La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), lamentó la noche de este martes la determinación del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas, entre ellos, el que restringía el acceso por hasta cinco años a la gratuidad en la educación superior para estudiantes condenados.

Durante las últimas horas de la misma jornada, el TC emitió un comunicado donde dio a conocer el acuerdo por los requerimientos presentados por diputados y senadores opositores frente a la iniciativa del gobierno de José Antonio Kast.

El TC declaró inconstitucionales aspectos de los artículos 1, 2, 5 y 6. Estos guardaban relación con la posibilidad de solicitar la presencia de Carabineros o de la PDI cuando un alumno se oponga a la revisión de sus pertenencias y sus padres no concurran al recinto y también la medida que autoriza a las policías a efectuar dicho registro sin la orden de un fiscal.

Las otras normas declaradas como inconstitucionales apuntaban a la prohibición de utilizar accesorios o vestimentas que promuevan o hagan apología o alusión a la violencia u otras conductas delictuales, y finalmente la que prohíbe optar a la gratuidad a los alumnos que cometan delitos graves.

Frente a lo anterior, la jefa de la bancada UDI, Flor Weisse, junto con el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, y el integrante de la misma instancia, Ricardo Neumann, lamentaron la decisión adoptada esta tarde por el Tribunal Constitucional.

Los legisladores gremialistas señalaron “respetar, pero no compartir” el fallo del TC, anunciando que insistirán en la norma que sanciona a los condenados a la prohibición por cinco años de acceder a la gratuidad en la educación superior.

“Como bancada UDI respetamos las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, pero en este caso no las compartimos, porque creemos que se pierde una enorme oportunidad para enviar una señal relevante en materia de responsabilidad y en el uso adecuado de los recursos públicos", afirmaron los legisladores en una declaración conjunta.

Asimismo, los gremialistas sostuvieron que “la gratuidad en la educación superior no es un derecho, sino que un beneficio financiado por todos los chilenos, por lo que es indispensable que vaya acompañado de ciertos estándares mínimos de conducta”.

Con todo, el grupo de diputados oficialistas anunció que “si es necesario presentar una reforma constitucional para garantizar la aplicación de esta medida, así lo haremos como bancada UDI”.

Weisse, Bobadilla y Neumann, agregaron que “vamos a esperar a conocer el contenido íntegro del fallo del TC para analizar sus fundamentos y, a partir de eso, redactar una reforma constitucional sólida que permita que el país reponga esta medida sin espacio a nuevas impugnaciones”.

“No es comprensible ni aceptable que quienes han cometido delitos graves puedan acceder, sin mayores restricciones, a los beneficios financiados por los chilenos”, reafirmaron.