Proyecto para degradar a ex militares condenados suma siete años sin avance

Actualmente, en el Parlamento existen dos proyectos de ley que buscan degradar los rangos militares de los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que se encuentren condenados por causas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ambas iniciativas presentan escasas actividades legislativas.

Esta materia volvió a ser tema de debate ayer, luego que La Tercera diera a conocer que los reos que se encuentran en el penal Punta Peuco tienen jubilaciones que, en promedio, llegan a $ 1,6 millones. En el caso del ex fiscal militar Fernando Torres, que tiene la más alta, alcanza los $ 3,2 millones.

La primera de las iniciativas se presentó ante la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2010 y su última tramitación es del 8 de septiembre de ese año, cuando se pidió que una vez que el proyecto sea analizado por la Comisión de Derechos Humanos, pase a la instancia que analiza los temas de Defensa.

La segunda ingresó al Senado el 11 de agosto de 2015. Ese mismo día, la Cámara Alta acordó que luego de ser analizada por la Comisión de Defensa, sea vista en conjunto por las delegaciones que estudian los asuntos de Constitución y Derechos Humanos.

La DC y la senadora PS Isabel Allende pidieron ese año que se les pusiera urgencia a estos proyectos , pero ninguna de las solicitudes fue acogida. Uno de los efectos que podría generar su promulgación sería la rebaja de la pensión, dado que el factor del grado militar influye en el monto final, o la posible revocación de la jubilación.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, uno de los autores de la iniciativa que está en la Cámara, indicó que "este proyecto ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hay colegas que los hacen cambiar de comisiones y ahí los hacen morir". Añadió que "si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación". Dijo también que "el gobierno debería poner algún tipo de urgencia a esta iniciativa".

En tanto, el diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que no ve factible la opción de poner urgencia a esta iniciativa, ya que "creo que tiene que seguir su curso normal. Además, hoy hay tanto proyecto con urgencia que le veo difícil que tenga cabida".

El parlamentario UDI Jorge Ulloa, por su lado, planteó que "desde siempre los derechos previsionales son irrenunciable, además, cualquier ley que se haga no tiene efecto retroactivo".

La opinión dividida por las jubilaciones de los internos en Punta Peuco se repite entre los miembros de la Cámara Alta.

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe explicó que "yo estoy en absoluto desacuerdo con degradar a los militares. Creo que detrás de estas personas hay familias y el castigo es privarlos de libertad. Pero si ellos trabajaron su vida al Ejército, más allá de la causa que están purgando, me parece que es un ensañamiento judicial quitarles ese derecho".

En tanto, para el senador PS Juan Pablo Letelier es una "vergüenza" que continúen estas jubilaciones. "El Ejército debiera haber tenido gestos concretos para actuar frente a estas personas que son criminales, condenados por los tribunales como agentes del Estado que cometieron delitos. Por lo mismo, debieron haber sido degradados, quitando su reconocimiento al uniforme, al grado y, por ende, a este tipo de beneficios", indicó.

El independiente Pedro Araya, en tanto, explicó que cuando un proyecto lleva más de dos años sin movimientos pasa a archivo. Esto, porque "no es prioritario y no está en urgencia".

Estas cuestionadas pensiones serán abordadas en una iniciativa que el Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento. Así lo anunció ayer el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, quien indicó que "en el proyecto de ley que el gobierno debe presentar sobre el sistema previsional chileno, donde el ministro de Hacienda ha informado que lo hará dentro de los próximos tres meses, abordaremos temas de esta naturaleza".

El ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que "la gente tiene derechos previsionales y si están vigentes al estado de derecho, lo único que queda es respetarlos y será Capredena y Dipreca las que tendrán que dar explicaciones".

Esta situación tampoco dejó indiferentes a los Familiares de los Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien lidera esta agrupación, indicó que "nos violentan los privilegios que tienen los violadores de derechos humanos aún al interior de una cárcel". Añadió que en contraste con estas jubilaciones, "los 30 mil ex prisioneros políticos sobrevivientes de tortura reciben $ 120 mil mensuales". Esto, en referencia a la pensión que otorga la Comisión Valech.

En la vereda opuesta, Solange Robert, vocera de los familiares de los reclusos de Punta Peuco que integran la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, señaló que "no cuestionamos sus condenas, ni al Poder Judicial. Lo que sí, no estoy de acuerdo con que un derechos adquirido, después de haber trabajado toda la vida como funcionario público, sea objetado".