Polémica por Ley de Estacionamientos

LA POLÉMICA por la entrada en vigencia de la ley que regula el cobro en estacionamientos públicos está lejos de aplacarse. Desde el origen, esta regulación ha sido motivo de conflictos, fruto de la lógica populista con que fue elaborada, al punto que a escaso tiempo de haber entrado en vigencia, volverá a ser objeto de modificaciones por parte de parlamentarios oficialistas, que buscan consagrar gratuidad hasta dos horas.

Los primeros pasos para regular el cobro en estacionamientos públicos se remontan a mayo de 2012, cuando el entonces director del Sernac ordenó que no se efectuaran cobros en los aparcamientos de centros comerciales debido a que -según su interpretación- dado que la Ley General de Vivienda y Urbanismo exigía para efectos de mitigación vial contar con un mínimo de estacionamientos, éstos debían proveerse gratuitamente. Más adelante se estableció una mesa de trabajo público-privada que acordó ciertas medidas voluntarias de autorregulación, muchas de las cuales no se cumplieron. Como respuesta a lo anterior, y en el contexto político que instalaba la gratuidad como consigna, un grupo de diputados presentó en noviembre de 2014 un proyecto de ley que buscaba garantizar el uso de los estacionamientos sin cobro (la primera media hora a todo evento y dos horas contra presentación de boleta de compra en el establecimiento comercial). Luego de su paso por el Senado, el proyecto sufrió varias modificaciones, que quedaron plasmadas en la normativa actual.

La nueva ley estableció nuevas exigencias a los propietarios de estacionamientos, entre las que se cuentan mayor equipamiento tecnológico -ya que ante la pérdida del ticket la empresa solo puede cobrar por el tiempo efectivo-, responsabilidad civil en caso de robo y una estructura de cobro en dos modalidades: por minuto efectivo o por tramo vencido, con un periodo inicial que no puede ser inferior a la media hora y con tramos posteriores que no pueden ser inferiores a 10 minutos. Aunque era evidente que las nuevas exigencias implicarían mayores costos de operación, con la entrada en vigencia de la nueva ley algunas empresas subieron los precios hasta en un 76%, según cálculos del Sernac.

A los reclamos de la ciudadanía se han sumado algunos dirigentes empresariales que criticaron la medida y otros que esbozaron que el aumento debería haberse hecho progresivamente.

En nuestro país existe libertad de precios salvo que un mercado requiera una regulación especial por evidente falta de competencia. Nada indica que en el mercado de estacionamientos exista un monopolio natural o que algún actor esté abusando de una posición económica dominante. Además, los impactos negativos en el flujo vial que genera la construcción de centros comerciales están recogidos en las obligaciones que establece la normativa urbanística, sin que ello implique, en ningún caso, establecer gratuidad para la provisión de esos servicios.

El afán electoral que persigue la proliferación de proyectos de ley que buscan proteger al consumidor está creando en la ciudadanía la falsa idea de que por la vía legislativa se puede acceder a bienes y servicios de manera gratuita. En el caso de los estacionamientos, se levantó artificialmente un problema que no figuraba entre los principales reclamos ciudadanos, y se aprobó una ley que ha sido la verdadera causa de la confusión e inconvenientes, lo que no se corregirá en la medida que se insista en legislaciones que carecen de buen sustento técnico.