Proyecto sobre universidades estatales

EL MINEDUC ingresó el proyecto de ley sobre universidades del Estado, el cual si bien presenta algunos aspectos positivos, el grueso tiene relación con la entrega de más recursos a las instituciones por el solo hecho de ser estatales. Así, el gobierno pierde la oportunidad de terminar con discriminaciones arbitrarias y deja dudas respecto a que este proyecto sea un aporte significativo al sistema de educación superior.

Entre los aspectos positivos, el proyecto modifica los órganos superiores de administración de las universidades creando consejos superiores en cada una de ellas. Especialmente interesante es que la mayoría de sus integrantes (y quien lo preside) deban ser externos a las instituciones, de modo que haya una mirada externa y disminuir los riesgos de captura. Con todo, sería valioso que los representantes del Presidente de la República -3 de un total de 9 consejeros- fuesen ratificados por el Senado. Además, se alivia la carga administrativa al crear contralorías internas, lo que debiera agilizar los procesos. Ellas serán dependientes de la Contraloría General de la República, lo que da más garantías de buen uso de los recursos públicos.

Sin embargo, los elementos positivos se ven opacados por disposiciones que profundizan las discriminaciones arbitrarias entre instituciones y responden a grupos de presión. Entre las primeras, el proyecto crea dos nuevos fondos exclusivos para las instituciones estatales -uno permanente y otro por 10 años, en donde los mismos rectores decidirán qué iniciativas serán financiadas- sin que ello vaya de la mano de ninguna contraprestación por parte de las instituciones que actualmente forma al 15% de la matrícula de la educación superior.

De este modo, el porcentaje de recursos entregados de manera directa y basada en criterios históricos crecerá significativamente respecto de las actuales cifras. Además, introduce el riesgo de que se creen presiones para que estos fondos crezcan en desmedro de otros mecanismos abiertos a todas las instituciones y que se distribuyen por mérito. Cabe recordar que en 2014, cinco de las 16 universidades estatales recibieron más del 20% de sus ingresos de manera directa, y tres con porcentajes iguales o superiores al 30%. En comparación, Berkeley, quizá la universidad estatal más prestigiosa del mundo, recibe recursos que no significan más del 14% de sus ingresos anuales mediante estas vías.

Adicionalmente, se entregan beneficios que solo rigen para los planteles estatales de modo que investigadores extranjeros puedan realizar labores académicas en el país. Lo mismo con ciertas regulaciones del Sernac, en donde se excluye explícitamente a las instituciones del Estado.

Respecto al segundo punto, llama la atención que al mismo tiempo que se relajan ciertas cargas burocráticas, se decide incluir a los funcionarios académicos y no académicos al Estatuto Administrativo, lo que rigidizará la administración. Por lo demás, se debe tener en cuenta que las universidades estatales gastan significativamente más en personal administrativo que el resto del sistema universitario.

En definitiva, el proyecto reafirma privilegios y pierde la oportunidad de haber avanzado de manera más decidida en construir un sistema de educación superior que entregue mejores oportunidades a todos sus estudiantes y permita investigación, arte y cultura de calidad, independiente de quién la produzca.