Las cuantiosas transferencias del Estado a las iglesias cristianas

Los $ 5 mil millones que el gobierno comprometió en octubre de 2016 para restaurar la Catedral Evangélica de Estación Central, el mismo recinto donde la Presidenta Michelle Bachelet fue increpada por un grupo de asistentes al Tedeum evangélico, no es el único aporte económico que han recibido estas iglesias por parte del Estado.

A este monto, según los registros del Ministerio de Hacienda, se suman otros aportes que superan los $ 3.500 millones, desde que comenzó el mandato de Bachelet, en marzo de 2014. Es decir, se traspasan cerca de $ 1.000 millones anuales a distintas entidades.

En su mayoría estos traspasos de dinero apuntan a que las organizaciones religiosas mejoren sus instalaciones, financien sus gastos generales de oficinas o utilicen los fondos para nuevos proyectos sociales. Estos aportes no consideran los traspasos por concepto de subvención escolar a establecimientos educacionales vinculados al mundo evangélico, los cuales solo por este concepto recibieron más de $ 38 mil millones del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2017.

A esto se debe sumar el traspaso de inmuebles fiscales para el funcionamiento de las iglesias, para lo cual el gobierno se comprometió a traspasar cerca de 100 propiedades. Entre marzo de 2014 y agosto de 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales cedió 48 propiedades a organizaciones evangélicas o protestantes. De ese número, 44 corresponden a concesiones de uso gratuito de corto plazo, cuyo tiempo máximo es de cinco años, tras lo cual debe someterse a una evaluación para renovar su uso. Del total de propiedades entregadas por esta cartera, 21 de ellas (el 47,7%) se entregaron en la Región del Biobío.

En tanto, durante el mandato del ex presidente Sebastián Piñera, Bienes Nacionales "ejecutó 45 actos de administración con entidades protestantes y evangélicas en el país, que incluyen dos transferencias gratuitas", detalla una minuta de esa cartera.

Víctor Osorio, ex ministro de Bienes Nacionales hasta 2016 -y hoy candidato a diputado por el distrito 8- trabajó en esta materia. Según Osorio, "nuestro énfasis fue incrementar el trabajo para resolver necesidades de interés público. Y en lo específico, incrementar nuestra labor con las entidades de la sociedad civil, entre ellas las iglesias. De la misma manera que entregamos inmuebles a juntas de vecinos o municipalidades, eso también implicó una relación con las entidades eclesiásticas". Agrega que el Ministerio de Vivienda también realiza traspasos de terrenos fiscales a estas organizaciones.

Entre los aportes que recibieron entidades evangélicas se encuentran iglesias y fundaciones vinculadas al obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas, y al ex capellán evangélico de La Moneda, Jorge Méndez, por más de $ 300 millones, incluido el aporte a la Fundación Cultural, Educacional, Social y Comunicacional "Para vivir en un mundo mejor", que controla el canal Televisión Nacional Evangélica (TNE) que transmite a través de la señal VTR, y que está bajo la supervisión de ambos religiosos.

A los aportes estatales hay que sumar, como vía de financiamiento de las entidades evangélicas, el diezmo mensual que entregan los fieles a sus respectivas iglesias. Incluso en los sectores de menores recursos, la mayoría de los evangélicos aporta como donativo el 10% de su sueldo.

Estos recursos sirven para el funcionamiento y administración de los templos, como también para la remuneración de los pastores. Es el mundo evangélico es tradicional que los líderes religiosos también reciban regalos de dinero en efectivo para sus cumpleaños o aniversarios.

Al ser instituciones de derecho público, gracias a la Ley de Culto, las organizaciones religiosas no deben rendir balances financieros ni entregar informes de actividades, como tampoco tienen obligaciones en materia de transparencia. Solo rinden cuenta a sus propios fieles y a través de las asambleas que se forman en cada una de las iglesias.

El gobierno trabaja en una reforma a la Ley de Culto, que podría ser presentada a fines del mandato de Bachelet y que, entre varias medidas, busca entregar mayores atribuciones al Ministerio de Justicia para que cuente con antecedentes sobre los gastos e ingresos de las entidades religiosas, y que éstas entreguen informes cuando realicen modificaciones en sus estatutos. Asimismo, busca regular a las organizaciones evangélicas que, pese a ser de derecho público, mantienen sus propiedades y bienes raíces al alero de corporaciones privadas inactivas. Se analiza fijar un plazo legal para que se traspasen estos inmuebles.