Los cinco funcionarios que la Contraloría denunció ante el Ministerio Público

El Ministerio Público está analizando los antecedentes entregados por el contralor Jorge Bermúdez el jueves, en que se denuncian presuntos delitos de negociación incompatible en 5 reparticiones públicas.

Según fuentes ligadas a la investigación, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas, el oficio también apunta a los jefes de servicios de la administración de finanzas y de otras áreas del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, ubicado en Concepción, y de las gobernaciones regionales de Los Lagos y del Biobío.

Las fuentes señalan que una de las funcionarias públicas denunciadas es Andrea Martínez Artigas, quien -según Gobierno Transparente- es la jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP. Está con régimen de contrata y gana una remuneración bruta de $ 2.372.619.

Otro de los funcionarios a los que apunta la denuncia de Contraloría es Patricio Sáez Bustos, jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Según Gobierno Transparente, está a contrata y percibe un sueldo mensual bruto de $ 1.646.845. De acuerdo con su cuenta en Linkedin, es docente del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Concepción.

También se incluye al jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, Juan Alvear Balmelli. En Dicom figura con un auto y una casa avaluados en $ 56 millones.

A ellos se suma Gloria González Sáez, jefa de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos. Según Dicom, es socia de al menos tres compañías.

La quinta implicada, de acuerdo a la denuncia del órgano contralor, es Daniela Moraga, quien según Gobierno Transparente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades en el Gore del Biobío, desde 2014.

De acuerdo a lo señalado por Bermúdez el domingo a La Tercera, las denuncias se basaron en que "descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de funcionarios con grandes patrimonios (…). Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que éstos trabajan". La indagación se realizó luego del fraude de Carabineros detectado hace unas semanas y se centró en una muestra aleatoria de entidades públicas que manejan altos montos de dinero. El contralor explicó que las auditorías se realizaron durante dos semanas, contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios con la información que maneja el Estado.

"Esta es una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar", dijo Bermúdez en la entrevista.

Por ello, ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció la designación del fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, para investigar a los cinco funcionarios públicos en cuyos servicios la Contraloría detectó irregularidades.

"El pasado viernes, la Contraloría General de la República nos presentó una denuncia y los primeros antecedentes permiten aventurar que los hechos podrían ser constitutivos de delito. Para eso se ha designado al fiscal Raúl Guzmán, quien va a trabajar con un equipo especialmente dedicado al efecto", dijo Abbott.

El máximo jefe del Ministerio Público agregó que "este ha sido un primer cruce de información que se produce tras la actualización de la declaración de patrimonio e intereses. En consecuencia, uno podría prever que en el futuro aparezcan otras situaciones irregulares que el Ministerio Público investigará". En tanto, ayer el Consejo de Defensa del Estado envió un oficio al Ministerio Público y a la Contraloría pidiendo los antecedentes.

Mayores penas

Las sanciones por este tipo de delitos fueron abordadas por Abbott, quien aseguró que compartía la apreciación de Bermúdez respecto de que las sanciones para los funcionarios involucrados en actos de corrupción son muy bajas. "Las penas por los delitos asociados a la corrupción son bajas, son equivalentes a los simples delitos contra la propiedad", indicó Abbott.

Bermúdez afirmó en la entrevista que "las sanciones por los delitos de cuello y corbata, dentro de los que se incluyen los delitos de la función pública, son bajísimas. Nadie se va preso".

"Hemos pedido que se individualice el caso al que se refiere, de manera de no afectar a más de 130 personas que ostentan el cargo de jefe de finanzas o jefe de adquisiciones en el ministerio", dijo el titular del MOP, Alberto Undurraga. "Hay que individualizar los casos, porque de lo contrario se pone en duda a nueve mil novecientos funcionarios y a los 130 jefes de finanzas en todo el país", recalcó.