El agua y la institucionalidad en Chile: crónica de una sequía anunciada

"Nunca me preocupo por la acción, sino por la inacción", decía Winston Churchill, hombre de varias guerras y vidas políticas, quien entendía a cabalidad que, en el campo de la gestión pública, junto con identificar los problemas, había que tomar acciones para resolverlos.

Los últimos días hemos sido testigos de dos casos relativos a la crítica situación de la gestión de recursos hídricos en la zona central del país, que se refieren a la sequía de la Laguna de Aculeo, y a la zona de Petorca, ambos casos que desgraciadamente sirven como claro ejemplo de que la acción pública –o, más bien, inacción pública- ha sido partícipe importante de este problema, más allá de los obvios efectos del Cambio Climático como causante de todos los males del hombre del siglo XXI.

Ya el año pasado, junto a otros autores, en un artículo elaborado con aportes del Centro de Políticas Públicas de la UC, identificábamos como uno de los principales problemas ambientales de Chile "la escasez y contaminación de recursos hídricos", situación identificada, además, en diversos estudios a nivel nacional, en los que al menos los temas regulatorios, gestión de recursos hídricos y la información catastral, además del citado cambio climático, están siendo estructurales en la generación de este problema. A eso sumamos aspectos estructurales afines como lo es la ausencia de una evaluación ambiental para proyectos de baja magnitud o la carencia de políticas de ordenamiento territorial.

Para profundizar en lo señalado respecto de los casos en análisis, el código de aguas vigente presenta serias deficiencias en relación con la información catastral para la asignación de derechos de agua, donde el desconocimiento de los volúmenes disponibles y la disminución de estos con el tiempo han provocado la existencia de una mayor cantidad de volumen de agua asignado que la que realmente existe, que llevado a la realidad significa que, primero, no sabemos de cuánta agua disponemos en la cuenca de Aculeo o Petorca realmente y, segundo, que es muy probable que la cantidad de derechos asignados a los usuarios agrícolas, principalmente, y residenciales o mineros/industriales, en menor medida, sean mayores a éstos. Y para agregar un último pelo a la sopa, como consecuencia del Cambio Climático este fenómeno de mala asignación de derechos de agua se ve agravado (y no al revés como nos han tratado de hacer creer).

Un segundo tema dentro de la gestión del recurso se refiere a la inexistencia de criterios ambientales en las prioridades de uso de aprovechamiento de agua, que impiden que de forma preventiva a la escasez se puedan tomar medidas efectivas de control o resguardo del recurso. ¿Acaso le queda a alguien alguna duda que la laguna de Acúleo o el valle de Petorca venían por años en procesos de disminución de disponibilidad hídrica? ¿Qué mecanismo de carácter ambiental comenzó a operar? Ninguno.

Para continuar, tenemos un tercer tema, que se refiere a los efectos acumulativos y sinérgicos que están provocando explotaciones que utilizan agua, pero que por sus dimensiones o características no pueden ser sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, impidiendo medir o conocer su real participación en esta crisis. Este caso se aplica con relevancia a la actividad agrícola que se da tanto en Aculeo como en Petorca, puesto que se encuentra excluida de evaluarse y sólo en algunos casos menores cuando existen tranques o embalses de grandes dimensiones puede considerarse. Para entender este problema es importante decir que quizás una explotación que utiliza 1.000 l/s no genera efectos significativos en la cuenca o acuífero, pero la suma de 100 explotaciones con la misma intensidad de uso, sí puede estar afectando si ello no ha sido debidamente evaluado.

Efecto similar a lo anterior provoca en el contexto de la Laguna de Aculeo el proceso de parcelamiento y uso como segunda residencia por amenidades durante muchos años, que ha provocado una amplia ocupación de su borde costero por unidades de las mínimas dimensiones que permite la normativa, pero que en su suma, posee niveles de demanda de agua que pueden ser importantes para el sistema ¿Cuántas viviendas pueden existir y personas habitar sin afectar el recurso hídrico en una cuenca con límites bastante definidos?

Para finalizar, es interesante notar que un informe del Banco Mundial realizado el año 2013, al que han tenido acceso nuestras autoridades, detectó la existencia de 102 funciones relativas a la gestión pública de los recursos hídricos, donde participan al menos 43 actores institucionales de distinto tipo y características, diagnosticando graves falencias y problemas en atribuciones, coordinación, además del financiamiento, lo que ha redundado en dificultades en el ejercicio de autoridad en la materia. De esta forma y volviendo a la reflexión de inicial inspirados en Churchill, ¿Nos preocupamos por la inacción? ¿qué hicimos para resolver institucionalmente el tema del agua?