Hacia un pacto constitucional sin exclusiones

*Esta columna fue escrita junto a Pamela Figueroa, asesora  para la Reforma Política y Nueva Constitución en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La experiencia muestra que las constituciones sólo pueden ser reemplazadas si existen acuerdos políticos amplios y legitimidad social. Las nuevas constituciones están intrínsecamente ligadas a su sistema político y a la justificación y aceptación social del cambio.

El análisis comparado ilustra que los cambios constitucionales en democracia se desarrollan de una manera progresiva y asentados en el diálogo político permanente. La experiencia también nos muestra, que una vez iniciados los procesos constituyentes es muy difícil que se detengan. Es por ello que el cambio debe ser analizado como un proceso político complejo y no como una simple consecuencia de coyunturas o hechos puntuales y determinados.

Estos antecedentes fueron considerados al momento de presentar el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía por la ex Presidenta Bachelet. No estábamos ante un escenario fácil para el sistema político y de partidos chileno. La situación era un sistema desconectado de la ciudadanía, con una participación electoral en una curva peligrosamente descendente desde 1989 (la más pronunciada de América Latina), y en medio de una crisis del sistema de partidos derivada del financiamiento ilegal (no irregular) de la política. Junto con ello, la demanda por una Nueva Constitución había retornado con fuerza, los acuerdos políticos de 2005 en materia constitucional habían sido totalmente superados e iniciábamos desde 2011 un nuevo ciclo político post-transicional, donde ya no era posible dar las respuestas de siempre, porque las preguntas ya no eran las mismas.

Este contexto hizo necesario fortalecer y oxigenar nuestra democracia. Se llevó a cabo el cambio de sistema electoral ampliando la oferta política e incorporando mayores grados de competencia. Se dictaron las nuevas leyes de financiamiento de la política, de partidos políticos y se otorgó mayor autonomía, facultades de fiscalización y control al Servel. Estas reformas han sido destacadas por su oportunidad y mirada sistémica.

Paralelamente, se entendió que la legitimidad social era esencial para una Nueva Constitución. Reproducir acuerdos donde sólo se involucraban los partidos políticos y destacados juristas no era, ni es, la solución. Se propuso al país la participación pública incidente como parte sustantiva de todo el modelo de cambio constitucional (no sólo en la primera etapa). La participación inicial expresó sus resultados en las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, Bases que incidieron en el proyecto de nueva Constitución  presentado el pasado 6 de marzo. Para dar garantías a la ciudadanía durante la Etapa Participativa, la Presidenta creo el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, ambos órganos política y ciudadanamente transversales.

Todo lo realizado buscó recuperar las confianzas entre los actores afectados por la crisis del sistema político y entre éste y la ciudadanía, avanzando hacia una legitimidad política y social para la Nueva Constitución a través de formas innovadoras e inclusivas.

Hoy estamos ante un escenario muy diferente. El nuevo Congreso, elegido bajo las nuevas reglas, está completamente legitimado para forjar, junto con el Presidente de la República, un acuerdo político amplio sobre la Nueva Constitución. Tenemos una propuesta de sede y de contenidos presentada por la ex Presidenta Bachelet como elemento propositivo basal para el acuerdo, y un anuncio de proyecto por el Presidente Piñera.

A partir de lo anterior no debemos olvidar que los acuerdos constitucionales no son sinónimo de meras transacciones, sino la búsqueda de aquellos puntos comunes y mínimos compartidos sobre la Constitución. A esto debiera dedicarse la política, y para ello se necesita que estén sobre la mesa la mayor cantidad posible de posiciones políticas y sociales. No son admisibles los vetos o exclusiones de proyectos determinados (como el expresado por el Ministro del Interior en Icare), pues lo que se hace con ello es negar la política como espacio de expresión de la pluralidad. La exclusión niega la política pluralista, lo cual niega la deliberación como elemento central de la misma, negándole en definitiva, a la Constitución Política, su carácter de acuerdo identificatorio que signifique un compromiso constitucional de futuro.