Los argumentos que se usarán en la querella contra Piñera por negocio de Bancard con Exalmar

El supuesto uso de "información estratégica de los escenarios posibles de pérdida o no de territorio marítimo chileno" es uno de los principales argumentos que usará el diputado del PC Hugo Gutiérrez para querellarse contra el ex presidente Sebastián Piñera, luego que se conociera del negocio que hizo Bancard, empresa donde participa, con la pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba el litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Perú.

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De acuerdo al informe realizado por los abogados del diputado Gutiérrez, al que tuvo acceso La Tercera, "el punto central que revertiría características de delito al tenor de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, sería a partir de que Sebastián Piñera E. como Presidente de la República y premunido de su calidad de jefe de las relaciones diplomáticas del Estado de Chile, en ejercicio de sus funciones accedió a información relativa al litigio marítimo que confrontó a Chile y la república del Perú".

Agrega además que "en ese sentido resulta altamente sospechoso que justo, mientras el señor Piñera era Jefe del Estado, una de las empresas controladoras de sus inversiones Bancorp S.A. en donde son socios todo su núcleo familiar (cónyuge, hijos e incluso su hermano) manejara este "Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo" con la empresa pesquera peruana Exalmar, en donde se registran inversiones de esta empresa ya en agosto de 2012, en pleno litigio marítimo".

El documento puntualiza que "será motivo de la investigación con seguridad advertir si el señor Piñera y su núcleo familiar (socios en la Administradora de Inversiones Bancorp S.A.) y el Gerente de la misma Nicolás Noguera se valieron de información estratégica obtenida a partir del litigio marítimo con Perú, y si esta fue utilizada para efectos de sacar partido e invertir en la empresa Exalmar para efectos de conseguir créditos económicos".

Con estos argumentos, la querella será presentada mañana por el abogado Boris Paredes en representación del parlamentario comunista, presumiblemente en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aludiendo a que el principio de ejecución del delito sería en La Moneda, domicilio laboral del entonces presidente Piñera.