Pablo Gómez, fiscal regional: "Han pasado 10 meses y no contamos con la colaboración de Enríquez-Ominami"

Cruza raudo la Plaza Sotomayor con destino a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En el camino, desde Errázuriz al tribunal de alzada porteño, distintas personas lo saludan. Algunos lo paran, sin saber de su premura, pero el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, les da la mano y les agradece.

Toda la vida de Gómez ha estado ligada a Valparaíso. Nació en Playa Ancha. Su padre era profesor de la Escuela Naval. Estudió en la Universidad Católica de la zona y llegó a ser la máxima autoridad del Ministerio Público en la región.

Pese a todos estos lazos con el Puerto, que hoy sea reconocido fue efecto de la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien en diciembre del año pasado lo designó para dirigir al equipo del caso SQM, en que se investiga el financiamiento ilegal de la política.

¿En qué está la causa?

A la fecha tenemos 112 personas que han sido formalizadas, 58 de las cuales han sido suspendidas condicionalmente. Nosotros recibimos SQM con un total de 24 tomos y, a la fecha, tenemos un total de 118 tomos públicos y ocho reservados en la misma, es decir, hemos aumentado casi en 100 tomos. Además de la causa que se ha seguido por cohecho en contra del ex senador Pablo Longueira, con 14 tomos en total. Hemos enviado 400 oficios, se han tomado más de 250 declaraciones a testigos e imputados. Lo que quiero señalar con esto es que sentimos que estamos en una fase final de la etapa de investigación.

Esta semana formalizó al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O). ¿La audiencia marca un hito en cuanto a que ya no vendrían más imputaciones a políticos de esta envergadura?

La investigación es dinámica y hemos cursado citaciones a personas que han desempeñado altos cargos en la organización administrativa del Estado, por lo tanto, no podemos descartar más formalizaciones. Lo que sí puedo resaltar es que las diligencias desarrolladas nos han permitido imputar a más de 100 personas y, evidentemente, esto ya nos da cuenta de una fase final.

Hay muchos imputados que van a optar a salidas alternativas a un juicio. ¿Cree que la imagen del Ministerio Público puede verse afectada si estos casos de "platas políticas" terminan sin condena?

Nosotros, como sociedad, nos hemos dado un estándar procesal que contempla salidas alternativas y contempla condenas. La fiscalía lo que debe hacer es guiarse por lo que la ley establece, no por cómo su imagen pueda verse afectada o no. Y eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos hacer cargo de las críticas, ni estar tomando decisiones en base a la imagen o en base a qué es lo que opina la gente. Lo que tenemos que hacer son decisiones técnicas, profesionales.

¿Aunque no se llenen las expectativas de la sociedad o puedan considerarse decisiones impopulares?

Podrán ser impopulares. O podrán ser muy populares. Pero nosotros no podemos estar mirando las decisiones que tomamos sobre la base de un medidor de popularidad o de impopularidad o de cuánta gente critica o aplaude una determinada decisión. Tenemos que tener la tranquilidad de que las decisiones que se toman se hacen siempre sobre la base de la objetividad.

ME-O ha sido muy crítico a su persona, lo calificó de ser "el fiscal de Piñera", en alusión al cargo de ministra de Justicia de su esposa, la abogada Patricia Pérez; lo ha llamado el "fiscal de la televisión", e incluso de ser un operador. ¿Qué le puede responder?

A las descalificaciones de este imputado, y de cualquier otro, respondemos con evidencia y objetividad. Nosotros hemos hecho un trabajo de recabar antecedentes y tenemos más de 120 tomos de investigación. Por lo tanto, ese tipo de descalificaciones lo que hacemos es dejarlas pasar y continuar nuestro trabajo, que es lo que la sociedad nos demanda. Somos funcionarios públicos, empleados del Estado, tenemos a nuestro cargo la acción penal y, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en su ejercicio y ejercerla cuando tenemos antecedentes suficientes para imputarle a una persona participación en un delito y eso hemos hecho en esta investigación... Por tanto, reitero, a esas descalificaciones nosotros vamos a responder con evidencia y objetividad.

