Deplorables condiciones en cárceles chilenas

El informe dado a conocer por el presidente de la Corte Suprema sobre la crítica realidad de las cárceles chilenas constituye un fuerte llamado de atención, porque junto con confirmar que se están vulnerando garantías fundamentales de los reclusos, también permite apreciar que bajo las actuales condiciones de hacinamiento y regímenes penitenciarios muchas veces inhumanos, es muy improbable que la rehabilitación y reinserción social sea posible. Una vez más es el Estado el que falla ominosamente, tal como ocurre con los graves casos de abusos conocidos con niños del Sename.

Conforme los antecedentes recopilados en el informe -sobre la base de 53 penales visitados por los fiscales judiciales en 2017-, se pudo apreciar que hay reclusos que pasan hasta 16 horas en sus celdas. Ello constituye una abierta vulneración de los propios reglamentos penitenciarios, los cuales establecen que quienes se encuentran bajo régimen carcelario cerrado tienen derecho a lo menos a ocho horas diarias de descanso -esto es, de desencierro-; al incumplirlo, tal como advierte el documento de la Corte Suprema, la rehabilitación se hace totalmente incompatible, pues las horas para labores de capacitación o el desempeño de actividades laborales son escasas.

El informe también es crítico respecto de las condiciones de hacinamiento, una realidad que está generalizada en nuestro sistema carcelario. Así, del total de recintos visitados, en 28 se pudo constatar sobrepoblación, con algunos casos que resultan paradigmáticos, con una tasa de hacinamiento superior al 80%. Esta situación, que es más recurrentes en los recintos operados por el Estado- se ve agravada cuando se toma en cuenta las deplorables condiciones de algunos recintos, que de acuerdo con el informe carecen de servicios higiénicos, adecuada ventilación y luz.

La realidad que la Corte Suprema ha puesto sobre la mesa no es, en todo caso, inédita, pues la precariedad del sistema penitenciario ha sido sistemáticamente denunciada desde hace muchos años. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 2014, también constató graves vulneraciones, lo que hace más injustificable que el Estado haya mostrado tal indiferencia en abordar una situación inaceptable y que peligrosamente ha sido naturalizada.

Aun cuando se ha hecho ver que a Gendarmería le caben importantes responsabilidades -por ejemplo, en las largas horas que los reclusos permanecen en sus celdas-, el problema tiene que ver más con ausencia de políticas de Estado, que han trascendido gobiernos. Así, carece de sentido una política de "castigar con cárcel", si ello no va acompañado de intensas medidas de rehabilitación, y en general parece haber coincidencia entre expertos que cuando se trata de delitos que no sean de grave connotación social -más del 50% de los reclusos pugna pena de cárcel por delitos contra la propiedad-, hay alternativas preferibles a la reclusión total, que son escasamente utilizadas, como los trabajos comunitarios.

Las recientes medidas que el Ministerio de Justicia ha adoptado, como una nueva política de reinserción social, o la dictación de un nuevo reglamento penitenciario -que aún no entra en vigencia-, son pasos importantes, pero insuficientes para cambiar sustancialmente la forma en que el Estado ha abordado el problema.