La red de Odebrecht en América Latina
El caso de Ollanta Humala en Perú evidencia no solo los alcances de la red montada por la empresa brasileña, sino cómo el PT influía en la región.
La decisión de la justicia peruana de decretar prisión preventiva por 18 meses al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por, entre otras acusaciones, recibir US$ 3 millones en forma irregular de parte de la empresa brasileña Odebrecht volvió a dejar en evidencia los alcances de la red de corrupción y pago de favores montada por el sistema político-empresarial de Brasil. Las revelaciones sobre el financiamiento irregular de los partidos brasileños que dieron origen al llamado caso de Lava Jato se terminó convirtiendo solo en el primer paso de un esquema mucho más amplio de corrupción que benefició no solo a representantes políticos de ese país sino también a figuras de distintas naciones de la región como ha ido quedando en evidencia a lo largo de más de tres años de investigaciones, tanto en Brasil como en el resto del continente.
De acuerdo con lo declarado por el propio Marcelo Odebrecht y diversos ex ejecutivos de la empresa ante los fiscales brasileños y frente a la justicia de Estados Unidos donde también enfrentó un proceso, la compañía desembolsó US$ 788 millones para sobornar a funcionarios públicos y representantes de partidos políticos con el fin de adjudicarse valiosos contratos de infraestructura. En Estados Unidos, además, tras el reconocimiento de culpabilidad en diciembre del año pasado, la justicia acordó que la compañía pagara una multa total de US$ 4.500 millones, la mayor impuesta en el mundo en un caso de soborno, pero Odebrecht aseguró que sólo puede pagar US$ 2.600 millones.
El esquema de la empresa brasileña, que alcanzó incluso a países africanos como Mozambique y Angola, operó principalmente en América Latina. Hasta ahora hay casos abiertos en la justicia de diez países de la región por los supuestos aportes ilegales y pago de sobornos que van desde México hasta Argentina, pasando por República Dominicana, Panamá, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el propio Brasil por un total de US$ 735 millones. Pero como ha quedado de manifiesto en las investigaciones llevadas a cabo por la justicia brasileña y peruana, el esquema no solo funcionaba como un pago de sobornos de la empresa, sino también como una red de apoyo político operada por el Partido de los Trabajadores de Brasil a través de Odebrecht. El caso más evidente es precisamente el que afecta al ex presidente peruano Ollanta Humala.
Según declaró Marcelo Odebrecht fue el ministro brasileño Antonio Palocci -ex titular de Hacienda de Lula y entonces jefe de gabinete de Dilma Rousseff- quien le pidió personalmente apoyar a Humala y entregarle los US$ 3 millones. Según él, la justificación principal fue "un alineamiento ideológico". A través de ese sistema, Odebrecht -al igual que otras compañías como OAS- se beneficiaban de contratos fiscales y el PT influía en las elecciones presidenciales de la región. La gravedad del caso y lo preocupante que resulta que un partido de un tercer país influya en las elecciones de otra nación exigen a la justicia avanzar con prontitud en la aclaración de los distintos casos y reforzar la coordinación entre las entidades prosecutoras de la región para así precisar los reales alcances de la red y la eventual influencia en otros países de la región.
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