Caso Caval: Tribunal fija para el 28 de marzo formalización de Sebastián Dávalos
El hijo de la Mandataria será formalizado junto a Natalia Compagnon y Mauricio Valero por el delito de estafa contra el empresario Gonzalo Vial.
Para el 28 de marzo fijó el Juzgado de Garantía de Rancagua la formalización de Sebastián Dávalos en el marco del caso Caval.
El Ministerio Público imputará cargos contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet por el delito de estafa. Esto, tras la querella del empresario Gonzalo Vial Concha, quien canceló más de mil millones de pesos por informes que habrían sido "plagiados" a Cochilco.
En la ocasión, también se reformalizará a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero, por los mismos hechos, además de fijar una audiencia para discutir la posible ampliación del plazo de la investigación.
Según detalló el fiscal Sergio Moya, la formalización de Dávalos fue solicitada luego de que Valero entregara nuevos antecedentes en el caso, que involucraban al hijo de la Mandataria como autor material de los informes plagiados.
"En el mes de noviembre del año pasado los abogados de Mauricio Valero pidieron prestar una declaración no obstante que la causa Caval estaba cerrada. En esa investigación el señor Valero atribuye directamente participación en la elaboración material de los informes plagiados entregados a Gonzalo Vial, a Sebastián Dávalos. Esos antecedentes fueron cotejados con otros antecedentes de la investigación, y el día 16 de enero de 2018 yo me reuní con los abogados Fierro, Garafulic y con los imputados Compagnon y Dávalos, y hablamos sobre los antecedentes nuevos y la declaración de Valero. En esa oportunidad ellos señalaron que iban a prestar declaración, efectivamente así tuvo lugar le mismo día, y además manifestaron tener una serie de antecedentes de descargo que los liberaría de participación en ese hito investigado", explicó el persecutor.
"Se llegó a un acuerdo con ellos en el sentido que antes del 31 de enero del presente año esos antecedentes se harían llegar y que se sostendría una reunión que se programó, pero fue suspendida por ellos", agregó Moya, precisando que esos antecedentes jamás llegaron a manos de la Fiscalía y que ambos estaban advertidos de que serían formalizados.
En esta línea, el fiscal expresó que "lo que hemos hecho no es ninguna sorpresa para ellos".
"Lo relevante es que nosotros pedimos la audiencia con los antecedentes nuevos que hemos acumulado desde noviembre, y teniendo presente que los plazos de prescripción de este delito podrían cumplirse en los meses de abril o mayo, por eso solicitamos la formalización", expresó.
Por último, Moya explicó que "la penalidad del delito puede partir en tres años y un día". Sin embargo, indicó que al tratarse de "un delito de connotación patrimonial, ambas partes pueden llegar a un acuerdo y "puede terminar en un acuerdo reparatorio".
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