Universidades piden no expandir gratuidad al sexto decil en 2018

Las universidades privadas adscritas a la gratuidad manifestaron serias dudas respecto de continuar en la política de financiamiento. En total, además de los 12 planteles técnicos que participan de este sistema, hay 32 universidades adscritas, de las cuales 18 son estatales, nueve son privadas pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch) y otras cinco son privadas fuera de este organismo.

Este último grupo está conformado por la U. Diego Portales, U. Alberto Hurtado (UAH), UC Silva Henríquez (UCSH), U. Finis Terrae y la U. Autónoma. Ayer, sus rectores cuestionaron que las modificaciones que se presentarán a la reforma a la educación superior no establezcan garantías para continuar en la gratuidad. Esto, porque los cambios eliminan el aporte suplementario para la gratuidad, conocido como Fondo para la Investigación y la Creación Artística (Fica), cuyo fin es cubrir el déficit generado por el arancel regulado que fija el Estado y el arancel real de la institución.

Según un informe de noviembre de 2016, realizado por el Mineduc, en todos los planteles mencionados los fondos de gratuidad no alcanzaron a cubrir el beneficio y se generó una brecha.

Esto, pese a que el Estado entregó un aporte suplementario que cubría hasta un 20% más del arancel. En el caso de la U. Autónoma, ésta sobrepasa los $ 3.700 millones, mientras que en la UDP supera los $ 3.600 millones, en la UAH equivale a casi $ 1.080 millones y en la U. Finis Terrae a $ 1.700. En la UCSH la diferencia financiera equivale a $ 442 millones y, además, aparecen otras 10 instituciones del Cruch con brecha.

El rector de la UDP, Carlos Peña, señaló que "bajo las mismas condiciones (que existen en la actualidad), objetivamente se empujaría a estos planteles a no adherir a la gratuidad, y a otras que están afuera y que habrían adherido en mejores condiciones, a no hacerlo".

Añadió que "es imprescindible, en cualquier escenario, que para los planteles creados después de 1981 y que adhieren a la gratuidad se cree un fondo de investigación".

La máxima autoridad de dicho plantel dijo que la carencia de un fondo para investigación es una pérdida para todo el país. "Se estaría empujando a estos planteles a que en el mediano plazo se transformen en plataformas puramente docentes y eso no tiene ningún sentido, es una pérdida de bienestar social. Y, finalmente, parece un engaño, porque significa darles acceso a jóvenes de los cinco primeros deciles para que entren a universidades sin ninguna complejidad, sin ninguna calidad,", explicó Peña.

Se sumó a él la máxima autoridad de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva: "Siempre he estado de acuerdo con la gratuidad, es buena en su fin. Pero el modo como se está aplicando en los planteles que no estamos en el Cruch es inviable. Es inviable que disminuyan los recursos en un 20%. Eso daña la calidad y el problema es que estamos sacrificando calidad por inclusión. Nosotros queremos calidad e inclusión", dijo.

Los rectores de ambas instituciones explican que el déficit de este grupo se genera porque, en primer lugar, los fondos que entrega el Estado por cada alumno para que estudie sin costo no alcanzan a cubrir el arancel real. En segundo lugar, explicó, se genera un déficit porque en planteles complejos el arancel permite, en parte, financiar la investigación y la gratuidad no alcanza a cubrir este costo.

Ambos rectores señalaron que la situación se agrava en el escenario de expansión de la gratuidad al 60% más vulnerable en 2018, como lo establece la última línea programática del gobierno en esta materia.

En ese sentido, coincide con ellos el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez: "La gratuidad es una política que nació con problemas de financiamiento y cuando esto es así no se puede plantear que aumente su cobertura porque esto sólo produce más desfinanciamiento", remarcó.

Sánchez añadió que "no está escrito en piedra la expansión", aludiendo a que es una política que, hasta el momento, se fija anualmente a través de la Ley de Presupuesto. "Si efectivamente se aumentara la cobertura del 50% al 60% más vulnerable, en estas condiciones, la gratuidad implicaría una merma de calidad en el sistema de educación superior", dijo Sánchez.

Según el rector de la U. Alberto Hurtado, "la institución financia entre un 25% y un 35% de la gratuidad de un alumno. Con el aumento de cobertura al 60% se proyecta que el déficit de la institución llegue a $ 1.500 millones". Por eso, para Silva, es fundamental que se reintegre el Fica o que se diseñe otro mecanismo de financiamiento a la investigación, que, según él, podría estar asociado a los años de acreditación.

"Hay instituciones estatales que tienen investigación, pero tienen aportes directos y eso les permite adscribirse a la gratuidad. Las del G-9 lograron que se restablecieran sus aportes directos y por eso pueden adscribir. Nosotros, que no tenemos aportes de ese tipo, tenemos que sacrificar la investigación para adscribir a la gratuidad", señaló Silva.

Sin embargo, Sánchez remarcó que "los fondos directos son para investigación y las instituciones del Cruch no pueden estar usándolo para cubrir la brecha de gratuidad. Lo que falta es una reflexión de cómo financiar la gratuidad y su relación con la calidad".

Desde la U. Finis Terrae, el rector Cristián Nazer coincidió en que actualmente las instituciones están haciendo sacrificios para mantenerse en gratuidad, pero que la situación no es sostenible a largo plazo: "Hoy podemos hacer frente a ese estrés que genera la diferencia entre el arancel real y el arancel regulado. Pero eso no será eterno", advirtió.

Eso sí, remarcó que continuar participando en la gratuidad depende de las condiciones que establezca la glosa presupuestaria. "Hasta que no conozcamos la glosa del próximo año no vamos a saber en qué condiciones estará planteada la gratuidad. Si la cobertura sigue siendo la misma o si los aranceles regulados se modifican, por ejemplo, son factores que sin conocerlos sería irresponsable decir que vamos a adherir o no", subrayó Nazer.

Distinta es la situación de la UC Silva Henríquez, que fue el primer plantel que informó su paso a la gratuidad. Según su rector, Jorge Baeza, la institución realiza un trabajo mucho más docente que de investigación y, además, gran parte de los fondos de la gratuidad hoy permite liberar recursos propios que antes la institución utilizaba para becar a sus alumnos más vulnerables. "Estamos recién en un proceso de avance de crecimiento en el campo de la investigación, entonces nuestra entrada a la situación de gratuidad no es similar a UDP o UAH. Veo prácticamente imposible salir del proceso de gratuidad, no por una cosa financiera, sino por un tema de identidad", enfatizó Baeza.

En tanto, el rector de la U. Autónoma, Teodoro Ribera, señaló que coincide con sus pares. "Esperamos que la nueva ley clarifique y mejore la situación actual. Hoy se puede aseverar que no existe ni una política, ni un sistema coherente de gratuidad, sino más bien acciones que año a año mutan, lo que genera incertidumbre en las instituciones y en las personas".

Respecto de su continuidad en gratuidad, señaló que "la U. Autónoma hará los máximos esfuerzos para permanecer en la gratuidad, dado su fuerte compromiso por atender los sectores medios, y mantendrá su crecimiento en calidad e infraestructura".