La otra cara de la discusión carcelaria

Al bajar desde Camino La Pólvora hasta la entrada del Centro Penitenciario Valparaíso se puede leer en una pared, escrita con pintura en aerosol, la frase "A escapar del infierno". Para algunas de las visitas, como Cecilia Cuevas (59), la experiencia de entrar a la cárcel significó un sufrimiento de esa magnitud en un comienzo. Sus primeras visitas terminaban en llanto. Sentía temor y vergüenza de estar ahí. Pero a medida que aquello se transformó en un hábito, esa angustia inicial se fue atenuando, transformándose en algo más parecido a la nostalgia.

El módulo 103 recibe visitas los jueves por la mañana, entre 9.00 y 11.45 horas. Cada interno tiene derecho a un máximo de cinco visitantes. Un gendarme pide los carnés de identidad y comienza a llamar a la gente a viva voz. Todos cargan grandes bolsas transparentes marcadas con números escritos con plumón, que indican el módulo y la celda del reo. Su contenido debe estar a la vista, así que las visitas se ven obligadas a vaciar los paquetes de galletas o papas fritas dentro de la bolsa grande. Un par de perros con tiña se pasean entre la gente para comerse todo lo que cae al suelo en esa operación.

Después de registrarse en la lista y recibir un timbre en el antebrazo, las visitas inician una breve, pero empinada subida hacia el sector que habitan los presos. A lo lejos se escucha a un predicador evangélico con un megáfono que aparentemente habla desde afuera de la cárcel. Cecilia Cuevas carga dos bolsas con ropa limpia, pañales para adulto y otros objetos personales para su marido, quien lleva casi dos años allí. Para llegar hasta él cruza al menos cinco rejas, supera dos inspecciones de los gendarmes, sube unas escaleras y se asoma hasta un gimnasio decorado con guirnaldas y globos de color rojo y verde. En una de las paredes se lee "Feliz Navidad" con letras recortadas de cartulina.

El interno Daniel Olguín (47) sale al encuentro de Cecilia a la entrada del gimnasio y la ayuda con las bolsas. Los demás internos lo conocen como "El Insulina", por las inyecciones que se pone cada día para controlar la diabetes. Cecilia explica que es el hijo de una pareja amiga, que vivió con ellos un tiempo y que luego fue encarcelado por robo con intimidación. Llevaba ahí algunos años cuando su esposo recibió la condena y tuvo que ingresar. Olguín prometió cuidarlo desde el primer día y, hasta el momento, ha honrado su palabra. Además de ser su compañero de celda, también hace de enfermero: lo muda, le lava la ropa, las sábanas y empuja su silla de ruedas por los pasillos del penal. "Si lo dejo solo, trata de hacer cosas por su cuenta y eso es peligroso, porque se cae", dice Olguín.

El lugar está repleto de gente. Iván Oyarzún Fuentes (73) está a un costado de la cancha, sentado en su silla de ruedas frente a una desvencijada mesa de madera. Sobre ella hay cuatro vasos y una botella de Kem Piña. Oyarzún viste un cuello de polar gris, una polera de manga larga con el logo del equipo de la Universidad de Duke, los Blue Devils (Diablos Azules), unos pantalones desteñidos y zapatillas sin cordones. Su voz es apenas audible en medio de la bulla. "Antes tenía un vozarrón", advierte su esposa. Además de sus serios problemas respiratorios, Oyarzún tiene dificultades para modular, ya que mueve solo una mitad de la boca, como consecuencia de un par de accidentes cerebrovasculares. En esas circunstancias, cuesta mantener un diálogo con él.

Al escuchar que, por su delicado estado de salud comparte una lista con reclusos de Punta Peuco, Oyarzún comienza a llorar. Según Olguín y su esposa, lleva un par de meses así, emocionándose por cualquier tema de conversación. Cuando recupera la calma, dice que ha escuchado enTV -su visión también está deteriorada- la discusión sobre posibles beneficios para presos con enfermedades terminales o de extrema gravedad, especialmente si se trata de aquellos de Punta Peuco. Para un exonerado como Oyarzún, estar vinculado a una causa levantada públicamente por ex militares condenados por delitos de lesa humanidad es algo sumamente incómodo, pero sus ganas de salir pueden más.

¿Le gustaría salir de aquí, aunque eso significara también la excarcelación de violadores de derechos humanos?

Al mal tiempo, buena cara. Sí, me gustaría enormemente.

