Las 80 denuncias por abuso sexual que ha enfrentado la Iglesia en Chile

La investigación sobre abusos cometidos por miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas en colegios chilenos sigue en escalada, luego de que ayer el diario catalán El Periódico llevara en su portada un reportaje sobre cómo la orden religiosa silenciaba las denuncias.

La Fiscalía Sur maneja antecedentes sobre los presuntos delitos sexuales cometidos por seis maristas -dos de ellos ya fallecidos-, investigación que se inició a partir de una denuncia contra Abel Pérez Ruiz, acusado de abusar de 14 menores, 10 del Instituto Alonso de Ercilla y otros cuatro del Colegio Marcelino Champagnat, en La Pintana.

¿Cuántos sacerdotes y religiosos católicos están vinculados a casos de abusos sexuales en Chile? La nómina es mantenida en privado por la Iglesia. El 2011, tras las denuncias de abusos sexuales contra el sacerdote Fernando Karadima, el episcopado decidió subir a su página web un listado con los condenados por este tipo de delitos, que entonces llegaba a 18 presbíteros sancionados por la justicia civil o la canónica. Sin embargo, el 2016 se retiró la lista de nombres cuando los casos sumaban 32.

La ONG norteamericana Bishop Accountability, entidad que recopila casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo, ha estado trabajando en un listado de religiosos chilenos que han enfrentado denuncias de este tipo. Anne Barrett Doyle, directora de la organización, presentará el documento en una conferencia de prensa este miércoles.

Una investigación de La Tercera compiló toda la información oficial publicada por la Iglesia sobre denuncias presentadas desde 2002 (año en que se destapó el caso de Andrés Aguirre, el "cura Tato"); hizo una completa revisión de los archivos de prensa; consultó al Ministerio Público sobre el estado de las causas, y examinó medios regionales a lo largo de todo Chile para incluir casos locales que jamás fueron conocidos en Santiago.

Resultado: 45 religiosos católicos han sido condenados, ya sea penalmente o por el Vaticano, por abusos sexuales; 34 de ellos por abusos sexuales contra menores de edad. Pero, además, otras 11 causas se mantienen pendientes de resolución y otras seis fueron cerradas por traslado o fallecimiento del denunciado (en tres causas los sacerdotes se quitaron la vida poco antes o tras ser acusados). También hay 18 casos en que la justicia decretó el sobreseimiento, la prescripción del delito o absolución por no tener las pruebas que acreditaran las denuncias.

Así, en total son 80 los religiosos en el país que han sido acusados por abusos: cuatro obispos, 66 sacerdotes, un diácono, dos consagrados y seis hermanos maristas. También se suma el caso de una monja, Isabel Margarita Lagos, sor Paula, quien falleció el 2012 tras ser removida como superiora de Las Ursulinas, denunciada al Vaticano por abuso sexual contra alumnas.

Sólo en los casos donde la veracidad de las acusaciones pudo ser confirmada se registra más de un centenar de víctimas de abusos sexuales.

Este listado -que puede revisarse en la infografía adjunta y su detalle en www2.latercera.com- no incluye a sacerdotes denunciados como encubridores, tampoco a quienes han sido sancionados por otras faltas, como el párroco Juan Esteban Morales, cercano a Karadima, condenado por la Iglesia por "abuso de poder".

En varios países del mundo se elaboran listados con casos de abusos en el clero. En 2017, una investigación realizada por la agencia Telam detectó 62 denuncias por abusos sexuales contra sacerdotes en Argentina desde 2002. En Italia, 135 sacerdotes fueron denunciados entre 2000 y 2011, 53 de ellos condenados por la Iglesia, según la conferencia episcopal de ese país.

Bishop Accountability registra casos ocurridos desde los años 50 y contabiliza más de dos mil denuncias en Estados Unidos, además de publicar un listado con obispos denunciados en 29 países del mundo.

Más de una veintena de los casos chilenos corresponde a directores o profesores en colegios católicos y la mayoría de los denunciados son sacerdotes diocesanos. Pero el tema impacta transversalmente a varias congregaciones: según los antecedentes recopilados durante este análisis, la Congregación Salesiana, los Hermanos Maristas y la Orden de la Merced acumulan 14 denuncias por delitos sexuales. Los salesianos enfrentaron acusaciones en Concepción, Puerto Natales, Valdivia y Porvenir, siendo los casos más emblemáticos el del sacerdote Rimsky Rojas, quien se quitó la vida en 2011, y el de Audín Araya, enviado tres meses a Colombia para someterse a un tratamiento psiquiátrico.

