Posición de Chile frente a la crisis venezolana

La situación política y social en Venezuela ha sufrido un acelerado deterioro en los últimos días luego de que el régimen de Nicolás Maduro llevara adelante la elección de la Asamblea Constituyente, que se instaló formalmente el viernes pasado. Las irregularidades del proceso, que se realizó en abierta violación de lo establecido en la propia constitución bolivariana impulsada por el fallecido Hugo Chávez, motivaron una serie de condenas por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos decidió aplicar duras sanciones contra el presidente venezolano -quien se suma así a un "exclusivo club" que integran también los gobernantes de Siria, Basher al Assad; Corea del Norte, Kim Jong un, y Zimbabwe, Robert Mugabe-, en tanto el Vaticano pidió la suspensión inmediata de la instauración del nuevo órgano. Reacciones que se sumaron a la categórica condena expresada por una decena de países de América Latina y Europa, liderados por Perú y Argentina.

En este escenario el gobierno chileno, aunque en forma tardía, también decidió emitir una dura declaración contra estos sucesos, calificando de "ilegítima" la Asamblea Constituyente y expresando "su firme condena a la escalada de violencia existente". Pese a que se trató de la intervención más dura de la cancillería chilena frente a los sucesos de Venezuela, e incluso pide "restaurar el orden democrático quebrantado", la declaración se mantuvo igualmente un paso más atrás con respecto a la de otros gobiernos de la región , los cuales dejaron claro que no reconocerán al nuevo órgano, por no respetar "la voluntad soberana del pueblo" ni "el principio del sufragio universal". Pese a que es positivo que el gobierno haya endurecido el tono -en ese sentido, son valorables las palabras emitidas ayer por el canciller-, el hecho de que haya dejado igualmente espacio a una cierta ambigüedad sobre su posición frente al régimen resulta a esta alturas incomprensible.

La consolidación de un sistema dictatorial en Venezuela exige una posición firme de todos aquellos que efectivamente defienden los valores de la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos. No puede tampoco estar sujeta a cálculos internos. El régimen de Nicolás Maduro no solo ha violado abiertamente esos principios sino que ha venido copando sostenidamente todos los espacios de poder en el país, anulando los contrapesos que requiere un estado de derecho. La Asamblea Constituyente es solo el último paso en ese proceso con el que busca anular el poder de la única institución disidente en el país, la Asamblea Nacional. El doble discurso mostrado en Chile frente a los sucesos de Venezuela por algunos sectores políticos -incluso dentro de la Nueva Mayoría-, no solo sorprende sino que pone en duda su verdadero compromiso con los valores democráticos.

La gravedad de los sucesos que afectan a Venezuela no permite mantenerse al margen y exige posiciones claras. En ese sentido, aunque tardía, es positiva la decisión del Mercosur de suspender en forma permanente al régimen de Maduro, y es de esperar que la cita de cancilleres de la OEA en Lima asuma también una posición firme.