El lapidario informe con el que el Mineduc pide el cierre definitivo de la U. Arcis

El pasado 11 de abril, el Consejo Nacional de Educación (Cned) recibió por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) el requerimiento para revocar el reconocimiento oficial de la U. Arcis.

Con esto, podría comenzar el fin de una crisis que se arrastra desde mediados de la década pasada y que, según señaló hace algunas semanas a La Tercera el ex rector del plantel, Tomás Moulian, se acrecentó en 2014, luego de que el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ligado al Partido Comunista, retirara sus fondos del plantel.

A esto se suma lo que ocurrió a finales de febrero, cuando un fallo del Cuarto Juzgado Civil de Santiago obligó a la liquidación del patrimonio del recinto educacional.

Y si es que el Cned, dentro de los próximos días, acepta la solicitud de revocación de reconocimiento, se dará paso al plan de cierre, lo que terminaría definitivamente con la U. Arcis.

Con todo, el documento entregado por el ministerio da a conocer los argumentos y los hechos que llevaron a la conclusión de que la universidad debe terminar.

El primero de ellos se refiere a la situación económica y financiera de la institución. De acuerdo con el texto, esta tiene un profundo grado de endeudamiento y está impedida de encontrar nuevas fuentes para el ingreso de recursos. Por ello, su situación patrimonial se torna "inviable para sostener su proyecto educativo en el futuro".

Además, habría una deuda con entidades financieras, académicos, funcionarios y proveedores por $ 8.880 millones. Esta morosidad solo se logró reducir parcialmente con la venta de la sede Huérfanos, que se realizó hace algunos meses. El plantel recibió por este edificio $ 2.634 millones, por lo que bajó a $ 6.200 millones. Ademas, la universidad está tratando de vender la sede de Libertad, lo que le significaría un ingreso de $ 5.600 millones.

Por otro lado, el establecimiento tiene un cuantioso número de litigios en su contra, los que se han originado por "el incumplimiento de obligaciones de naturaleza financiera, laboral, administrativa y previsional". De ellas, destaca el documento del Mineduc, al menos 180 son sentencias condenatorias "respecto de las que la institución aún no ha dado cumplimiento".

A finales del año pasado, el administrador provisional del plantel, Patricio Velasco, señaló que se debían matricular a al menos 570 alumnos para que el proyecto fuera viable.

La cifra real de matriculados para este año, sin embargo, es muy inferior a la meta: solo 10 alumnos estuvieron interesados en inscribirse, y todos ellos se retractaron finalmente de su incorporación a la entidad. Y es que la matrícula venía desde hace años a la baja. En 2017 había poco más de 5 mil alumnos, luego, en 2012 la cifra bajó a 3.200 y ya en 2016 los alumnos apenas alcanzaban los 926.

El martes pasado, la federación de alumnos, académicos y trabajadores fue hasta el Cned para presentar la situación de la universidad y la voluntad de que esta siga abierta.

En la instancia, también presentaron un documento en el que señalan su oposición al cierre del plantel y donde critican la forma en que funcionó la ley del administrador provisional.

En esa línea, el documento sostiene que la Ley 20.800 es "un fracaso del gobierno, ya que no cumple sus objetivos ni soluciona los problemas que en el espíritu de la misma ley pretendía solucionar".

También piden que se verifique la situación financiera de la universidad y solicitan que se prorrogue la administración provisional "mientras existan recursos judiciales pendientes referentes al proceso de quiebra de la institución" y también solicitan que se evalúe y se acepte el plan de viabilidad financiero presentado por la comunidad "para darle al plantel una oportunidad de continuidad mientras transcurre el proceso de liquidación, con el objeto de que Arcis sí tenga una expectativa a futuro y no temporal".

La presidenta de la federación, Sandra Beltrami, señaló que le plantearon al Cned "una propuesta en el caso de que sea inminente el cierre, porque queremos que los derechos de los estudiantes estén garantizados".