Nueva investigación judicial sacude a la Comandancia en Jefe del Ejército

Una denuncia anónima, presentada al Ministerio de Defensa, al ministro en visita Omar Astudillo -quien indaga hasta hoy el fraude en el Ejército, con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre- y al Ministerio Público, fue el punto de partida para una indagatoria contra un coronel de la institución castrense.

Después de casi cinco meses de diligencias, el juez Astudillo logró establecer algunas líneas investigativas respecto del coronel Sergio Vásquez Undurraga, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. El reciente lunes 27, el oficial fue encausado por el presunto delito de "incremento patrimonial relevante e injustificado". Según consigna el procesamiento, hasta ese momento aún ocupaba su cargo.

El coronel Vásquez comenzó a ocupar su jefatura en enero de 2014, cuando el comandante en jefe del Ejército era Juan Miguel Fuente-Alba, quien pasó a retiro en marzo de ese año. Desde esa época, según consigna la investigación, Vásquez habría comenzado a experimentar un aumento considerable de su patrimonio.

Esta situación quedó expresada, constata el procesamiento, en diversas situaciones. Una de ellas fue el hecho de que el coronel pudo saldar una deuda hipotecaria que mantenía, pagando cerca de $ 31 millones en efectivo. Además, se detectó la aparente compra de un inmueble en Villarrica, por una suma de $66 millones, de los cuales $ 30 millones fueron pagados al contado y el resto mediante un crédito hipotecario.

En el proceso también se aborda el financiamiento -de forma parcial- de la compra de un departamento ubicado en Reñaca, Viña del Mar, el cual está registrado a nombre de su cónyuge, y cuyo monto ($ 80 millones) fue cancelado con dinero en efectivo.

Los vehículos del coronel también llamaron la atención del ministro, pues posee cuatro móviles (Hyundai, Honda, Mitsubishi y Skoda), por más de $ 47 millones, a través de dineros que ingresaron a su cuenta corriente personal mediante depósitos en efectivo.

Según se logró determinar en la indagatoria, el incremento patrimonial ascendería a más de $ 134 millones. A dicho monto se debe agregar el activo circulante que se aplicó en el pago de sus tarjetas de crédito, las que se alzan por sobre los $ 51 millones, en el caso de consumo nacional, y a US$ 87 mil, por concepto internacional.

De acuerdo al procesamiento, éste también consigna que todas las operaciones que se han mencionado fueron total o parcialmente financiadas con dineros en efectivo que "no encuentran su origen en las remuneraciones que le han sido pagadas por el Ejército".

Fuentes del caso señalan que el origen del patrimonio del coronel es algo que se debe indagar, pues él habría sido quien autorizaba el pago a los proveedores del Ejército.

Declaración del oficial

En la causa, el coronel prestó declaración ante Astudillo. Allí señaló que el pago de su deuda hipotecaria la cubrió con la venta de un departamento de un familiar, así como también con dineros recibidos tras el fallecimiento de su padre y "ahorros propios".

En el caso de la vivienda de Villarrica, declaró que el monto que pagó en efectivo por dicha casa ($ 30 millones) correspondía a "unos dineros que tenía en efectivo en su casa de Huechuraba", supuestamente ahorrados tras una comisión de servicio en Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa declinó referirse al tema. Sin embargo, según consta en el procesamiento, esta cartera entregó una carpeta al ministro Astudillo con los antecedentes reunidos en una investigación interna hecha por el Ejército.

En el Ejército, en tanto, se ratificó a La Tercera el procesamiento del oficial y también que se le concedió "la libertad provisional sin caución".

La institución también indicó que se dispuso que el coronel "entregue su cargo en el área de finanzas, en espera de que se aclare totalmente la acusación que se imputa". Y se agregó que la entidad militar "continuará cooperando con los tribunales de justicia, como también respeta la presunción de inocencia, mientras no exista un fallo definitivo".

Para el diputado Jaime Pilowsky (DC), "el Ejército debe actuar en esta materia con el máximo de rigor, entregando la información y con las sanciones administrativas correspondientes".

El diputado Jorge Ulloa (UDI) sostuvo que "no podemos seguir aceptando este tipo de situaciones de enriquecimiento ilícito. El Ejército va a tener que hacer algo respecto de ir revisando la situación de las personas que están en posiciones clave de uso de recursos".