Chile, más allá del ingreso

Latinoamérica es una región de economías de ingreso medio desde hace décadas, y las proyecciones de crecimiento para la región, alrededor del 2% en 2018 y menos del 3% durante los próximos años - frente al 4% global - sugieren que seguirá siendo así por un tiempo.

Chile parece una de las excepciones, al haber superado la llamada trampa del ingreso medio según el análisis recogido en las Perspectivas Económicas de América Latina 2018 elaboradas por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Cepal, la CAF y la UE. La apertura económica y la calidad de las instituciones, con un estado de derecho y una democracia fuertes, y una recaudación tributaria sólida, están asociados a un ingreso per cápita de Chile que superó los 11.750 dólares de 1990 ajustados por poder de compra que delimitan el rango medio (unos nueve millones de pesos chilenos hoy). La productividad laboral recortó en parte el rezago frente a los líderes mundiales, aunque sigue lejos (en 2017 el producto por trabajador representó un 62% del promedio de la OCDE) en una economía con retos de diversificación y competitividad.

La literatura sobre la trampa del ingreso medio genera pasiones, con opiniones divididas sobre su existencia, arbitrariedad o implicaciones. Ello a pesar del acuerdo general sobre la idea que subyace. A medida que los países alcanzan niveles de ingreso medio, es más complejo encontrar la combinación adecuada de instituciones e incentivos para arrancar los nuevos motores de crecimiento en manufacturas intensivas en capital y en habilidades, y servicios de alto valor agregado.

Tan relevante o más que el debate técnico son sus implicaciones (aunque recomiendo al lector interesado el documento de trabajo de la OCDE Policy priorities to overcome the middle-income trap in Latin America). Alcanzar un nivel alto de ingreso no exime a Chile, ni a ningún país (de la OCDE o no) de seguir teniendo retos. El ingreso medio per se no dice nada sobre el nivel de desigualdad, y aún menos sobre la distribución de la riqueza o la igualdad de oportunidades. Incluso en el ámbito de la institucionalidad, donde Chile puntúa alto, hay que actuar y rápido. Así, en 2016 solo cuatro de cada diez chilenos declararon confiar en el gobierno, apenas dos de cada diez estaban satisfechos con la salud y educación públicas, y más de cuatro de cada diez justificaban evadir impuestos.

Por ello, es momento en Chile y en Latinoamérica de repensar las instituciones y reconectarlas con la economía y con los ciudadanos. Solo con un Estado capaz (con impuestos suficientes, eficientes y equitativos y capital humano), abierto y con visión de futuro, Chile podrá seguir avanzando en su senda de desarrollo. Esta visión de futuro exige políticas innovadoras de desarrollo productivo e inversión en las habilidades del futuro, áreas en las que el país muestra un rezago frente a sus compañeros de alto ingreso. Además, se ha de repensar la noción de cooperación internacional definiendo nuevas métricas, instrumentos y asociaciones en el denominado "desarrollo en transición". Alcanzar un ingreso promedio alto exige más y mejor cooperación, no menos.

Chile avanza pero, desde luego, el verdadero desarrollo es más que ingreso.