todas maneras que sí. Somos una pelota que se usa para argumentos contra Piñera, contra la Presidenta, y a nadie le importa el proyecto Dominga. Eso es que se politizó y que poco importa el proceso de evaluación ambiental de Dominga. Por eso quisimos hablar ahora".

Si cree que se politizó, ¿le cuesta seguir creyendo en la institucionalidad ambiental?

No, ahí soy más bien positivo, y creo que hay mecanismos, como el Consejo de Ministros, que se haga cargo de la institucionalidad que hemos acordado democráticamente, y pueda revertir las irregularidades que creemos que hubo en el comité regional.

Usted dice que algunos seremis no argumentaron su voto en contra en forma suficiente ¿cuál es su interpretación de lo que ocurrió?

Nosotros después de salir de la frustración, y viendo todas las opiniones que se han dado, visualizamos que hay un problema de legitimidad. Primero, que hay un contexto de la industria minera, que es que ha tenido pasivos ambientales evidentes, entonces es legítimo que ciertos grupos tiendan a rechazar, aunque se cumpla la institucionalidad. Lo que estamos viendo aquí es que la institucionalidad no está legitimada por todos los actores.

¿Pero usted cree que Dominga fue rechazada porque es de uno de los dueños de Penta, porque Piñera fue accionista en un momento o por qué?

Me atrevería a decir que el proyecto se politizó en este último período, cuando apareció en Biobío que Sebastián Piñera, a través de sus instrumentos de inversión, había participado. Y lo que se instaló ahí es que él había sido quien desarrolló este proyecto, lo que tuvo un impacto mediático muy importante. Ahora, en rigor, el problema ahí es el conflicto de interés que puede tener un presidente, y que es un problema político que está de primer orden hoy en Chile. Entonces, el problema es del conflicto de interés, pero se metió Dominga, y Dominga quedó manchada por un problema que no es nuestro. Que es el conflicto de interés de Piñera. Nosotros le compramos a Minería Activa, donde el Fondo Mediterráneo (de Bancard) era accionista pasivo. Entonces nos están haciendo cargo de algo que no tenemos cómo hacernos cargo. Es injusto.

El cuadro general no es positivo para Dominga: Piñera es amigo de Carlos Alberto Délano y, además, llamó para botar Barrancones, que queda en la misma zona.

Pero nosotros le compramos a Minería Activa y no nos podemos hacer cargo de lo que ocurrió antes. El problema ahí, me consta, es un problema de conflicto de interés, no de alguna ilegalidad en que el proyecto haya incurrido.

¿Cuál es específicamente ese conflicto de interés con Dominga?

Es evidente que cuando era Presidente tomó una decisión tan relevante, de Estado, con Barrancones, donde llama a los dueños del proyecto cuando ya había sido aprobado, y pide que por favor muevan el proyecto. El conflicto de interés está cuando él tenía algunos intereses económicos en el mismo territorio. Es evidente que hay un conflicto de interés, pero ¿de qué manera afecta eso al proyecto Dominga? Ahí hay una situación que desliga a Dominga, el problema es otro.

Antes del caso de Piñera, Dominga ya estaba en el ojo público, desde que el ex subsecretario de Minería recibió pagos de Penta.

El contexto ahí es que en Andes Iron hemos tratado de desarrollar Dominga desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre con el caso Penta es que uno de los socios es socio en Dominga, entonces hay una legítima inquietud de pensar que tal vez se le pagaba al subsecretario para ayudar en los trámites. Pero nosotros le dijimos a la fiscalía que no tenemos nada que ver. Es tanto así, que el estudio de impacto ambiental fue ingresado un año después de que Wagner salió del gobierno. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esos pagos, no tenemos relación con favores para Dominga. Fuimos a hablar con los fiscales, y ninguno ha sido formalizado.

¿No le han dado ganas de colgar los guantes con Dominga?

O sea, lo hemos pasado mal, qué duda cabe. No creo en la cosa azarosa, creo que esto es una consecuencia de lo que está viviendo el país. Esta desconfianza enorme en las instituciones, es obvio. Es tal la desconfianza que hay, que el que una Presidenta le haya comprado un terreno a su hija, con intereses personales, se traslade a ser un problema nacional y que afecta a un proyecto como el proyecto Dominga, me parece inaudito.

Mono porfiado

¿Y cree que el Consejo de Ministro va a postergar la decisión para el próximo gobierno, como hizo Piñera con HidroAysén?

Si lo va a patear o no lo va a patear, esas son irregularidades. El espíritu de la institucionalidad es que da 30 días para reclamar y después da 60 días hábiles para que el Consejo de Ministros se haga cargo de esa reclamación. Si se traslada, es porque se está afectando el espíritu de la institucionalidad, y yo espero que eso no ocurra. Al revés, nuestra esperanza es que el Consejo de Ministros va a evaluar en su mérito los antecedentes de la institucionalidad medioambiental.

¿Por qué podría aprobarlo ahora?

Hoy estamos preparando la reclamación. Estamos en tierra derecha como para, ojalá esta semana, cuajar cuáles serían los argumentos más contundentes para pedir que se revierta la decisión. Y, además, queremos hacer aportes medioambientales y sociales en la misma instancia (ver recuadro).

Fue un golpe inesperado, porque hemos hecho un trabajo de tres años y medio que había sido concluido en el Informe de Consolidación Ambiental, en el que dice que en atención a la institucionalidad actual, Dominga cumple a cabalidad con la normativa ambiental y, por lo tanto, recomendaba al Comité de Evaluación Regional aprobar el proyecto.

Pero no siguieron la recomendación.

Lo que ocurrió es que algunos seremis, con argumentaciones débiles, votaron en contra. Lo que la institucionalidad pide es que en la votación se haga, además, un argumento contundente. En esta legislación el senador Guido Girardi, detractor de Dominga, hizo hincapié en que los seremis tienen que argumentar su voto.

El Consejo tiene la oportunidad de rectificar y considerar los antecedentes técnicos, es decir, que una inversión de cientos de millones de dólares, de seriedad, de interacción dinámica con el Estado, finalmente concluye que cumple con la institucionalidad, tiene que ser considerada. No obstante eso, creemos que hay debilidades de las cuales hacerse cargo.

Si el Consejo rechaza, ¿se acaba la idea?

Por cierto que no se acaba. Nosotros somos como un mono porfiado. Habría que ir al Tribunal Ambiental, y si no, de casación a la Suprema.

O sea, aún tiene esperanzas.

Sí, absolutamente.