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La lista de enfermos de extrema gravedad y/o terminales que maneja Gendarmería tiene nueve nombres. En ella figuran cuatro internos de Punta Peuco.

Uno, el ex sargento de Carabineros Pedro Vivian Guaita (76), condenado a 12 años de cárcel por dos secuestros calificados del dirigente de las JJ.CC. Pedro Acevedo y del mirista Alonso Lazo. Hoy tiene leucemia mieloide crónica y un posible cáncer pulmonar.

Dos, el ex suboficial de Ejército René Cardemil (74), condenado a 10 años por el homicidio calificado de seis personas en el caso Torres de San Borja. Hoy sufre de cáncer prostático con metástasis.

Tres, el sargento de Carabineros Gustavo Muñoz Albornoz (75), condenado a 10 años y un día por el homicidio y secuestro calificado de personas entre Temuco, Valdivia y Osorno. Actualmente sufre de insuficiencia renal y cardíaca.

Y cuatro, el ex suboficial de Ejército Raúl Zapata Enríquez (83), condenado a ocho años de cárcel por homicidio y secuestro calificado de varias personas en Osorno y comunas aledañas. Sufre de un linfoma de Hodgkin y de insuficiencia cardíaca.

Los otros cinco nombres provienen de las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Biobío. En su mayoría están cumpliendo condena por delitos sexuales, como violación, abuso infantil o estupro y padecen diversos tipos de cáncer (a la vesícula, al páncreas y a la piel) e insuficiencias renales y cardíacas. La única excepción, en cuanto al tipo de delito, es Iván Oyarzún, condenado a cinco años y un día por falsificación de instrumento público. Su estado de salud también es distinto, pues pese a sufrir de Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), entre otras afecciones, su condición no es necesariamente terminal.

De acuerdo a las estimaciones de Gendarmería, todos ellos cumplen con los requisitos necesarios para aspirar a un indulto o un eventual beneficio de poder cumplir su condena en sus domicilios. Sin embargo, tanto la nueva subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries, como el ministro de Justicia, Jaime Campos, han dicho durante los últimos meses que se requieren nuevos mecanismos legales para abordar la situación de reos en extrema gravedad, más allá de si se trata de delitos de lesa humanidad.

Aunque las palabras de Fries yCampos no encontraron una respuesta afirmativa de parte de La Moneda -cuya vocera los calificó como comentarios "personales"-, el tema de los beneficios carcelarios volvió a la palestra. En la última semana, el senador RNAlbertoEspina presentó un proyecto de ley que normaría el cumplimiento de condenas domiciliarias en caso de una enfermedad terminal y que deberá ser discutido en el Congreso. El acto ecuménico del viernes en Punta Peuco, en el cual algunos internos mostraron arrepentimiento público por sus crímenes, fue un paso más allá, pues fue algo inédito en las causas de violaciones a los DD.HH.

Por otra parte, tanto parlamentarios del ala izquierda de la Nueva Mayoría como abogados y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad hacen distintas lecturas de las convenciones internacionales. Mientras algunos argumentan que en el caso de los ex uniformados se debe cumplir con requisitos mucho más estrictos, como una colaboración efectiva con las investigaciones y el arrepentimiento real, otros dicen que para los autores de este tipo de delitos no cabe ningún beneficio, más allá de su estado de salud.

"En el caso de los enfermos terminales, no cabe hacer exclusión de ninguna especie. Esta es una regla general aplicable a todos los delincuentes", indicó el ministro Campos esta semana en la Cárcel de Valparaíso, la misma donde Iván Oyarzún espera por alguna definición.

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Para llegar hasta la casa de Cecilia Cuevas hay que subir hasta lo más alto del sector El Retiro, en Quilpué. Ella ha hecho prácticamente toda su vida en el mismo barrio. Fue allí donde se crió con las hermanas menores de Iván Oyarzún, las mellizas Ivonne y Cecilia. A él lo conoció recién en 1990, cuando regresó de Alemania, después de más de 25 años.

Cuevas comenta que su marido fue rebelde toda su vida, desde niño, cuando se arrancaba a los cerros para huir de los correazos de su mamá, Rosa Fuentes. Su padre, Manuel Oyarzún, era funcionario de la Armada y aspiraba que su hijo siguiera el mismo camino, pero solo duró un año en la escuela. "Decía que no era para él", cuenta ella. Con 20 años se fue a trabajar al norte, donde conoció a su primera esposa. Juntos se establecieron en Santiago, en la Villa México, ubicada en el límite entre Cerrillos y Maipú. Allí se involucró en las juntas vecinales.Fue el punto de partida de su actividad política, que posteriormente lo llevó a las filas del Partido Socialista. Con el ascenso de Salvador Allende a la Presidencia, Oyarzún obtuvo un trabajo dentro del denominado Grupo de Amigos del Presidente o Guardia Armada Presidencial (GAP), pero más que al propio Allende, le tocó resguardar a otras figuras de la Unidad Popular, como el socialista Clodomiro Almeyda, quien fue canciller y ministro de Defensa durante el gobierno.