En tanto, en los cuatro casos en que están implicados miembros de la Provincia Mercedaria, resalta la sanción canónica contra el religioso Pedro Labarca Araya, ex superior de la congregación. Tras ser investigado por denuncias de abusos contra menores, el Papa Francisco lo sancionó en abril de 2017 con la dimisión "del estado clerical".

La Compañía de Jesús tampoco queda ajena a estos hechos. Uno de los casos más conocidos involucró al fallecido sacerdote y ex rector del Colegio San Mateo de Osorno, Juan Miguel Leturia, quien fue condenado por la justicia canónica por cometer delitos contra menores de edad. El religioso jesuita, quien también fue profesor del Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle, fue sobreseído por la justicia civil, ya que los delitos sexuales por los que era investigado estaban prescritos. Otro caso connotado de los jesuitas es el del provincial de la orden en Chile, Eugenio Valenzuela, quien si bien la justicia canónica no encontró delitos por tratarse de mayores de edad, fue suspendido del ejercicio sacerdotal.

El Movimiento de Schöenstatt registra una denuncia contra Francisco Basáñez Méndez, ex vicerrector del Santuario Nacional de Maipú. En 2015, la Iglesia abrió una investigación canónica en su contra y, en paralelo, la fiscalía lo investiga en el ámbito penal. Su sucesor en el cargo fue Rodrigo Gajardo, también de Schöenstatt, condenado por abusar de un adolescente mientras este dormía. Y en el caso del ex obispo de La Serena Francisco José Cox, representante de la congregación en Chile, si bien la Iglesia no recibió una denuncia formal, en 2002 fue separado de su cargo y enviado a un monasterio en Alemania, por "conductas impropias" con menores de edad.

El Opus Dei es una de las agrupaciones religiosas que no registra casos conocidos de abusos contra menores.

En el caso de los Legionarios de Cristo, el sacerdote de origen irlandés John O'Reilly fue condenado por la justicia a cuatro años de libertad vigilada por abusos sexuales reiterados contra una menor del Colegio Cumbres.

También hay otras denuncias y condenas contra sacerdotes extranjeros que estaban en Chile, ya sea de forma permanente o como misioneros. En estos casos existen religiosos investigados y sentenciados provenientes de Argentina, Perú (el franciscano Gerardo Araujo), Bélgica, Bolivia, Filipinas, Colombia, y otro sacerdote irlandés en Chile: Jeremiah Healy.

En 2013, el Arzobispado de Santiago ordenó disolver la congregación Misioneros de San Francisco de Sales y sancionar a los sacerdotes Roberto Salazar y Héctor Valdés, por casos de abusos en Lebu, que culminaron con el suicidio de un acólito de 13 años.

Además de Santiago, las ciudades que más registran casos son San Felipe, Copiapó, Rancagua y Punta Arenas, con cuatro sacerdotes denunciados cada una.

Por su gravedad y alcance, este ha sido uno de los temas centrales que ha marcado a la Iglesia Católica en las últimas décadas y se han tomado varias medidas para enfrentarlo, explican en la Conferencia Episcopal.

"El Papa Francisco conoce bien las alegrías, dolores y esperanzas de la Iglesia en Chile. Lo ha analizado junto a los obispos en la última visita ad limina. Por otra parte, ha abordado reiteradamente la gravedad de los casos de abuso que involucran al clero y ha pedido a las conferencias episcopales una actitud decidida en esta materia", señala Pilar Ramírez, coordinadora del Consejo nacional de prevención de abusos sexuales y acompañamiento a víctimas. La instancia fue creada el 2011, tras el caso Karadima, como organismo asesor de los obispos del país.

Ese año se actualizaron los protocolos de 2003 para manejar las denuncias de abusos contra miembros del clero y que fijan que los casos deben ser remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual determina las sanciones que pueden llegar hasta la expulsión del religioso de la vida sacerdotal.

Durante los últimos años se han establecidos talleres y guías de prevención de abusos, tanto para seminaristas como para sacerdotes. El plan es que en un plazo de cinco años, que comenzó a correr el 2015, la totalidad de los religiosos católicos en Chile curse capacitaciones en esta materia, con énfasis en la legislación penal y canónica, para evitar que sigan ocurriendo estos delitos, que han dañado la credibilidad y el prestigio de la institución.