Política sobre construcción de hospitales

La polémica en torno a la construcción de hospitales ha vuelto a resurgir a propósito del nuevo hospital Sótero del Río, en la comuna de Puente Alto. Un oficio del Ministerio de Hacienda a su par de Salud, indicaba que no era posible suplementar $ 750 millones requeridos por Salud en el marco del proceso de licitación de dicho recinto, lo que puso en duda su edificación por falta de fondos. El Presidente de la República salió a aclarar el intríngulis, comprometiendo que la licitación se llevaría a cabo durante este mes. De paso, el gobierno culpó a la administración pasada de haber postergado por razones ideológicas la licitación del nuevo Sótero, lo que a su vez motivó como réplica de la oposición que bajo la primera administración del Presidente Piñera se había comprometido un hospital para Puente Alto, que en realidad era un centro de referencia de salud.

Aun cuando es una buena noticia para los habitantes de Puente Alto que la construcción de este hospital finalmente tendrá lugar -sería frustrante que este compromiso largamente postergado naufragara otra vez-, este nuevo incidente es un llamado de atención sobre la necesidad de tener una única política de infraestructura hospitalaria, convirtiéndose en un plan maestro que pueda ser continuado por cada gobierno, evitando que sea materia de campañas políticas.

Posiblemente este plan resulte menos atractivo desde un punto de vista electoral -sin duda que prometer hospitales es una manera fácil y rentable de conseguir dividendos políticos-, pero no puede desconocerse que con ello también se juega indebidamente con las expectativas de la población, en particular de los sectores más vulnerables que por lo general se atienden en la red pública.

En otros ámbitos de interés nacional sí ha sido posible configurar políticas de largo plazo, y no se ve por qué en materia de infraestructura hospitalaria ello no pueda ser posible. Así, en las concesiones de carreteras, aeropuertos y terminales portuarios en general se ha podido contar con inversiones de muy largo aliento, que no difieren sustancialmente de un gobierno a otro, sin perjuicio de que es legítimo que cada nueva administración coloque también prioridades en función de las necesidades que en ese momento tenga el país.

Pero la competencia entre gobiernos por establecer "quién construye más hospitales" es absurda y constituye un terreno fértil para el populismo. Hay indicadores objetivos que permiten cuantificar el déficit de camas hospitalarias en el país -el actual gobierno estima que se necesitan del orden de 9 mil camas adicionales-, y sobre la base de ese indicador, junto con establecer qué zonas del país son prioritarias, es posible edificar un plan de largo plazo que además permita asegurar su financiamiento a través de un solo organismo técnico, preferentemente en Obras Públicas.

En ese sentido, es una buena señal que el gobierno haya anunciado un cronograma de licitaciones hospitalarias a lo largo del país, apuntando a una fórmula de asociación público-privada, que ha probado ser el camino más eficiente.