Con el Golpe de Estado, Oyarzún quedó en la clandestinidad. Estuvo oculto durante casi un año, hasta que fue descubierto y atacado por integrantes del aparato represivo del régimen militar. Según cuenta su mujer, le dispararon y lo dieron por muerto en el aeropuerto de Cerrillos, pero sobrevivió. A duras penas, logró escapar hacia Argentina en 1974, con ayuda de la Vicaría de la Solidaridad. Posteriormente, se refugió enRumania y luego pasó a Alemania Oriental, donde trabajó en restoranes, cocinas industriales y como cuidador, siempre de noche. Durante esa época habría conocido a varias figuras de la Concertación y habría compartido edificio en Potsdam durante una temporada con Michelle Bachelet, que vivía un par de pisos más arriba.

El triunfo del "No" en 1988 finalmente convenció a Oyarzún de que podía volver a Chile. Lo hizo en 1990, ya separado de su esposa e hijo, quienes se quedarían un par de años más en Berlín. Entonces inició su relación con Cecilia Cuevas y comenzaron un negocio en el rubro microbusero, recubriendo máquinas antiguas con fierros traídos de Alemania. "Nos fue mal con los choferes, perdimos todo", dice su mujer. Los emprendimientos posteriores no dieron resultado y su señora se vio obligada a trabajar. Oyarzún se quedaba en la casa, sin mucho que hacer, con dos hijos pequeños, Iván y Camilo.

"El se sentía muy inútil y eso lo llevó a hacer cosas que no corresponden", cuenta Cuevas sobre la época en que todo comenzó a torcerse.

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El prontuario de Oyarzún se inauguró el 18 de octubre de 2000, cuando fue condenado a cinco años y un día por tráfico de cocaína en Valparaíso. Pasaría tres años y medio encarcelado, hasta recibir la libertad condicional en abril de 2004. "Me costó adaptarme a estar con él nuevamente cuando salió. Era muy celoso, pero también era un buen padre y nunca me levantó la mano", dice Cecilia Cuevas, quien recuerda que su marido le prometió que se comportaría bien de ahí en adelante.

No pasó mucho tiempo y Oyarzún volvió a meterse en problemas con la justicia. En febrero de 2005 fue detenido otra vez con nueve bolsitas de cocaína y un revólver descargado calibre 32 por las calles de Quilpué. Estuvo en prisión preventiva casi ocho meses más, pero esta vez se le llevó a un procedimiento simplificado con 60 días de presidio que se dieron por cumplidos.

Antes de su segunda gran condena, Oyarzún tuvo episodios menores por hurto en supermercados, por los que solo tuvo que pagar una multa. Su situación económica era precaria, ya que contaba con una pequeña pensión por sus años de trabajo enAlemania y una chilena por su condición de exonerado. Fue en 2010 cuando comenzó a cobrar cheques robados. El 3 de diciembre de ese año concurrió a una sucursal de CorpBanca en Valdivia para cobrar un documento de Jacqueline Hadermann por $ 1.350.000. Un par de años después, el 3 de febrero de 2012, hizo lo mismo con un cheque de Adolfo Melo en Puerto Montt y luego, el 27 de febrero de 2012, repitió la operación en un Banco de Chile de Isla Teja con otro cheque de $ 845.300 perteneciente a MarioCortés, quien una semana antes había sufrido el robo de algunos documentos desde su auto, cuando este estaba estacionado en el sector de las Termas Geométricas, en Panguipulli. En todos los casos, las firmas habían sido falsificadas.

Cuevas recuerda la sorpresa que se llevó la familia cuando fueron notificados de la investigación por el cheque de Puerto Montt en 2013. La condena sería de 541 días, pero se daría por cumplida con los seis días de detención preventiva. El problema real vendría al año siguiente, con el proceso por los dos cheques cobrados en Valdivia. Oyarzún ya había comenzado a mostrar señales de deterioro físico producto de la diabetes y de un par de accidentes cerebrovasculares que lo habían obligado a desplazarse ayudado por un bastón. Junto a su mujer tuvieron que hacer cuatro viajes en bus durante todo el proceso, hasta el juicio oral, el 27 de septiembre de 2014.

