Ley sobre fideicomiso sólo regula valores emitidos en Chile

Aunque desde inicios de 2005, cuando Sebastián Piñera lanzó su primera candidatura a la presidencia, se instaló el debate sobre el fideicomiso ciego, fue recién este año que se publicó la Ley de Probidad en la Función Pública, que introdujo y reguló esta figura para la administración de activos, para evitar casos de conflicto de interés.

Ese año 2005, el entonces presidente Ricardo Lagos anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la tenencia de activos financieros para autoridades públicas, justo en medio de la aparición de Piñera como presidenciable. El entonces precandidato apoyó la propuesta, pero la reforma definitiva sólo terminó ordenando el envío de declaraciones de intereses a quienes ocupen cargos de relevancia pública, mientras que se evaluaría caso a caso la pertinencia de establecer un fideicomiso ciego.

Si bien hubo otros intentos de parlamentarios y también del gobierno de retomar este tema -utilizado en varios países desarrollados-fue recién en 2011 cuando ya en La Moneda el propio Piñera envió un proyecto de ley denominado Probidad en la Función Pública, para regular y ordenar este concepto, retomando una idea original del primer gobierno de la Presidenta Bachelet.

El proyecto fue largamente discutido y fue recién el año pasado se aprobó, para ser publicado a comienzos de 2016. Respecto a la tenencia de acciones, bonos u otros instrumentos de sociedades inscritas en el país, la ley señala que los sujetos poseedores de títulos cuyo valor supere las 25 mil UF (unos $ 660 millones, aproximadamente US$ 1 millón) la autoridad tiene dos opciones: constituir un mandato sobre la totalidad de los activos, o bien vender el porcentaje que sobrepase dicho valor. Todo, en un máximo de 90 días luego de asumir la función pública.

Es decir, en lo que respecta al manejo de activos, sólo es mandatorio para valores emitidos en Chile y no en el exterior. Esta norma rige para el presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados, senadores, el Contralor General de la República, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y jefes superiores de entidades fiscalizadoras.

Este es uno de los puntos en que basó ayer su defensa el ex presidente Piñera, pues a nivel legal, ni siquiera la ley actual lo obliga a constituir un fideicomiso ciego respecto de sus valores fuera de Chile.

Según el abogado Jorge Claissac, quien participó activamente en el debate de la ley, esto se decidió así porque el espíritu de la regulación es evitar que alguna autoridad haga uso de su cargo para beneficio de sus negocios. "Si una autoridad es dueña de acciones de empresas eléctricas y le corresponde regular, eso se debe evitar. Pero cuando el negocio está fuera del país la capacidad de influencia es mínima, si es que existe. Por eso se determinó que era menos urgente", comentó el experto.

Plan voluntario

El ex presidente Piñera aludió ayer a la decisión tomada en 2009, cuando "de forma voluntaria e inédita", como explicó ayer, decidió constituir un fideicomiso ciego en el que participaron cuatro instituciones financieras: LarrainVial, BTG Pactual, Bice y Moneda Asset Management.

En el portafolio del fideicomiso -que según la declaración de intereses del propio Piñera en 2014 generó un retorno negativo durante el período en que ejerció como presidente- se incluyeron activos que sumaban unos US$ 400 millones, entre los que se contaban las acciones de al menos unas 40 sociedades en las que el ex mandatario figuraba como accionista. Si bien nunca se transparentó las empresas en las que tenía participación, algunas de ellas serían Aguas Andinas, CMPC, algunas de las sociedades Cascadas de SQM, Forus, Masisa, Parque Arauco, entre otras.

En esta cartera no se incluyeron los activos de Chilevisión, Blanco & Negro S.A. (concesionaria del club de fútbol Colo-Colo) y Lan Airlines (hoy Latam), que fueron enajenados en procesos paralelos. Precisamente gran parte de la fortuna resultante de esos negocios fue invertida en el exterior.