Registro Civil inicia etapa acusatoria por paro de 2015

Con una comunicación formal detallando los cargos que se imputan, se inició la etapa acusatoria en el sumario instruido en el Registro Civil a los funcionarios que mantuvieron paralizado al servicio durante 39 días en 2015.

Con esta notificación, que comenzó el viernes pasado, se dio por cerrada la etapa investigativa del proceso disciplinario que se abrió por el incumplimiento de la jornada laboral durante el periodo de paralización. Ahora los trabajadores cuestionados tienen un plazo de cinco días para presentar sus descargos, defensas y solicitar u ofrecer pruebas.

Respecto al proceso, el director nacional (s) de la institución, Jorge Alvarez, afirmó que "esta notificación corresponde al natural desarrollo de un proceso disciplinario, regulado por el Estatuto Administrativo que rige para todos los funcionarios públicos, y que en este caso avanza a sus etapas finales".

Una vez finalizados los descargos y alegatos, el fiscal del servicio propondrá una sanción y el director de la institución podrá ordenar la reapertura del sumario, absolver o aplicar una medida disciplinaria.

De acuerdo a lo que establece la ley, por infracción a sus deberes, los funcionarios arriesgan sanciones que van desde censura y multas; la suspensión del empleo por periodos de 30 días a tres meses, o en la situación más extrema, la destitución de sus funciones.

Según estimaciones del servicio, el proceso debería terminar en el plazo de un mes. Si bien no se informó del número exacto de funcionarios sumariados y notificados, se sabe que se trata de trabajadores de todo el país.

"Con el cierre de este proceso legal estamos dejando atrás un escenario que fue doloroso para todos, y ahora la mirada de futuro que tenemos con los funcionarios es trabajar en conjunto para seguir construyendo un mejor Registro Civil,", sostuvo Alvarez.

El paro de 2015 fue uno de los más largos y costosos que ha vivido el servicio.

Durante la paralización, los funcionarios, representados por Nelly Díaz, presidenta de la Asociación Nacional que los agrupa, negociaron durante 39 días con el Poder Ejecutivo y con la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco, quien señalaba que se trataba de un "paro ilegal".

Los trabajadores exigían mejoras laborales, que se vieron materializadas en un bono mensual de $ 65.000 para los 3.182 funcionarios del servicio, que comenzó a ser entregado a comienzos de este año.

En el periodo de huelga, casi dos millones de trámites debieron ser postergados, generando múltiples reclamos de parte de los usuarios, quienes en algunos casos perdieron viajes o debieron retrasar la compra de pasajes producto de la movilización.

En ese momento, el gobierno estimó que las pérdidas por el paro superaron los US$ 4,7 millones.