Tribunal sobresee causa sobre polémicos préstamos a diputados en el Congreso

Sin imputados fue sobreseído el caso en el que se indagaron los alcances de los polémicos préstamos a diputados que otorgaba el Congreso, que fueron revelados luego que una auditoría externa los objetara y calificara de "inadecuados".

Tras casi un año de investigación, la fiscalía solicitó y obtuvo en enero pasado, desde el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el sobreseimiento definitivo de la causa, que fue abierta a raíz de que se interpuso una querella por apropiación indebida en enero de 2015.

En un informe realizado respecto del ejercicio contable 2014 de la Cámara de Diputados, la consultora Ossandón & Ossandón apuntó a préstamos otorgados por el Congreso a parlamentarios sin percibir reajustes ni intereses y con la posibilidad de que estos fueran pagados en 28 cuotas.

Según el escrito presentado por el fiscal Claudio Rebeco al tribunal, la razón para solicitar el sobreseimiento de esta causa radica en el artículo 250, letra A), del Código Procesal Penal, en cuyo contenido se alude a la inexistencia de delitos en los hechos investigados.

Según información de la fiscalía, el Ministerio Público llegó a esta conclusión luego de analizar el reglamento interno y el detalle de los préstamos. En ese sentido, tras realizar análisis constitucionales, la fiscalía afirmó ante el tribunal que los préstamos en realidad se trataban de anticipos de las dietas parlamentarias y que, por lo tanto, no había existencia de delitos.

Según explican conocedores de las diligencias realizadas en esta investigación, la fiscalía solicitó al Congreso información específica respecto del reglamento y los préstamos, además de tomar declaraciones a algunos funcionarios a cargo del otorgamiento de los dineros.

De acuerdo a la querella interpuesta en 2016 por la cientista política Karina Oliva, a $ 154 millones ascendieron los préstamos objetados, los que en 2013 y 2014 fueron otorgados a los diputados Marisol Turres (UDI), Jenny Alvarez (PS), Cristián Campos (PPD), Jaime Pilowsky (DC), Diego Paulsen (RN) y Claudio Arriagada (DC).

En una minuta elaborada por el Ministerio Público para concluir el sobreseimiento de esta causa, se expone la consideración de que, una vez abierta la investigación, el Congreso y sus parlamentarios anunciaron que se terminarían estos anticipos, cambiando la normativa vigente respecto de este y otros puntos.

Del mismo modo, la fiscalía también consideró que el Consejo de Defensa del Estado, pese a tener conocimiento de estos hechos denunciados, no se hizo parte de la persecución penal.

En ese sentido, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, explica: "La Cámara siempre ha sostenido, respecto a los préstamos, que la corporación lo que ha hecho es actuar de acuerdo a las reglas vigentes, no constitutivas de delitos. Por lo tanto, la fiscalía sólo ha corroborado esta situación, haciendo una investigación exhaustiva. Nunca pensamos que esto podía tener ilícito penal".

Sin embargo, consultado por la polémica desatada por estos préstamos, agrega que "los parlamentarios, conforme a la Constitución, tienen asegurada una dieta por todo el mandato, entonces la forma cómo nosotros íbamos regulando eso se prestaba para confusión en la opinión pública y daba a entender que había un cierto libertinaje".

La otra causa sobreseída

La Unidad Anticorrupción de Valparaíso también pidió el sobreseimiento definitivo de otra causa que apuntaba al uso de recursos públicos en el Congreso: aquella relacionada con el pago de "dobles viáticos" a parlamentarios cuando viajaban en comisión de servicios al extranjero. Esto, porque además de la asignación que les otorgaba el Congreso por traslación, los parlamentarios recibían viáticos de estadía desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según los argumentos de la fiscalía, la normativa faculta al Congreso a entregar a los legisladores un viático establecido a todo evento, incluso cuando estos estuvieran fuera del país. Estos no se tramitan a través de una solicitud específica cada vez que viaja, sino que se asignan mensualmente. En ese sentido, Rebeco obtuvo desde el tribunal el sobreseimiento definitivo el 3 de marzo pasado.