Por qué los Kirchner han retenido a Apablaza

El miércoles en la tarde, en el Salón Héroes del Bicentenario de la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner coincidió en un acto con el jefe del gabinete de la Presidencia, Aníbal Fernández, y su ministro del Interior, Aníbal Randazzo. Con el retrato de Salvador Allende a sus espaldas, la mandataria argentina abordó con sus colaboradores el incómodo escenario que enfrentaba, a raíz del caso de Galvarino Apablaza. 

La línea que definió el gobierno la daría a conocer al día siguiente el ministro Fernández. "No es la Presidenta la que tiene que opinar, sino la Comisión Nacional de Refugiados", señaló el jefe de gabinete del gobierno transandino, en un intento por sacar de la Casa Rosada la responsabilidad sobre la decisión de extraditar a Chile o dar asilo político al ex líder del FPMR, inculpado en el crimen de Jaime Guzmán.

El martes, en medio de la fuerte controversia que ha sostenido con el gobierno de los Kirchner, la Corte Suprema transandina dio luz verde a la extradición a Chile del "Comandante Salvador" con un sorpresivo fallo que terminó con cinco años de dilaciones de la Comisión Nacional de Refugiados, presidida e integrada por funcionarios de gobierno. El dictamen no sólo radicaba el caso en los órganos políticos, sino que dejó en una incómoda posición a la Presidenta Fernández, en vísperas de su viaje a Santiago para asistir a los actos del Bicentenario.

A esa altura, además, la Casa Rosada estaba en el foco de presiones cruzadas. Por un lado, el gobierno chileno pedía la extradición del ex líder frentista. Por otro, las principales organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales argentinos exigían su asilo. Fue así como la Casa Rosada habría decidido dilatar una definición pública hasta que la Presidenta regrese de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, que se efectuará en Nueva York entre el 21 y 23 de este mes.

En el intertanto, la señora "K" impartió una instrución a todos sus ministros y su embajador en Chile, Ginés González: no referirse al tema. También acortó al máximo su visita para asistir a los actos del Bicentenario, justo en momentos en que Piñera gestionaba un encuentro con ella para reiterarle un mensaje que hace 10 días le entregó el ministro Rodrigo Hinzpeter a Julio de Vido, uno de los hombres fuertes del kirchnerismo: La Moneda tenía el máximo interés de lograr la extradición de Apablaza.

FUEGO CRUZADO
La dilación del caso y las señales enviadas por la Casa Rosada prendieron las alarmas en Palacio. Por instrucción del Ministerio del Interior, los abogados Cristián Gandarillas y Marko Magdic están desde hace varios días en Buenos Aires realizando  gestiones políticas y judiciales para traer lo antes posible a Apablaza de vuelta a Chile. Los movimientos de los profesionales, sin embargo, no han sido del todo fructíferos. Hasta ahora, sólo han podido reunirse con asesores de segundo nivel de los ministerios de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores transandinos y desde la Casa Rosada han enviado a Santiago el siguiente mensaje: "Estamos conscientes de la importancia del tema, se está trabajando, pero no es necesario que pidan audiencias formales con los ministros, porque este es un tema que se decidirá en la Comisión Nacional de Refugiados".

Para entonces, la presión de los organismos de derechos humanos argentinos sobre la Presidenta Kirchner en favor del ex frentista se había incrementado.

"Apablaza está muy respaldado por organismos sociales y de derechos humanos de enorme influencia sobre los Kirchner. Estos organismos lograron posicionar en el círculo kirchnerista y en otros sectores políticos la causa de Apablaza como un tema de justicia básica, de hacer creer que sus garantías procesales no serán respetadas en Chile", señala el ex embajador de Chile en Argentina, Luis Maira, quien fue el encargado de llevar el caso durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Fueron algunos chilenos radicados en Argentina y miembros de estos organismos de derechos humanos los primeros en movilizarse el martes, tras el fallo de la Corte Suprema, para coordinar una acción conjunta en defensa de Apablaza. Una de las primeras gestiones fue obtener el respaldo de la influyente Hebe Bonafini, presidenta de la organización Madres de  Plaza de Mayo y una de las más cercanas a la mandataria.

Ese martes, Bonafini estuvo con la Presidenta en un acto de la campaña presidencial de Néstor Kichner con las juventudes peronistas en el Luna Park. Según cercanos a Apablaza, la dirigenta de las Madres de Mayo se involucró en la defensa del ex frentista -a quien recibió esta semana en la sede de la agrupación- sólo después de tener la aprobación de Cristina Fernández. En 2004, cuando fue detectado el ex frentista en Argentina, Bonafini no lo apoyó.

Fuentes de la Casa Rosada admiten que han recibido llamados de diversas organizaciones de derechos humanos pidiéndole al gobierno que otorgue inmediato asilo a Apablaza.

Para la mandataria, desoír a estas agrupaciones no es fácil. La señora "K"se está jugando la próxima elección presidencial, prevista para octubre del próximo año y en la que su esposo, el ex Presidente Néstor Kirchner, aspira a ser reelegido. Tras varios meses difíciles, Kirchner ha comenzado a rearmar sus fuerzas y subir en las encuestas, posicionándose en primer lugar de los sondeos.

El ex gobernante ha apuntalado su campaña blindando su apoyo en la izquierda, instalando en su discurso el tema de los DDHH y el fortalecimiento de los movimientos sociales, incluso por encima de los partidos políticos. De esta manera, los dirigentes de estas agrupaciones, como Hebe Bonafini, son clave.

Por este motivo, en La Moneda estiman que la Presidenta no estaría dispuesta a pagar el costo de distanciarse de uno de sus principales aliados en la campaña.

Fue en este contexto que el ministro Hinzpeter señaló el jueves pasado que "siempre ha existido la posibilidad de que la extradición de Apablaza no se concrete". No sólo eso. En el gobierno de Piñera han comenzado a concentrarse en aparecer haciendo todo lo posible en un caso sensible para la UDI, pero sin descuidar la relación con la administración Kirchner.

Esa ha sido, al menos, la instrucción que ha llegado hasta los abogados de Interior que se encuentran en Buenos Aires, quienes sólo han ofrecido a las autoridades transandinas "reciprocidad" en caso de que a la Casa Rosada le suceda un problema similar con Chile. Hinzpeter habla al menos tres o cuatro veces al día con los profesionales y recibe un informe de ellos todos los días a las 18 horas. En los textos realizan un detallado informe de todas las gestiones que han efectuado en el día, las diligencias solicitadas, la respuesta que recibieron y un análisis de los escenarios que se abren.

Es Hinzpeter quien deriva la información al Presidente, quien estaría consciente de que extraditar a Apablaza será complejo. Más aún en un panorama que muestra cómo el ex frentista ha reforzado los vínculos con organismos de DDHH cercanos al kirchnerismo en su estadía de al menos seis años en Buenos Aires.