Un acuerdo productivo

El disenso abunda. En lo económico, sin embargo, existe al menos un gran acuerdo: debemos mejorar nuestra productividad. Pero no es tarea fácil: sus causas son muchas y resolverlas exige cambiar. A las autoridades, además, las obliga a asumir costos inmediatos y, a menudo, dejar para el gobierno siguiente la cosecha de los eventuales beneficios. Así, las buenas políticas pro-productividad se postergan, a veces de manera permanente.

Pero algo está cambiando. En 2015, la expresidenta Bachelet creó, por Decreto, la Comisión Nacional de Productividad, y aceptó, más tarde, su recomendación de acompañar ciertos proyectos de ley con un informe de productividad. Y en 2018, el Presidente Piñera la ratificó, ampliando los ministerios que deben acompañar esta estimación de impacto.

Hoy, la Comisión se encuentra realizando simultáneamente seis estudios, que abarcan, entre otros, a los sectores transporte, financiero y salud. Su independencia partidista para realizar recomendaciones incómodas es clave: la autoridad le puede solicitar qué hacer, pero no qué decir.

En su tercer Informe Anual, disponible en su página web, la Comisión acaba de entregar la cifra de crecimiento de la productividad para 2018, estimándola en 1,3%. Si restamos la minería, que experimenta un deterioro natural por la caída en su ley, esta se expandió en torno al 2,3%. Este aumento relevante, en comparación con los años previos, puede en parte explicarse por la mayor inversión observada durante 2018, que mejora las tecnologías disponibles. Pero mantener una trayectoria al alza requerirá continuar mejorando el funcionamiento del mercado y del Estado. De hecho, en el tercer capítulo de este Informe Anual se entrega evidencia de poca competencia en varios sectores locales. Los avances desde la década pasada en materia de institucionalidad de libre competencia, deben continuar.

En paralelo, la Comisión se encuentra trabajando en un mandato solicitado por el actual gobierno, para analizar la coherencia regulatoria en cinco sectores económicos clave. Hay una tendencia a sumar regulaciones, sin analizar su impacto, dada la normativa ya existente. No se trata de desregular: los países avanzados no lo son por tener menos ni más regulaciones, lo son por tener mejores regulaciones. Complementariamente, la Comisión también está desarrollando una metodología para mejorar el proceso de diseño, implementación y evaluación de nuevas políticas públicas. Los informes de impacto regulatorio son solo una parte de esta metodología. Finalmente, cualquier proceso de modernización del Estado exigirá contar con información adecuada. Sin embargo, en Chile, los datos públicos no solo no son públicos, tampoco está garantizado su intercambio fluido entre los organismos del gobierno. Hemos avanzado para ser más productivos, pero nos falta.