Operación Huracán: Ministerio Público indaga a nueve carabineros por presuntas pruebas falsas

El 28 de diciembre del año pasado fue el día en que la llamada Operación Huracán experimentó un giro que cambiaría completamente el foco de la investigación. Esa jornada, el fiscal de La Araucanía Felipe González, quien indagaba a ocho personas como presuntos autores de una serie de atentados incendiarios en la IX Región, recibió el Oficio 80/2017 de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldeco) de la Fiscalía Nacional. Este dejaba en evidencia las supuestas irregularidades en la información que había sido obtenida por Carabineros contra los imputados y que pusieron los cimientos de este caso.

Los antecedentes trataban de supuestas interceptaciones de conversaciones a través de los servicios de mensajería celular de los sospechosos. Entre estos se encontraba Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), así como supuestos miembros del grupo Weichan Auka Mapu (WAM).

El informe de la Fiscalía Nacional indicaba que existían inconsistencias en las pruebas aportadas por la policía uniformada, motivo por el cual el fiscal González estimó que podría configurarse un delito y puso en conocimiento de esto a su superior, el persecutor regional de La Araucanía, Cristián Paredes. Esto fue el germen de la nueva indagatoria, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, que tiene su foco en Carabineros.

Hasta el momento, esta arista se encuentra enfocada en 10 personas: cinco peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), cuatro efectivos del área de Inteligencia, y un civil que trabaja estrechamente con estos últimos y quien habría inventado el sistema que permitió interceptar conversaciones de WhatsApp y Telegram.

Todos estos sospechosos tienen directa relación con la Operación Huracán. Los peritos de Labocar fueron quienes emitieron los informes dando cuenta de que las conversaciones interceptadas efectivamente se encontraban en los teléfonos celulares de los imputados. Los carabineros de Inteligencia, todos oficiales, fueron los que participaron activamente del operativo. Finalmente, el civil, de iniciales A.S.L., de profesión ingeniero agrónomo y apodado "el Profesor", habría entregado los insumos para permitir las interceptaciones. Por esta razón, los tres allanamientos efectuados ayer por la PDI están vinculados a estas personas.

Por otro lado, fuentes del caso señalaron que "el Profesor" es un colaborador de Carabineros que les habría permitido proteger el correo electrónico del mayor de Inteligencia Patricio Marín Lazo ante supuestos ataques cibernéticos de terceros supuestamente ordenados por personas vinculadas al caso.

Así, en horas de la mañana de ayer efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) y Cibercrimen de la PDI, junto a fiscales de la zona, acudieron hasta las dependencias del Labocar, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y a la residencia de "el Profesor". Esto generó tensos momentos en horas de la mañana, pues Carabineros se opuso a la acción del Ministerio Público, e incluso los persecutores tuvieron que contactarse con el gobierno para hacer cambiar de parecer a los uniformados. Finalmente, en horas de la tarde la situación se destrabó cuando el general director Bruno Villalobos dio luz verde a la incautación bajo la supervisión del director de Asuntos Internos, según indicó un comunicado. Quienes conocen de estas diligencias, que apuntan a establecer si existió o no un montaje, indican que la investigación no quedará acotada a estas 10 personas, pues las pesquisas pueden alcanzar a otros funcionarios.

El documento elaborado por la Fiscalía Nacional, y que llevó al ente persecutor a no perseverar en la investigación y a iniciar la indagatoria que apunta a Carabineros, constató que los mensajes supuestamente hallados en los teléfonos de los imputados no estaban almacenados como diálogos de mensajería.

En este peritaje, que ayer ya se encontraba en poder de todos los intervinientes de la causa, se analizó un teléfono marca Alcatel que estaba asociado a Héctor Llaitul. Ahí se encontró un archivo con la terminación TXT , de presuntos diálogos del vocero de la CAM a través de la aplicación Telegram.

Sin embargo, la Uldeco concluyó que "el archivo no sería servicio de mensajería. Esto considerando que no tiene TimeStamp (marca temporal) ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería Telegram, ya que las bases de datos generadas por Telegram corresponden a ficheros de nombre Cache.db".

Otra situación ocurrió en unos presuntos mensajes que Llaitul habría enviado desde un teléfono celular marca Lenovo. Ahí, el vocero de la CAM habría recibido de parte de un hombre apodado "Matute" un listado de armas, a lo que este habría respondido "de Argentina me van a llegar". Ante estas comunicaciones, la Fiscalía Nacional concluyó que "en cuanto a la fecha de creación del archivo que se registra en el soporte entregado por Carabineros es el 25/09/2017 a las 11.58, información que se obtiene desde la imagen digital forense". Llaitul había sido detenido por la policía uniformada dos días antes.

Los problemas con las fechas se repitieron en otros casos. Así ocurrió, por ejemplo, con el análisis a la información extraída desde el teléfono celular del imputado Martín Curiche. Ahí se encontraron cuatro archivos "planos", es decir, con el formato TXT y que no está asociado a los servicios de mensajería. Todos estos escritos, que hablan de presuntos atentados, fueron creados entre las 20.45 y las 22.35 del 23 de septiembre. Curiche ya llevaba detenido cerca de cinco horas.

Sin embargo, en Carabineros no hacen eco de los argumentos de la fiscalía. Incluso, en la policía uniformada cuentan con el informe 857-1-2017 de la Labocar, el cual fue elaborado después del 25 de septiembres, tras instrucción de la fiscalía.

En este informe, fuentes del caso señalan que hay un párrafo clave para defender la versión de Carabineros. En el texto se señala que "dentro de la información obtenida, es importante destacar (01) archivos de texto, en formato "txt" de nombre "text", el cual se encuentra ubicado en la carpeta "Telegram", arrojando como fecha de creación, el 02-01-2010 (...). que corresponde a lo que podría ser conversaciones entre distintas personas". En la institución apuntan a que fueron ellos los que informaron a la fiscalía sobre conversaciones en textos "txt". Además, se da cuenta de los programas de extracción de datos UFED y OXYGEN que fueron utilizados. También, en la institución señalan que los peritajes a los teléfonos fueron hechos en presencia de los fiscales. Incluso, indican que los persecutores Carlos Cornejo, Enrique Vásquez, Roberto Garrido y Felipe González estuvieron en la diligencia.