El día de la audiencia, Oyarzún entregó su versión respecto de lo que había pasado. Dijo que una persona con acento extranjero, a quien conocía comoReinaldo, lo había contactado y le había ofrecido repartirse el dinero si cobraba un cheque por él, que le había ofrecido el 20%. Repitió el mismo patrón tanto en 2010 como en 2012. Oyarzún aseguró que no sabía que los cheques eran robados.

"Accedí a esto porque mis hijos estudian y estoy sin dinero. No medí las consecuencias", dijo.

La exposición de la fiscalía fue tan contundente, que Oyarzún aprovechó sus palabras al cierre para confesar que "sí sabía que los cheques eran robados", que "la exposición que se ha hecho me sirve de experiencia", que "estoy pronto para irme pa'l otro lado" y que "no voy a cometer más este tipo de cosas".

La sentencia fue dura, porque la reincidencia no le permitía aspirar a atenuar la pena. Con 70 años, Oyarzún recibió una condena de cinco años y un día por falsificación de instrumento público. Cuevas dice que hubo gente que le recomendó esconderlo, pero en su estado era impracticable, aunque hubiesen querido hacerlo. Cuando los carabineros finalmente fueron a buscarlo, empezaron a hablar entre sí y a preguntarse "cómo se iban a llevar al abuelito".

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¿Sabía que los cheques eran robados?

Tonto no soy. Tonto pillo, quizás.

Oyarzún responde lo que puede hablando con la mitad derecha de la boca. Desde que volvió a la Cárcel de Valparaíso, hace casi dos años, su estado de salud empeoró notoriamente. En febrero de este año tuvo una crisis pulmonar que lo tuvo casi dos meses internado en el Hospital Van Buren. Después de eso pasó de andar con bastón directamente a la silla de ruedas, aunque Olguín trata de hacerlo caminar diariamente algunos pasos con un "burrito". Su enfermedad prostática también se ha vuelto un problema para sus compañeros de celda, que van rotando constantemente, porque no soportan el mal olor. El único que sigue firme a su lado es DanielOlguín, quien asegura que ahora el problema también es mental. "Se le pierden los días. Hay días en que amanece muy lento. El tratamiento que le dan aquí es bien precario. Y es harto trabajo para mí. A veces colapso. Creo que es injusto que muera aquí. ¿No cree usted que es injusto", dice Olguín, que asegura haberse sorprendido al descubrir que era capaz de cuidar a otra persona.

Las incipientes señales de demencia senil pusieron a trabajar a la abogada Tamara Farrah, de la defensoría penal penitenciaria de la zona, en un nuevo camino para lograr la liberación de Oyarzún. Además de tramitar un eventual indulto presidencial, ahora también aspira a reabrir la causa de los cheques en Valdivia para argumentar enajenación mental, es decir, que su cliente no está en condiciones para cumplir condena, pues ni siquiera se da cuenta de su situación. Para ello está pendiente un examen psiquiátrico completo. "No debiera estar aquí en esas condiciones. Es una situación caótica, es triste verlo tan delgado. Quizás en la casa se puede recuperar un poco", dice su esposa.

Oyarzún no es capaz de explayarse respecto de lo que piensa al estar en la misma vereda de quienes lo obligaron a dejar Chile en 1973, pero se queja de los beneficios que recibieron otros reos de Valparaíso en abril de parte de la Comisión de Libertad Condicional. Su esposa cree que no deberían igualarse sus circunstancias: "Es delicado. Ellos torturaron, mataron, cosas horribles. ¿Cómo le van a dar beneficios a esas personas? Mi marido está cumpliendo por unos cheques, no porque haya matado o torturado. Esas personas no merecen estar afuera. No sé si deberían mezclar los beneficios, pero si se va a hacer una ley y va a favorecer a ellos y a mi marido, bueno, tendremos que aceptarlo".

Suena una chicharra que simboliza el final de la visita. Cuevas se despide con un beso y agarra dos bolsas con ropa sucia que se llevará a Quilpué. Olguín, por su parte, ayuda a Oyarzún a subir las escaleras del gimnasio y luego lo deja sentado en su silla de ruedas. Dice que vuelve de inmediato. Mientras todo el mundo desaloja el recinto, Oyarzún se queda quieto. No puede hacer mucho más que esperar que alguien lo ayude y lo saque de ahí.