“Hemos tomado la decisión de acusar constitucionalmente, específicamente por los artículos 3 y 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado”.

De forma tajante, el jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, confirmó a La Tercera que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

La decisión fue tomada luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, diera cuenta de que en el informe del cuarto trimestre de 2025 el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$ 10.500 millones para el lapso en cuestión.

Respecto de la coordinación con las otras bancadas del sector, Urruticoechea aseguró que, en primer lugar, afinarán los argumentos jurídicos para presentar el libelo -idealmente la próxima semana, luego de la cuenta pública presidencial- y presentárselos al resto de las fuerzas de derecha y que se unan a la ofensiva.

“Difícilmente no lo harán”, sostuvo el jefe de la bancada libertaria.

El integrante de la Comisión de Hacienda, Pier Karlezi (libertario), afirmó: “Repetidas veces se nos ha pedido el apoyo para una acusación constitucional y estamos esperando que sea presentada. Hasta el momento no se ha presentado nada”.

Ante ese escenario, Karlezi remarcó que “el tiempo de presentación ya se está acabando y quedan solamente tres semanas para presentar. Nosotros no podemos seguir esperando y que esto quede totalmente impune en todos los sectores”.

Además, emplazó a las demás bancadas de derecha: “Si no está presentada esta acusación constitucional de aquí a una semana, la presentaremos nosotros y el resto tendrá que explicar por qué no la firman”.

En paralelo, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, también anunció que iniciarán un libelo en contra de Grau.

“No es un juicio político: son hechos aritméticos”, argumentó.

Y añadió: “La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”.

En Chile Vamos, por otro lado, optaron por la cautela y se resisten a la idea de avanzar en un libelo. El argumento, dicen desde estas bancadas, es que no quieren “incendiar la pradera” en plena tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional que está próximo a discutirse en el Senado en su segundo trámite constitucional.

Otros factores que analizan en la coalición es que difícilmente pueda prosperar una acusación contra Grau, especialmente en el Senado. “Las acusaciones envejecen mal”, dicen en privado, recordando la derrota que sufrieron, precisamente en esta corporación, con la acusación que se ingresó contra el exministro de Energía Diego Pardow (FA).

Además, al interior de la coalición reprochan a los republicanos por su táctica política. “Tienen que dejar de ser opositores”, apuntan en privado, dado que ofensivas como estas entorpecen la tramitación del proyecto estrella del gobierno.

El diputado Jaime Coloma (UDI) -quien integra la Comisión de Hacienda- aseguró que “para decidir una eventual acusación habría que determinar la infracción a la ley o a la Constitución”. Por eso, añadió el diputado, “tenemos que realizar un estudio profundo para decidir si hay o no mérito para una acusación”.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, reforzó la postura de su correligionario. “Vamos a estudiar en profundidad y en su mérito esta acusación constitucional y en base a ello vamos a tomar una decisión”, afirmó.

Y añadió: “Vamos a estudiar cuáles son las infracciones constitucionales que se deduzcan de estos hechos, porque se requiere garantizar que se cuenten los votos”.

Con la misma prudencia reaccionó la diputada Joanna Pérez (Ind.-ex Demócratas). “Siempre hemos dicho que una acusación constitucional requiere responsabilidad y asegurar los votos necesarios, porque de lo contrario termina siendo solo un anuncio político”, dijo.

Aunque aseguró que los antecedentes “son graves”, remarcó que “vamos a actuar con responsabilidad y cautela”.

“Este tipo de situaciones no ayudan al clima de unidad que hoy se necesita para avanzar en seguridad, reactivación económica o sacar adelante el plan de reconstrucción nacional”, remarcó la diputada. “Queremos ser muy cautos en estudiar este tema, y, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de reconstrucción, en sacar adelante las emergencias que están en los distintos campos”, dijo el jefe de bancada del partido, Diego Schalper.

El subjefe de bancada, Eduardo Durán, en tanto, sostuvo que “una acusación constitucional en medio de una discusión tan importante para el país puede terminar tensionando innecesariamente el ambiente político y afectar los acuerdos que Chile necesita sacar adelante, como la megarreforma”.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), pidió esperar a que avance la megarreforma de Kast. Sin embargo, queda poco tiempo, ya que el plazo se vence el próximo 11 de junio.

“Yo reservaría todas las iniciativas de fiscalización legítimas que tienen los diputados para después de la tramitación del proyecto (de reconstrucción, después que tengamos ley”, afirmó la timonel de la Cámara Alta.

Advertencia de La Moneda

Por la tarde, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la acusación y reconoció que podría afectar la tramitación de la megarreforma de Kast. Si bien indicó que deja “establecido que una acusación constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, recalcó que “indudablemente no sería serio negar que afecta el ánimo en una cierta discusión en el Parlamento”.

De todas formas, añadió que “hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender a trabajar en varios ámbitos a la vez, así que en ese sentido la Cámara de Diputados si materializa la acusación, estará abocada a recitar los fundamentos, a hacer la acusación, habrán las defensas correspondientes y nosotros como gobierno, que estamos al margen de esta situación, seguiremos trabajando con los temas legislativos que nos interesan y nos preocupan”.

El sustento del libelo

El informe de finanzas públicas presentado por Quiroz motivó a que al menos dos bancadas de la derecha anunciaran la primera acusación constitucional en lo que va de periodo legislativo.

“Lo que hemos detectado y esto está señalado en el informe de finanzas públicas, es una inconsistencia de alguna relevancia sustantiva en la proyección de la deuda para el período 2026-2030. Si ustedes comparan el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25 con el cuarto trimestre del 25, ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 2026-2030, del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada”, acusó Quiroz.

Y añadió: “La deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, sube solo en 3 billones de pesos, y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos. Y eso, lo que termina señalando, es que lo que se dijo en esa oportunidad, en el sentido de que la deuda se había logrado estabilizar, no es el caso”.

Por lo mismo, la bancada libertario piensa imputar políticamente a Grau por los artículos 3° y 5° de la Ley de Administración Financiera del Estado.

El artículo 3° de la mencionada ley dicta que “el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado”.

El otro artículo invocado por los libertarios señala que “el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí”.