Dejar atrás la gratuidad

Hace dos años, y tras una áspera disputa en el Tribunal Constitucional, se creaba en el presupuesto nacional el financiamiento institucional para la gratuidad. Todas las universidades del Cruch, estatales y privadas, adhirieron, mientras que solo cinco privadas fuera del Cruch lo hicieron.

Para estas últimas, se trataba de una apuesta arriesgada. Sin fondos basales, sin influencia en el Consejo de Rectores, sin un trato preferencial de ninguna clase, y teniendo claridad (al menos conceptual) de los problemas de financiamiento que la política de gratuidad les provocaría, estas casas de estudio resolvieron subirse a un carro al que, por decirlo suavemente, no fueron invitadas con demasiado entusiasmo por la autoridad. De hecho, la Ministra de Educación diría después que una de ellas, literalmente, se había "colado a la gratuidad". Esto hacía prever que el trato con ellas no sería especialmente deferente.

Uno podría especular qué hizo que estas instituciones decidieran tomar esta vía. Si bien todas argumentaron nobles propósitos de inclusión social, que por cierto pueden ser efectivos, muchos observaron que la idea de adherir a la gratuidad era una estrategia de realpolitik para, a cambio de dar apoyo a una política emblemática del gobierno, mejorar su posición negociadora para acceder a fondos públicos, o en conjunto con lo anterior, obtener la codiciada chapa de "universidad pública" que el Cruch se niega a compartir. El déficit financiero que enfrentarían y la pérdida de autonomía no parecían ser tan graves. Además, mientras fuera solo el 50% más vulnerable, el problema se mantendría acotado. Solo había que aguantar y presionar para que el gobierno creara un diseño de política de gratuidad más sofisticado que evitara estos problemas.

Nada de esto ocurrió. El gobierno rápidamente dio vuelta la página y concentró su atención en el proyecto de educación superior, enfocándose en las necesidades y demandas del CRUCH. El déficit financiero, más grave en las universidades privadas, se mantuvo y se acumuló. Un rector amenazó públicamente con retirarse de la gratuidad a menos que este problema fuera resuelto, pero nunca lo concretó, y el déficit persistió. Luego la cobertura de la gratuidad subió al 60%, agravando nuevamente el déficit. Si bien se crearon unos fondos compensatorios, cómodamente disfrazados como dineros para la investigación, éstos no fueron suficientes. Se recalcularon los montos a transferir, ajustando los precios regulados, pero hubo ganadores (dentro del Cruch) y perdedores (universidades privadas). Varios rectores de estas instituciones se convirtieron entonces en detractores acérrimos de la reforma, cuando al mismo tiempo adherían a su principal política. Algunas debieron recurrir a los tribunales para intentar defenderse contra los cambios que las afectaban. Quizás más de alguna de estas instituciones se arrepiente de la decisión.

La reforma a la educación superior está a punto de convertirse en ley, y se abre una oportunidad. Entre las disposiciones transitorias se establece un plazo de 60 días para que las instituciones se retiren de la gratuidad y así eviten la fijación de aranceles para casi todos sus estudiantes (¡incluso los no gratuitos!) y el control de vacantes. La decisión, muy dura por cierto, puede cambiar el rumbo de la institución. La fijación de aranceles limita las posibilidades de las instituciones de expresar la particularidad de su proyecto educativo, poniéndoles un techo que no pueden modificar. Lo que les espera es convertirse en instituciones docentes, sistemáticamente desfinanciadas y congeladas en el tiempo, incapaces de enfrentar ningún desafío que implique un peso más. Ante este escenario, y con los rectores como los principales críticos, dicha decisión no se puede eludir ni esconder.