Pero, en lo personal, ¿a usted no le molesta que saquen al ruedo a su esposa?

No. Lo que han hecho con mi señora, con mis hermanos... Yo me imagino que ellos tendrán algún límite ético y sabrán en qué momento detenerse. Pero la verdad es que nosotros, como funcionarios públicos, debemos acostumbrarnos a lidiar con personas que siendo imputadas no saben canalizar sus emociones dentro del proceso. A nosotros lo que nos interesa es que lo que se vierta en el proceso sean evidencias, sean pruebas, no descalificaciones.

Ser esposo de una ministra del ex Presidente Sebastián Piñera ¿lo ha obligado a ser más cuidadoso, más prudente en diligencias, decisiones etc.?

En lo absoluto, son cosas distintas. La verdad es lamentable el ataque que se hace a mi señora. Ella es una gran profesional, una persona que se ha destacado en todos los ámbitos en que ha trabajado, entonces atacarme a mí por los logros profesionales de mi esposa..., cuando ella nunca fue militante de algún partido político, ha cumplido distintas funciones sociales radicadas específicamente en su gran capacidad profesional, de quién me siento absolutamente orgulloso... Siento que atacarla a ella es un acto bastante machista. Prefiero que toda esa fuerza que pueda tener un imputado la vuelque en su propia defensa y la vuelque con antecedentes y evidencia que permitan al Ministerio Público tomar decisiones. Tengo la tranquilidad de que somos un equipo y todos los fiscales del país constituimos una fiscalía en la que vamos a trabajar siempre bajo los estándares de objetividad y bajo el alero de la ley.

ME-O ha sostenido que él ha colaborado con su investigación, ¿usted cree que eso es así?

A ver. El señor Marco Enríquez fue citado en calidad de imputado en el mes de diciembre del año 2015 y él guarda silencio a las preguntas que le hacen los fiscales. El tiene derecho a guardar silencio, de eso no hay ninguna duda, pero citado a la fiscalía esa vez él hace uso de la palabra declarando aquello que él estima que son antecedentes que podían favorecerlo. Sin embargo, al ser requerido por el Ministerio Público para que conteste preguntas vinculadas a la investigación, hace uso de su derecho a guardar silencio, por lo tanto, a partir de ese momento no entrega nada de información. Han pasado 10 meses y no contamos con una colaboración del señor Enríquez-Ominami. Yo estoy abierto y tengo el deber legal de recibir los antecedentes que ellos quieran aportar.

Lo que planteó usted en la audiencia de esta semana ante el tribunal respecto de que ME-O alce el secreto de sus cuentas bancarias... ¿Eso podría considerarse colaboración?

En el tema de las cuentas no quiero que se preste para ningún malentendido. Efectivamente, en marzo de 2016 él autoriza el alzamiento parcial del secreto bancario. El ha dicho públicamente que autorizó el alzamiento del secreto bancario, pero ha omitido decir la palabra "parcial". Al hacer un levantamiento parcial, lo que él nos está diciendo es que desde determinada cuenta se analice un período específico que él nos señala para ver si existen transferencias o depósitos que puedan provenir de ciertas personas específicas. Evidentemente, eso restringe el actuar del Ministerio Público. Lo que nos interesa es que tal como lo planteamos en audiencia es que respecto de las cuentas bancarias que maneja el señor Enríquez-Ominami se produzca un alzamiento total, dentro del período que se está investigando. No nos interesa saber qué hizo con sus cuentas antes. Necesitamos la trazabilidad del dinero. Entre un alzamiento parcial y uno total hay una gran diferencia. Ante la jueza dijimos que para esta diligencia se va a requerir autorización judicial, sólo ante la negativa del imputado. Dicho en otras palabras, si el imputado accede al levantamiento total no debe solicitarse entonces la autorización judicial.

El dijo que solicitar esto en audiencia era parte de un show televisivo...

