La "fiscal rebelde" de Venezuela visita Chile y agenda cita con Piñera

Pasó de ser una de las partidarias más leales al fallecido Presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) a uno de los rostros disidentes más incómodos para su sucesor en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro. La destituida fiscal Luisa Ortega Díaz, que huyó de Venezuela el 18 de agosto pasado, se ha dedicado a recorrer distintos países para denunciar los excesos de la administración de Maduro y casos de corrupción en los que asegura están involucrados varios funcionarios del Ejecutivo.

En ese marco, Ortega, considerada una "traidora" por el chavismo, visita en esta ocasión Chile, donde tiene agendada una serie de reuniones con las más importantes autoridades locales.

La ex fiscal gestionó una reunión con el Presidente electo, Sebastián Piñera, con quien tiene agendado un encuentro en su oficina en Apoquindo 3000, según confirmó el comando piñerista.

La abogada de 59 años también quiere reunirse con autoridades del saliente gobierno de Michell Bachelet, como el canciller Heraldo Muñoz, quien participará en los próximos días en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en Santo Domingo.

Este tipo de encuentros han sido la tónica de Ortega desde que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -un órgano conformado exclusivamente por chavistas- y luego que el gobierno ordenara la detención de su esposo, el diputado socialista Germán Ferrer, por supuesta extorsión.

Desde su salida de Venezuela, la ex fiscal se instaló en Bogotá, ciudad que ha utilizado como punto de base. Desde entonces ha visitado Brasil, México, Perú , Costa Rica y también Canadá y latitudes europeas como La Haya, donde denunció a Maduro frente a la Corte Penal Internacional.

Desde hace meses se especulaba con un posible paso por Santiago. De hecho, a fines de agosto, el fiscal nacional Jorge Abbott dijo que durante una cumbre de procuradores en Brasil le había ofrecido asilo político a Ortega.

La llamada "fiscal rebelde" fue hasta comienzos de 2017 una aliada clave del gobierno de Maduro. Su cercanía con Hugo Chávez comenzó en 1998, cuando Ortega trabajaba en un estudio de abogados en el estado norteño de Aragua y se integró a la campaña presidencial del entonces ex coronel.

En 2002 ingresó al Ministerio Público, y en 2007 se convirtió en fiscal con el aval de Chávez, en cuyos funerales estuvo en primera fila, en 2013.

El Parlamento venezolano -en ese entonces controlado por el oficialismo- volvió a reelegirla como fiscal general en 2014 para un nuevo mandato que debía concluir en 2021.

En ese entonces el chavismo no imaginaba el cambio de rumbo que tomaría Ortega, quien se encargó de impulsar la condena de casi 14 años del dirigente opositor Leopoldo López, por liderar las protestas contra el gobierno de febrero de 2014 que dejaron 43 muertos.

El primer terremoto político causado por la fiscal fue a comienzos de abril pasado, cuando calificó como una "ruptura del orden constitucional" los fallos con el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó temporalmente las facultades del Parlamento, controlado desde 2016 por la oposición. El TSJ revirtió la medida, pero eso no evitó que se iniciara una ola de protestas que se extendió por cuatro meses, con 125 muertos.

Desde entonces Ortega se posicionó como una "heroína" para la oposición y una voz disidente dentro de las filas del oficialismo. Sin embargo, su destitución comenzó a verse como algo irreversible, luego que el gobierno asestara una serie de ataques en su contra. Y sobre todo, cuando la ANC oficialista asumió el poder en el país, chocando directamente con la Asamblea Nacional, liderada por la oposición.

En una entrevista concedida a La Tercera en julio, cuando todavía era fiscal, Ortega señaló que "la libertad de los venezolanos no puede depender de negociaciones políticas". Además hizo un llamado a la unidad "para que defendamos la democracia".