Sofofa afirma que en la Araucanía "ya no impera el Estado de Derecho" y lanza dura crítica a La Moneda
La organización gremial publicó hoy un inserto en el que cuestiona al gobierno, señalando que "es evidente la incapacidad de los poderes de Estado" y haciendo un "llamado urgente al Gobierno a cumplir con su deber fundamental" de hacer respetar la Constitución.
En una de las declaraciones más duras de la Sofofa con respecto a la situación en la Araucanía, hoy la organización gremial publicó un inserto de cuatro puntos en el que afirma que en la región "ya no impera el Estado de Derecho", acusa que hay grupos "actuando en absoluta impunidad" y pide al Gobierno "hacer respetar la Constitución de la República".
En el inserto, titulado "Gremios agrupados en Sofofa piden con urgencia paz social para la Araucanía y el sur de Chile", la entidad plantea duros cuestionamientos al estado actual en la zona. "Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen", se señala en el texto, agregando que en la Araucanía hay personas y grupos que "son víctimas de una violencia creciente".
"Se está causando un grave daño al país y se incrementa el riesgo de extender su amenaza a más sectores del territorio nacional", plantea la Sofofa, que, en uno de los párrafos más duros de la inserción, señala que "hacemos un llamado urgente al Gobierno a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución".
La institución manifiesta además que "urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, así como adoptar las medidas que permitan prevenir su futura ocurrencia.
La Sofofa cierra el comunicado planteando tres "condiciones básicas" para buscar soluciones en la Araucanía: "evitar toda ambigüedad en el compromiso con la paz social, especialmente el otorgamiento de beneficios a los responsables de la violencia"; "fortalecer el principio de la integración social como el fundamento que sustente el diálogo", y que el gobierno "asuma su responsabilidad de aplicar políticas públicas eficientes en áreas claves como la salud, la educación y el progreso económico en una zona que sufre un estancamiento inaceptable en todos estos temas".
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