Columna de Daniel Matamala: Paguen mejor

“Si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor”.

La frase de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en un debate con el expresidente de la Sofofa Bernardo Larraín, marcó la semana. Dirigentes empresariales y sus think tanks afines acusaron a la ministra de “paternalismo” y “voluntarismo”. Argumentan que los sueldos se definen en el mercado y que la única forma de que suban es que aumente el crecimiento y la productividad. Así, regulaciones como la baja gradual de la jornada laboral y el aumento del sueldo mínimo significarían más desempleo.

¿Tienen razón?

Sí, el nivel de sueldos tiene que ver con factores como el crecimiento y la productividad. Pero esa es solo parte de la historia.

Es que el mercado laboral es imperfecto. El poder de negociación entre trabajadores y empleadores es asimétrico, especialmente en los niveles más bajos de ingresos. Toda la legislación laboral existe precisamente para corregir ese desbalance.

Un ejemplo clásico es el sueldo mínimo.

Según el credo neoliberal, si el Estado lo fija, solo creará más desempleo. David Card ganó el Nobel de Economía demostrando lo contrario: dentro de ciertos límites, ese efecto negativo no existe. Más recientemente, un informe oficial para el gobierno británico liderado por Arindrajit Dube, llegó a conclusiones similares.

Es más: en mercados concentrados el salario mínimo corrige distorsiones creadas por la falta de competencia en la demanda de trabajo, y puede generar efectos positivos en el empleo. ¿Será nuestro caso? Un dato al respecto: la economía chilena está tan concentrada, que el 1% de las empresas más grandes acumulan el 88% de las ventas.

Todo depende del poder relativo del capital y el trabajo. Trabajadores más fuertes, sindicatos más robustos, leyes laborales más equilibradas, hacen que la torta se reparta más equitativamente entre empleadores y empleados.

En su último libro, “Poder y Progreso”, los investigadores Daron Acemoglu y Simon Johnson recuerdan que este equilibrio es crucial, especialmente en épocas de rápido cambio tecnológico como la que vivimos. ¿Estas innovaciones beneficiarán o perjudicarán a las grandes mayorías? La respuesta no es obvia ni espontánea. Depende de las decisiones que toman las sociedades. “El poder de los trabajadores importa”, es su conclusión.

Citando múltiple evidencia histórica, Acemoglu y Johnson recuerdan que el aumento de la productividad “no produce necesariamente prosperidad general”. Esto dependerá, entre otros factores, de si “las ganancias resultantes son repartidas entre las empresas y los trabajadores”.

Un estudio de Patrick Kline y otros calcula que, cuando las empresas tienen un shock de productividad, de cada dólar adicional de ganancias, sólo 30 centavos se traspasan a los trabajadores. El resto se lo apropia el dueño del capital.

Esto no tiene por qué ser así. En Europa y Estados Unidos, la “época dorada” del capitalismo, entre 1945 y 1975, aproximadamente, estuvo marcada por pactos entre un movimiento sindical empoderado tras la guerra, y un empresariado que, ante la amenaza soviética, tomaba la responsabilidad de ayudar a la paz social. El resultado fue un virtuoso win win: el capitalismo se legitimó, la paz social reinó, el alto crecimiento alcanzó para todos, y las sociedades se volvieron más prósperas e igualitarias.

¿Es impensable algo así en Chile?

El 22 de octubre de 2019, la mayor fortuna del país, Andrónico Luksic, anunció que implantaría un piso de sueldo para todos los trabajadores de su holding Quiñenco. La startup Compara, la firma de servicios financieros Tanner, y Crystal Lagoons, hicieron anuncios semejantes.

Ese mismo día, el Grupo de Empresas B y los empresarios del G 100 lanzaron el Desafío 10X, llamando a que las empresas redujeran la diferencia entre sus sueldos máximos y mínimos a 10 veces o fijaran un sueldo base de unos $ 814.000 de hoy.

Entre el 22 y el 28 de octubre, mil empresas se sumaron a la iniciativa. Luego se llegó a 2.247 compañías, que emplean a 69.800 trabajadores.

Esa misma semana, Alfonso Swett, entonces presidente de la CPC, hizo un “mea culpa” y llamó a un “nuevo pacto social”, diciendo que “un crecimiento económico que no considera el crecimiento de las remuneraciones, es un crecimiento de corto plazo”.

Todos sabemos por qué esas medidas y esas promesas ocurrieron justo en esos días, y no tuvo nada que ver con temas de crecimiento, productividad o mercado.

Lamentablemente, ese ambiente duró poco. De hecho, cuando la ministra Jara se lo recordó a Larraín, la respuesta del extimonel de la Sofofa fue que “todo lo que rodeó el estallido es algo que los chilenos quieren dejar atrás (…) Volver a traer al debate de esos tiempos no es lo que los chilenos quieren”.

Esa forma de pensar es ciega y peligrosa para el propio empresariado. Los chilenos rechazan la violencia que marcó el estallido, y están defraudados porque el sistema no dio solución a los problemas planteados. Pero no han olvidado ni resignado las demandas sociales que lo gatillaron.

Según la encuesta Criteria, quienes creen que el estallido fue “más bien positivo” para el país han caído del 64% al 45% en los últimos dos años. Pero quienes consideran que “hoy en día existen motivos para que la gente siga movilizándose en las calles” han subido, del 64% al 67%.

Esconder la cabeza como el avestruz sólo nos condena a una nueva explosión, que puede llegar desde las calles, como en 2019, o desde las urnas, con el ascenso de algún caudillo populista al poder.

En 2019, los empresarios chilenos demostraron que los sueldos no son sólo un asunto que deba dejarse a los equilibrios de largo plazo o al crecimiento económico. Entendieron que también tienen que ver con acuerdos, voluntad y liderazgo.

Volver a pensar en “pagar mejor”, como ellos mismos se comprometieron a hacerlo en esos días, no sólo es un asunto de justicia. Es una inversión en armonía laboral y estabilidad. Un escenario en que todos ganan. Y los que más ganan son los que más se benefician de la paz social: aquellos que más tienen.