La polémica ley que aumenta los cultivos de coca en Bolivia

La legalización de más cultivos de coca en Bolivia, con la justificación de que se industrializarán y se exportarán, contradice el esfuerzo de la lucha antidroga en el país y amenaza con resentir su relación con la comunidad internacional.

El Parlamento, controlado mayoritariamente por el partido del Presidente Evo Morales, aprobó una norma que sube el volumen legal de los cultivos de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, modificando una ley que estuvo vigente durante 29 años, desde 1988.

La nueva Ley General de la Coca, que debe ser promulgada por Morales, permite a los campesinos de los Yungas y de otras zonas de la región de La Paz cultivar 14.300 hectáreas y a los del Chapare (centro), 7.700 hectáreas.

En la Constitución de Bolivia la coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y la masticación de la hoja o acullicu que practican algunos sectores sociales, pero también es la base para producir cocaína.

Los cocales de Yungas son conocidos como tradicionales porque nutren la comercialización para el masticado y otros usos lícitos, mientras que sobre gran parte de las toneladas de coca del Chapare cae la sospecha de que son desviadas al narcotráfico.

Esa presunción tiene como base el dato de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) de que el mercado legal de La Paz capta un 93% de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7 % de lo producido en el Chapare.

La conclusión de opositores, medios y analistas, y que también ha sido reconocida algunas veces por las autoridades, es que los narcotraficantes se benefician de las plantaciones del Chapare, aunque nada garantiza que toda la producción que pasa por los mercados legales tenga finalmente un destino legal.

"Si antes de esta ley la mayor parte de la hoja de coca del Chapare estaba destinada a la producción ilícita de la cocaína, con este aumento de 10.000 hectáreas más queda claro que se va aumentar la cantidad que vaya desviada a esa actividad", opinó el analista Carlos Alarcón, en declaraciones a Efe.

Los nuevos volúmenes aprobados son superiores a los que la Unodc registró en su último informe sobre los cocales de Yungas y el Chapare, que eran de 14.000 y 6.000 hectáreas, respectivamente.

El gobierno de Morales defendió durante años que el límite legal de los cocales debería subir de 12.000 a 20.000 hectáreas, pero para sorpresa de todos en cuestión de horas aprobó el viernes conceder 2.000 hectáreas más ante la presión de las protestas de cocaleros.

Para Alarcón la nueva normativa es una violación de la convención antidroga de Naciones Unidas de 1961, a la que Bolivia pidió volver a adherirse en 2013 después de que el organismo reconoció el acullicu como una práctica cultural.

A juicio de Alarcón, la nueva ley puede ser interpretada como "una mala señal" por la comunidad internacional, que apoya y financia parte de la política antidrogas de Bolivia y había mostrado su "buena fe" con la excepción al veto a la masticación de la hoja.

La nueva norma también ha sido cuestionada porque un estudio financiado por la Unión Europea, que realizaron estadísticos del gobierno, estableció que se necesitan 14.705 hectáreas para el consumo legal en hogares, establecimientos económicos y el comercio fronterizo.