Tres carabineros más fueron asesinados, al horror que es consustancial a cualquier homicidio, esta vez se suman condiciones particularmente crueles. En los últimos dos años, diecinueve policías uniformados han caído en el cumplimiento del deber, nos acercamos al escalofriante récord de uno al mes. A ningún país le ocurre esto por casualidad, no es el azar, ni la acción de fuerzas de la naturaleza las que han provocado esta verdadera masacre, esta regresión civilizatoria en la que nos encontramos.
Hoy sufrimos los efectos de que durante un periodo se haya instalado un verdadero estado de anomia, en que la ley dejó de imperar y al mejor estilo primitivo se idolatraba al llamado “perro matapacos”, figuras públicas ostentaban poleras con su imagen; a los carabineros no solo se les atacaba impunemente, sino que después a varios de los pocos delincuentes que fueron condenados por la violencia de ese período se les benefició, primero con el indulto y luego con una pensión “de gracia”.
La violencia se justificó y se le dio un aura de legitimidad; hasta ahora se le llama “estallido social”, como si hubiera sido la consecuencia incontrolable y, por lo tanto, no reprochable de condiciones estructurales. La peligrosa tarea de restablecer el imperio de la ley la tuvieron que afrontar los carabineros con recursos precarios y, lo que es más importante, sin el respaldo indispensable.
En los próximos días el general director de la policía uniformada será formalizado por un delito de omisión, pero no como podría pensarse por haber dejado de cumplir sus deberes para restablecer el Estado de derecho. Todo lo contrario, se le formaliza por no haber tomado las medidas para evitar el uso de fuerza excesiva o injustificada en esa labor. Persecución equivalente ha soportado su antecesor y otros oficiales que perdieron su carrera y su libertad, como una suerte de daño colateral.
La inmigración ilegal se relativizó, ninguna persona es ilegal se nos decía. Al amparo de ese discurso el control de nuestras fronteras se relajó al punto que el crimen organizado entró y se hizo fuerte en el descampado que dejó una policía debilitada y deslegitimada. Refundarla era entonces el objetivo político de quienes encabezan ahora nuestro gobierno. Al terrorismo en el sur se le dio un aura casi romántica, se le describía como un fenómeno motivado por injusticias históricas y estructurales. Los carabineros eran presentados como “represores”.
¿Cómo salimos del lugar al que hemos llegado? Desde luego, no con declaraciones altisonantes que no tienen efecto alguno, ni con palabras de buena crianza en ceremonias que se han vuelto meros rituales, después de los cuales todo sigue igual.
La ley y el orden solo se imponen con respaldo político, esto es con un cambio en la sociedad, en sus valores y prioridades; pero también con recursos. No solo caminamos hacia la inseguridad más brutal; también, y en parte por las mismas razones, enfilamos hacia el estancamiento económico. El cambio que se necesita es urgente y profundo.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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