El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), era el más contento tras la extensa sesión del Senado.

A pesar de que la resolución de los proyectos de Sala Cuna Universal y Nuevo Financiamiento de Educación Superior (FES) quedó para marzo, tres iniciativas de su cartera quedaron a un paso de convertirse en ley tras frenéticas negociaciones encabezadas por el titular del Mineduc, entre el lunes y martes.

Se trataba de los proyectos de titularidad docente y fortalecimiento del sistema de educación pública, que fueron despachados por el Senado a su último trámite en la Cámara, y el de convivencia escolar que quedó en condiciones de ser próximamente promulgado.

“(La aprobación de estos proyectos por el Senado) habla de que hemos sido capaces de construir acuerdos donde no los había, o sea, en casi todos estos temas efectivamente no teníamos dichos acuerdos”, dijo Cataldo.

La Moneda logró, además, otros hitos a pesar del pronóstico pesimista que había esta semana, la última de trabajo legislativo antes del receso de febrero. Para ello, fue necesario presionar, a través de senadores oficialistas, para que la Cámara Alta alargara la sesión de este martes al menos hasta las 16 horas.

La reforma al Sistema de Inteligencia, una ley emblemática de la agenda de seguridad, fue aprobada por unanimidad por el Senado, aun cuando había temores de que se cayera por la ausencia masiva de senadores que iniciaron un viaje colectivo a Panamá para asistir a un foro internacional. Ahora el texto está en condiciones ser votado este miércoles en la Cámara de Diputados.

Además, los senadores, a pesar de las críticas a su efectividad, despacharon a la otra rama del Congreso la llamada “ley de Incendios” que contempla medidas para prevenir y endurecer la normativa frente a siniestros. Este proyecto, sin embargo, quedará para marzo.

La Cámara de Diputados, no obstante, le dio otra medalla legislativa al Ejecutivo y despachó a ley el proyecto que fortalece el Ministerio Público, que ya había sido visado por el Senado el lunes en sus últimos detalles.

Si bien esta semana el gobierno sufrió la baja de la reforma política, que fue postergada para marzo, si prospera la tramitación de algunas de estas iniciativas, La Moneda cerrará esta semana con tres nuevas leyes (Inteligencia, convivencia escolar y Ministerio Público).

En todo caso, el gobierno igualmente contará con una última ventana legislativa en la primera semana de marzo, con la única salvedad de que todo proyecto que apruebe el Congreso en esos días puede ser objeto de observaciones (también llamados vetos) de parte de la futura administración presidencial de José Antonio Kast.

Ley de Inteligencia

A pesar de que la ley de Inteligencia contaba con un consenso amplio desde el PC al Partido Republicano, alcanzado en una comisión mixta que se conformó entre diputados y senadores para resolver discrepancias, su aprobación no fue sencilla.

Dados los permisos constitucionales para viajar fuera del país, igualmente necesitaba de 23 votos. Pero a pesar de las ausencias, el gobierno decidió correr el riesgo.

Al final el informe de la comisión mixta, que resolvía los últimos nudos, se aprobó por unanimidad de los 27 senadores presentes a esa hora.

“Quiero agradecer el respaldo transversal y unánime de la sala del Senado para aprobar el informe de la comisión mixta. Chile necesita un Sistema de Inteligencia para la Democracia, y eso implica la actualización de nuestro marco normativo”, dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien mencionó que este proyecto contempla una nueva gobernanza a través de instrumentos de planificación estratégica, entre ellos la Política Nacional de Inteligencia del Estado.

Además, se establecen nuevos órganos de coordinación y asesoría, se fortalecen las capacidades y funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia, tales como ciberseguridad, infraestructura crítica, el acceso a datos específicos y la acreditación de seguridad.

También se establecen procedimientos especiales de obtención de información a través de un control judicial previo, en este caso de la Corte Suprema, para operaciones especiales y con uso de informantes.

“Hay mecanismos de control democrático reforzados, como el control parlamentario, el control judicial, el control de la Contraloría, así como responsabilidades y sanciones penales. Y quiero destacar este punto, porque nos pusimos de acuerdo con una norma que da cuenta de la importancia de que un Sistema de Inteligencia para la Democracia no sea utilizado para una finalidad distinta (espionaje político)”, dijo Elizalde.