Ley de migración del país es la más antigua de la región
Norma data de 1975. En 2015 se puso fin a la obligación de tener que contar con pasaje de regreso a su país para obtener residencia.
La entrada de extranjeros en Chile se regula por la Ley de Migraciones (Decreto Ley 1.094) de 1975, la normativa más antigua de la región.
En marzo de 2015, el Departamento Extranjería y Migración puso en marcha una nueva visa, denominada “Por motivos laborales”. Un permiso que permite a extranjeros instalados en Chile obtener su visa de residencia sólo con la existencia de un contrato de trabajo, sin necesidad de cláusula de viaje (pasaje a su país) y con la posibilidad de cambiar empleador sin tener que dar aviso.
La derogada cláusula condicionaba la visa a un contrato de trabajo y que el empleador pagara el pasaje de vuelta al país de origen para el trabajador y su familia una vez terminada la relación laboral. Además, el trabajador debía completar dos años como titular de visa sujeta a contrato para solicitar un permiso de permanencia definitiva.
Si cambiaba de empleador, se pedía una nueva visa con el nuevo empleador en un plazo máximo de 30 días para no quedar en situación migratoria irregular.
Para Miguel Yaksic, director del Servicio Jesuita a Migrantes, con esa nueva medida el Estado le entrega al sector privado la regulación de la visa. “Pero entre que el empresario lo contrata y obtiene el permiso de trabajo, pueden pasar 40 días y hace más difícil que lo contraten si está en situación irregular, sin visa y excluido del sistema de previsión social”.
Está pendiente reformar la legislación migratoria y adoptar una política de Estado que tenga un enfoque de derecho sobre migración, sostiene Delfina Lawson, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales. “En ese marco normativo y en desarrollo de esa política pública se deben incorporar los derechos laborares independiente del estatuto jurídico que tengan del país”, aclara.
El principal problema, dice Yaksic, es que el acceso y ejercicio de los derechos se determina por tener trabajo, “y no los tienen por el solo hecho de ser persona”.
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