María Luisa Sepúlveda: el origen del secreto Valech

El Golpe de Estado me pilló en un policlínico en la calle San Pablo, donde trabajaba como asistente social. Primero me suspendieron, luego me despidieron. Y me conecté con las violaciones a los derechos humanos desde el primer día, porque pertenecía a un mundo al que le pasaron cosas. Mi marido, Humberto Vega, trabajaba en la Dirección de Presupuestos del gobierno de la UP y yo tenía una vinculación con el proyecto de sociedad que se quería construir, aun dándome cuenta de los problemas que había. Tengo amigos que desaparecieron, otros que mataron y muchos se fueron al exilio. El tema de las violaciones me tocó de cerca sin ser yo víctima directa, y empecé muy rápido a trabajar en el Comité Pro Paz, y luego en la Vicaría de la Solidaridad, hasta el año 92. Atendí gente, fui a la morgue a reconocer personas, iba a los campamentos, y apoyamos la organización de las familias de los desaparecidos, que en ese tiempo eran los "no ubicados". Era triste, pero más triste era no hacer nada, pensando que quizás tenías un familiar al que le podías salvar la vida.

José Manuel Parada (asesinado en el caso degollados) era muy cercano a mí. Habíamos trabajado juntos en el comité, y para entonces, en marzo del 85, trabajábamos juntos en la Vicaria. Su muerte fue de las cosas durísimas que yo he vivido. El día antes de que lo secuestraran, habíamos estado conversando sobre un arquitecto que había estado desaparecido varios días, y lo habían relacionado con unas declaraciones que había hecho un ex agente del Comando Conjunto. Y con José Manuel comentamos que era súper grave, porque per- fectamente podría haber un desaparecido real, es decir, que comenzaran a haber de nuevo. Y al día siguiente lo detuvieron. Yo tuve la sensación de que lo podían matar desde el segundo en que supe que se lo habían llevado. Por la forma en que fue: en la puerta del colegio donde trabajaba. Se quiso hacer de una manera que fuese lo más pública posible.

Tuve muchas veces miedo. Después del atentado a Pinochet, la noche subsiguiente intentaron secuestrar a un abogado de la Vicaría, y nos manteníamos por teléfono mientras iban a botar su puerta. Le corté y llamé a Enrique Palet, quien llamó a los carabineros, y éstos alcanzaron a llegar. Me acuerdo de esa situación con un miedo visceral. También tuve una época en que me llamaban al inicio y término del toque de queda, para meter susto.

El tema del secreto de los testimonios recogidos en la Comisión Valech es súper complejo. Un grupo piensa que esto es impunidad. Pero quiero contar el origen de la reserva de los antecedentes.

Llegó mucha gente que nunca había declarado. Que su historia no la conocía nadie, ni su grupo más cercano. El 67% de las víctimas de la comisión fueron detenidas inmediatamente después. Muchas de ellas, cuando recuperaron su libertad, no contaron más. No fueron a la Vicaría, y tampoco había espacio para denunciar la tortura. Ya en los 80 se empieza a denunciar, independiente de que hubiese o no resultados, pero se podía ir a tribunales. No así en el primer tiempo. Esto lo cuento para graficar que había muchos que nunca habían hablado. Tenemos el caso de un señor que fue a declarar a la comisión, y a la salida, caminando por el centro de Santiago, perdió el conocimiento y se cayó. Lo llevaron a la posta, llamaron a la familia, y ésta encuentra un papel en la chaqueta del caballero. Era el recibo que señalaba que había ido a declarar a la Comisión Valech. Así su familia supo que había sido detenido y torturado. Es cierto; quizás a mucha gente no se le planteó que esto iba a ser secreto por 50 años. Pero había otra gente que teníamos que reforzárselo, porque llegaba con temor, preguntando quién va a saber, especialmente la que fue detenida justo después del Golpe, que iban desde el dirigente político máximo hasta el de la junta de vecinos. A cualquiera.

Cuando se tomaban los testimonios, no necesariamente se decía que era confidencial, porque muchas personas que fueron a la comisión ya habían ido a tribunales. A ellos no era necesario decirles, pero a muchos otros sí hubo que reforzárselo. Además, llegaron situaciones que para mí eran desconocidas; llegaron ciertos tipos de torturas o abusos que yo nunca había escuchado. Y en forma reiterada. Humillaciones horribles, hechas para que hablaran.

Nosotros, como comisión, oímos a una experta en archivos de las Naciones Unidas, nos recomendó que a lo menos debiéramos dejar pasar una generación, es decir, 30 años, antes de levantar la reserva de los testimonios. Y eso fue lo que recomendamos. Pero había un montón de material que estaba asociado a los testimonios, y que al final el Ejecutivo y el Parlamento decidieron incluir en la reserva, y por 50 años. Ahí había bases de datos que contenían información pública de organismos de derechos humanos, incluimos un listado que nos llegó de forma anónima del Ejército, el que nombraba más de 12 mil personas detenidas. Ese listado fue muy útil para resolver casos en que teníamos pocos testigos de la detención. También toda la información de prensa vinculada a este período de tortura. Es decir, hay un registro histórico que uno podría aislar del testimonio de las víctimas y que podría ser útil para la búsqueda de la justicia y la verdad.