Nosotros hemos hecho distintas solicitudes al tribunal. No hay ninguna afectación ni al debido proceso, ni al derecho a defensa cuando el imputado asesorado por su defensor es requerido para una diligencia. Además, esto no es un show televisivo, es el propio Poder Judicial el que determina qué audiencias transmite y lo hace bajo la lógica del principio de transparencia y publicidad de las audiencias. No es que se transmita a petición del Ministerio Público, por tanto, son imputaciones infundadas y van en la lógica de descalificar, y ante eso seguiremos respondiendo con más trabajo, pruebas e investigación.

¿Usted toma en cuenta el costo político que esto significa para él?

No puedo tomarlo. De hecho, la defensa del señor Enríquez-Ominami advertía que acusada la persona pierde el derecho de poder sufragar en una elección y nos culpaban a nosotros, pero eso está en la ley. Lo que tienen que hacer ellos es plantear la modificación de la ley, pero nosotros no podríamos tener en consideración las consecuencias que se siguen de una decisión, porque entraríamos a ser entes políticos y el Ministerio Público es un organismo que debe ser autónomo, eficiente y proteger a víctimas y testigos. Esos son nuestros valores.

¿Tampoco la época en que se toman esas decisiones?

Por ley debemos tomar decisiones de formalizar cuando existen antecedentes de existencia de delito y participación en una investigación. Si hay antecedentes suficientes dentro de la investigación para acusar, la fiscalía lo va a hacer. Si a esa persona se le suspende el derecho a sufragio, igual lo vamos a tener que hacer, aunque sea candidato. Porque si no sería fácil evitar la acción de la justicia. Como cualquier persona mayor de 35 años puede ser candidato a la Presidencia de la República bajo ciertos requisitos, podría utilizarse entonces esa aspiración para evitar el actuar de la fiscalía. A nosotros sólo nos rigen los principios de objetividad e igualdad ante la ley.

¿Cuáles son los antecedentes para formalizar a ME-O?

Como el día de la audiencia no se discutieron las medidas cautelares y no se pudieron entregar antecedentes, yo no puedo referirme a lo que no se expuso. Lo que sí puedo señalar es lo que dijimos respecto de que SQM Salar concreta un conjunto de aportes que hace a Cristián Warner a través de un mecanismo en donde la intervención o reuniones que ME-O concreta con el entonces gerente general Patricio Contesse son finalmente el medio en que se acuerda la forma de ese financiamiento. Es decir, ME-O se reúne en más de 15 oportunidades con don Patricio Contesse, tras lo cual SQM Salar comienza a hacer aportes a las sociedades vinculadas a Cristián Warner, que es el estrecho colaborador de ME-O. Tenemos un conjunto de antecedentes valiosos e importantes que nos permiten sostener esta participación dolosa de ME-O en la forma de financiamiento de su proyecto Progresista y que esa forma de actuar se hizo al margen de la ley, se hizo a través de un mecanismo que, según expusimos, configura un delito tributario.

¿Por eso se le imputa como facilitador de facturas ideológicamente falsas?

El señor Cristián Warner no es una persona que conozca al señor Patricio Contesse. Hay informes de las supuestas asesorías que tienen una fecha muy posterior a las de los contratos. Si uno mira los antecedentes en su conjunto, este gran cuadro, estimamos que tenemos suficientes antecedentes para imputar que ME-O ha participado dolosamente en esta acción. Esta situación no sucede con otras personas que nosotros hemos considerado testigos en esta investigación. Se ha hecho mucho caudal respecto de la participación de la señora Carolina Tohá, por ejemplo, o del propio ex Presidente Sebastián Piñera, pero no hay antecedentes que permitan vincular a estas dos personas con una forma de comisión delictiva.

¿Qué es lo acreditado al respecto?

