Adopción: informe UDI acusa "ambigüedad" del gobierno

Un informe recibió en los últimos días la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sobre la propuesta del gobierno para modificar la ley de adopciones.

El texto -al que accedió La Tercera- es parte de las solicitudes que hizo la senadora al interior de su partido la primera semana de junio, para aclarar los alcances de la indicación del Ejecutivo, en la que se establece que "las personas" -sin hablar de "cónyuges" o "mujer y hombre"- deben cumplir ciertos requisitos y que, además, "tratándose de dos postulantes relacionados entre sí" se tiene que "considerar especialmente" la existencia de "un ambiente familiar donde se pueda ejercer adecuadamente el rol de padre y madre". Esto, agregando que no se podrá negar una solicitud por una "discriminación arbitraria".

La redacción de La Moneda generó inquietud en los sectores más conservadores de Chile Vamos, cuyos representantes consideran que abre la puerta a la adopción homoparental. Sin embargo, en el bloque dicen que aún hay poca claridad sobre cómo se aplicaría la nueva normativa. Incluso, cuando se presentó, en Chile Vamos hubo diversas interpretaciones sobre los alcances.

En ese contexto, el documento UDI -elaborado por el abogado constitucionalista Jorge Barrera- será la base para que Van Rysselberghe y los otros senadores gremialistas preparen indicaciones que modifiquen lo planteado por La Moneda, iniciativa que esta semana retoma su tramitación (ver nota secundaria).

Uno de los puntos que se destacan en la minuta es, justamente, la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar, algo que en la UDI buscarán evitar. Esto, además de lo que se califica en el texto como una "ambigüedad" y "contradicción" de la propuesta del gobierno. "Minuta indicación sustitutiva adopción e inclusión de adopción homoparental", se titula el escrito, en el que se advierte -bajo un subtítulo sobre el "'rol' de padre y madre y su interpretación"- que "lo primero que llama la atención es que la norma hable de postulantes 'relacionados entre sí', sin que exista referencia alguna ni al matrimonio ni a la suscripción de un acuerdo de unión civil". Así, el informe sostiene que "la norma podría interpretarse en un sentido en que incluso una pareja de hecho, unida sin formalidad legal alguna, podría cumplir perfectamente con este requisito".

Inmediatamente a continuación se aborda el hecho de que se deberá considerar "la existencia de un ambiente familiar donde se pueda ejercer adecuadamente el rol de padre y madre". Al respecto, el texto señala que "debemos partir por señalar que 'ejercer adecuadamente un rol' no es lo mismo que 'ser' padre y madre". Y se enfatiza: "Lo anterior es absolutamente relevante, habida cuenta de que hablar de 'rol' podría significar entender al padre o madre como una mera 'función', independiente del sexo, tal como dan cuenta algunos especialistas. En esta línea, perfectamente dos personas del mismo sexo podrían aseverarle al servicio o al organismo acreditado nacional que cada cual cumplirá 'la función' de padre y madre (...). No caben dudas de que la redacción precisamente buscó ese efecto ambiguo, pues si el gobierno hubiese querido claridad al respecto, bastaba con señalar que se deberá considerar como criterio esencial 'la existencia de un ambiente familiar con un padre y una madre', sin hacer referencia alguna al 'ejercicio de un rol'".

El documento también agrega que "otra incongruencia de la indicación sustitutiva consiste en la exigencia de este 'ambiente familiar donde se pueda ejercer adecuadamente el rol de padre y madre' solamente cuando existan dos postulantes relacionados entre sí".

Según se advierte en el texto de la UDI, con esto "la ley pasa a exigir menos requisitos a las personas solteras, privilegiándolas por sobre las postulaciones de dos personas relacionadas entre sí, lo cual es abiertamente absurdo".

La minuta, además, analiza el proceso de selección, señalando que "resulta fundamental una claridad normativa que evite confusiones e incongruencias al momento de su aplicación". Esto -se agrega en el texto-, ya que "la calificación del cumplimiento de los requisitos no solamente recaerá en el Servicio Nacional de Menores, sino que también podrá recaer en algún organismo acreditado nacional", por lo que -según se lee en el documento- "la ponderación e interpretación de la normativa y el cumplimiento de los requisitos podrían terminar en interpretaciones distintas e inclusive contradictorias entre el servicio y los organismos acreditados".