Ues del G9 piden corregir déficit antes de ampliar gratuidad al 60%

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Rectores aseguran que el aumento de estudiantes podría perjudicar la calidad de las instituciones.




"La política de gratuidad debe plantear una fórmula más equilibrada". Esta es una parte de la declaración de los rectores integrantes de la red de universidades del G9 (que agrupa a las universidades privadas del Consejo de Rectores), quienes argumentan puntos de cambios para el proyecto de ley de Educación Superior que se está discutiendo en el Senado. Uno de los temas tratados por estas autoridades tiene que ver con el incremento de la política de gratuidad para el 2018, que planea llegar al sexto decil, como lo mencionó la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en entrevista con La Tercera.

Si bien gran parte de los rectores aseguran estar de acuerdo con la gratuidad como una medida de equidad, son enfáticos en poder arreglar el déficit financiero que se ha originado en los planteles por la implementación de este beneficio. "Antes de incrementar la cobertura se deben resolver los problemas que persisten actualmente como el déficit económico (...). Para asegurar la calidad no podemos poner en riesgo aquellas instituciones que aún tienen un déficit", dice Darcy Fuenzalida, presidente G9 y rector Universidad Federico Santa María.

Según los rectores, las deudas producto de la implementación del beneficio se originan por la diferencia entre el arancel real de las carreras y el referencial, del cual se hace cargo el Estado, sumado a la duración total de las disciplinas universitarias.

Como una forma de amortiguar la diferencia económica que se produce, desde el Ejecutivo establecieron una fórmula para calcular el arancel, considerando la investigación y acreditación de las instituciones, medida que "no ha sido suficiente", aseguran desde el G9.

A los dichos de Fuenzalida se suman las declaraciones del rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien sostiene que el plantel aún tiene un déficit cercano a los mil millones de pesos. "Al inicio teníamos un déficit de $ 1.700 millones, y con los aportes extra quedamos con uno cercano a los $ 1.000 millones, y estimamos que volverá a aumentar por el paso al sexto decil. Esto claramente va a atentar contra la calidad de nuestro proyecto educativo", explica.

Al hacer una proyección del aumento de alumnos para el 2018 que recibirían el beneficio, Aliro Bórquez, rector de U. Católica de Temuco, estima que en esta institución aumentaría en 587 alumnos de pregrado con gratuidad, por lo que esperan poder volver a contar con los aportes extras por ítem de investigación.

Desde los planteles explican que necesitan que se establezcan medidas específicas para corregir las diferencias entre los aranceles y la duración de las carreras, ya que no están conformes con los actuales mecanismos. "Necesitamos cambios en la forma de calcular los aranceles regulados, y pensar en un debate más amplio con una ley a futuro", manifestó Óscar Galindo, rector de la U. Austral.

La discusión del proyecto de Educación Superior continúa este martes en el Senado, instancia donde los rectores esperan mejores novedades.

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