Mi experiencia previa en el tema de reservas tiene que ver con lo que pasó en dictadura, cuando la Vicaría se negó a entregar las fichas médicas, que terminó en una orden de detención para el obispo Valech. Ahí empezamos a elaborar normas que siempre debíamos tener para el futuro. Y apareció Ricardo Rivadeneira, entre otros abogados, que nos ayudó a fundamentar el secreto confiado en esta institución. Y ese fue el argumento que siempre usamos para no entregar las fichas. Entonces, cuando creamos la Fundación de Archivos de la Vicaría, se estableció que la carpeta individual de las víctimas que atendimos no eran de dominio público. No así los amparos, denuncias, informes públicos. Y esa carpeta, hasta si un juez pide información, la fundación no le fotocopia la carpeta, sino que extrae los elementos de la carpeta que pueden ser útiles para establecer verdad y justicia. Eso es hasta el día de hoy.

Cuando empezamos a trabajar, sabíamos que no tendría efectos legales, entonces a la persona que testimoniaba no le pedíamos la identificación nominal de los responsables. Eso no era por buscar la impunidad, sino porque podíamos generar expectativas de juicio que no éramos capaces de hacer. Entonces, yo pienso que uno podría extraer esa información asociada a los testimonios, pero todo quedó bajo secreto. En ese momento ningún parlamentario se opuso, y yo me sorprendí. Ahora, en esta discusión, a mí no me han preguntado nada, y a ninguno de los miembros de la comisión con los que he conversado, tampoco.

Sé que hay una demanda de un sector de las víctimas de que el secreto se abra, y se ha llevado a instancias internacionales, y han recomendado que se abra. Creo que se van a encontrar mucho menos cosas de las que piensan, pero tampoco puedo decir que no se va encontrar nada que pueda servir. Tampoco sé cómo un juez va a saber que necesita los antecedentes de alguien si ese alguien ya no ha ido a reclamar por esa causa. Pero estoy convencida de que no se puede acceder a la información sin la expresa voluntad de las personas que declararon y que fueron calificados como víctimas. Formas de llegar a esas personas hay, pero soy una convencida de que no se puede pasar a llevar la voluntad de los que no estarían dispuestos a que se levante el secreto. Me extraña, incluso, que se pueda acceder al informe de la Comisión Valech 2, porque es la misma ley la que la rige. No conozco las razones jurídicas, y no sé si les ha consultado a las personas que declararon ahí si es que quieren que se conozcan los antecedentes.

Creo que las instituciones de las FF.AA. podían haber colaborado mucho más durante todo este tiempo, obviamente. Y desde el año 2000 que hay un compromiso mayor de los tribunales de avanzar en causas de derechos humanos, han sido imputadas miles de personas vinculadas a las FF.AA. Es imposible que las mismas Fuerzas Armadas no hayan reconstituido la historia para saber si sus agentes o ex funcionarios tuvieron que ver con los hechos. Es imposible pensar, además, que todos están destruidos. Tampoco pienso que esté en una gaveta en la oficina del comandante en jefe. No. ¿Cuánta información hay? Tampoco sé. Pero que hayan tenido que reconstruir la historia por los mismos juicios, no cabe duda. Siempre es posible que colaboren más, y lo sigue siendo. Cuesta mucho que entreguen información; se han demorado en las respuestas o estas son insuficientes. Que el comandante en jefe diga que no tiene información, no sé qué significa, y creo que ninguna autoridad política podría decir que las FF.AA. no tienen información, porque de hecho muchas veces han dicho que no tienen, y se ha ido dando información.

Ojalá todos los presos en Chile tuvieran las condiciones de los presos en Punta Peuco. No hallo razón por la cual los presos por violaciones a los derechos humanos tengan que estar en una mejor condición que el resto. Pediría que si ellos pueden estar en esa situación, se mejoren las condiciones del resto, porque crea una inequidad inexplicable. Si se cerró el penal Cordillera, este también debiera, aunque es algo que no va a hacer más justicia. Es una causa simbólica. La prisión es un castigo, donde una espera que la persona se rehabilite. Y no ha habido gesto. Los presos de Punta Peuco no han colaborado nada.

Por alguna razón, de repente van apareciendo la verdad y la justicia. Cuántas veces uno pensó que no había más vuelta y aparecían restos o demandas. O este mismo debate. Yo no pensé que la Presidenta plantearía la revocación del secreto de la Comisión Valech, pero nos hace de nuevo entrar en este tema.

El fin de esta discusión es buscar verdad y justicia. Y creo que está siendo posible. El año 2008, por primera vez se sabe del recinto Simón Bolívar donde extermina a un grupo de desaparecidos del año 76, y el ministro que llevó la causa imputó a cerca de cien agentes del Estado. Va a haber demanda de verdad y justicia mientras vivan las generaciones que fueron víctimas y por lo menos la que le sigue. Es una necesidad.

Hay algunos que el mismo susto que tienen de querer que sea confidencial no les permite buscar verdad y justicia. Pero a otros, que tenían roles más militantes, sí les parece legítimo, y es legítimo seguir buscando.

Pareciera que es difícil dar un cierre, a no ser que quieras imponer la impunidad. Pero eso nadie lo busca y es una responsabilidad de quienes hemos trabajado en esto, de velar porque eso no suceda. Esto ha sido un proceso muy lento en la justicia, en las víctimas y en la sociedad chilena.