Incertidumbre en el sistema escolar

Esta columna fue escrita junto a Alejandro Carrasco del Centro de Justicia Educacional UC.

Chile ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar la calidad y equidad de la educación a través de la creación de las leyes de Inclusión, de Nueva Educación Pública y la del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Dadas las características de desigualdad y dispersión del sistema escolar, estas leyes, en su conjunto, generan nuevas condiciones para mejorar las capacidades de las comunidades escolares y las oportunidades educacionales de los estudiantes. Por este motivo, es indispensable gestionarlas de forma tal que se generen sinergias entre ellas que mejoren las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas a través del fortalecimiento de las capacidades de enseñanza y de gestión con foco pedagógico en todas las escuelas que reciben fondos públicos en el país.

A pesar de estos esfuerzos y compromisos adquiridos en forma de leyes, preocupa la incertidumbre que estarían sembrando en el sistema escolar las declaraciones de autoridades de educación y los elementos de la cuenta pública que dio a conocer el ministro de Educación, Gerardo Varela. A juzgar por sus mensajes, parece ser que al gobierno no le convencen estas leyes, mostrándose dubitativo sobre el real esfuerzo que deben volcar a su implementación. Son mensajes que inducen a pensar que el gobierno podría dejar estas leyes en un congelador, aplicando un "freno de mano" a la energía y decisión que su ejecución requiere.

Las leyes mencionadas (y aprobadas en el gobierno anterior) tienen sustento en la evidencia internacional y nacional sobre los desafíos de la educación chilena, lo que a veces se contrapone con los mensajes de la autoridad del Mineduc.

La Ley de Inclusión busca responder, desde el sistema educativo, a la hiper-segregación económica y académica de estudiantes entre establecimientos educativos. Para ello, junto a la gratuidad, se retira la prerrogativa de las escuelas de seleccionar estudiantes y son las familias las que eligen las escuelas. El nuevo sistema de admisión está diseñado con los más altos estándares técnicos para maximizar la posibilidad de que los estudiantes accedan al colegio de su preferencia, pero en la cuenta pública del Ministerio de Educación se subrayó la importancia de dar más posibilidad a los padres de elegir. Dado que el mecanismo ya funciona maximizando las posibilidades de elección, preocupa que estas declaraciones obstaculicen, como estaba diseñado, la expansión del sistema este año a todo el país o derechamente apunten a devolver el poder de seleccionar a las escuelas.

En cuanto a la Nueva Educación Pública, la ley establece un cronograma claro de desmunicipalización y un conjunto de requisitos de desempeño educativo para los municipios que quieran postergar su entrada a la ley hasta 2022. Los indicios que propiciaron la ley son contundentes al mostrar la falta de capacidad de gestionar y financiar la educación de cerca del 90% de los municipios. Sin embargo, el gobierno ha insistido en la voluntariedad de adherir a esta ley, quitándole con ello coherencia sistémica a la nueva educación pública e introduciendo incertidumbre en un cambio de importantes dimensiones.

Finalmente, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente se basa en la noción de que el sistema escolar es atomizado y que no se comparten innovaciones ni buenas prácticas dentro de los establecimientos ni entre establecimientos. Por ello, establece un marco para que los profesores mejoren sus prácticas a través del acompañamiento y la colaboración con foco en lo que sucede en la escuela. Respecto de esta ley, el gobierno no se ha pronunciado con fuerza, pero sin duda este marco legal debería hacer sinergia con las leyes de Inclusión y Nueva Educación Pública para mejorar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas.

El éxito de las reformas se juega mucho en su diseño, pero especialmente en la ingeniería y gestión política de su ejecución. Por ello, el liderazgo de las autoridades debería enfocarse en ofrecer certezas a los actores educativos, desplegar recursos y convicción en vez de sembrar dudas sobre procesos de reforma necesarios para Chile y, que, por su complejidad, suelen generar incertidumbres dado los cambios estructurales que conllevan.