En la carpeta se encuentra hasta ahora acreditado que el señor Piñera tiene calidad de testigo, porque no hay intervención de él probada -con todas las diligencia que hayamos hecho nosotros- que nos permitan imputar algún grado de participación o algún delito, ya sea en la arista royalty o con financiamiento de actividades políticas. Eso no existe hoy en lo que investigamos nosotros. Y lo mismo pasa con la señora Tohá. Los antecedentes que hay nos permitieron imputarle al señor Luis Matte, Patricio Rodrigo y Sergio Ortega su participación, pero no hay antecedentes que nos permitan sostener hoy día una participación de la señora Tohá.

¿No basta con que alguien la sindique como que ella -como presidenta del PPD- sabía de estos aportes?

No basta sólo eso. Tiene que haber más de un antecedente al respecto. Nosotros en el caso del señor Enríquez-Ominami tenemos declaraciones de la secretaria de SQM, correos que se traspasan, tenemos un conjunto de antecedentes, no sólo una persona diciendo que... 'yo creo que'" o 'él sí sabía'. Acá tenemos facturas que van de un lugar a otro; la verdad es que los antecedentes son tales que, como le dije, llevaron a la defensa a converger junto al Ministerio Público que existían antecedentes de delito y de participación. Lo digo así porque la defensa pudo haber tenido una posición distinta y haber discutido las medidas cautelares y no lo hizo, se allanó.

ME-O dijo tras su formalización en una entrevista a The Clinic que si se descubren que robó "un solo peso" se retiraba de la política. ¿Usted lo investiga por eso?

No. Nosotros tampoco lo investigamos por fraude al Fisco, tampoco era empleado público, ni tampoco respecto de una apropiación indebida. Lo que expusimos ante el tribunal es que lo estamos investigando por un delito tributario que no se condice con apropiación de dinero, es más bien un delito de facilitación de facturas ideológicamente falsas. Nada de los antecedentes que nosotros entregamos ante el tribunal esta semana están vinculados al que el señor Enríquez-Ominami haya sustraído o no dinero.

No es la primera vez que lo investiga...

Hace algunos años investigamos desvíos de dineros de los Planes de Generación de Empleo a campañas políticas. Había mucha gente de su comando involucrada, pero llegamos a la conclusión de que el señor Enríquez-Ominami no tenía participación y, por lo tanto, no formulamos cargos en su contra. Y es el mismo fiscal de esos años el que tomó esa decisión, el que habla, bajo el mismo estándar de una investigación acuciosa, profesional y objetiva. Son esas mismas conductas que rigen a todos los fiscales del Ministerio Público las que hoy nos han llevado, efectivamente, a formularle cargos en la audiencia del miércoles.

ME-O pidió un "juicio ahora", quiere adelantar esta situación, ¿es un escenario probable adelantar ese juicio?

Creo que eso tiende a confundir a la opinión pública. La ley establece la posibilidad de un juicio inmediato, es decir, el mismo día (el miércoles) si la defensa lo hubiese solicitado, pero debiéramos ser razonables y también permitir que la defensa del señor Enríquez-Ominami ejerza los derechos que la ley le franquea. El que se haya mantenido el plazo común en esta causa (cinco meses) va necesariamente en beneficio de la propia defensa. Si nosotros quisiéramos afectar efectivamente al señor Marco Enríquez-Ominami podríamos haber cerrado la investigación el miércoles y acusarlo.

¿Cuál ha sido el principal costo de esta causa?

Después de 10 meses, en que se imputó a 100 personas, en que hemos desarrollado una investigación profunda, muy acuciosa, objetiva, puedo concluir que cuento con un equipo de excelencia tanto desde el punto de vista de los fiscales, de los abogados asistentes, del personal administrativo. A eso hay que sumar que cuento con un apoyo institucional muy importante para desarrollar este trabajo. Es cierto que hay un costo a nivel regional. Acá en Valparaíso hay un sinnúmero de indagatorias igual de relevantes y, en ese sentido, valoro el apoyo de los funcionarios que entienden que esta es una causa compleja y que nos impuso, a los fiscales de esta zona, un gran desafío. Si bien la etapa investigativa es la que está en fase final, luego viene la acusación y eventuales juicios..., por lo que aún queda mucho trabajo por delante.